Más de un millar de funcionarios interinos de la Junta de Andalucía están a punto de irse al paro. Todos llevan al menos cinco años en su puesto y la mayoría acumula décadas trabajando para la administración autonómica. En algún caso, hay quien lleva hasta 37 años de servicio público ininterrumpido.
La administración autonómica sabía que esto pasaría, pero asegura que no puede resolver un problema que se ha cocinado a fuego lento durante décadas de abuso por parte de la administración y se viene anunciando desde hace un año. La Junta de Andalucía tenía la tarea, como todas las administraciones, de atajar el abuso de temporalidad provocado por la concatenación de interinidades en fraude de ley, una práctica censurada por Europa. Pero empezó a atajar esa situación antes de que se aprobara una normativa estatal que fijaba un marco mucho más generoso para la estabilización de los interinos priorizando más aún su experiencia.
Lo que ha ocurrido es que ha estabilizado las plazas, no a las personas, que llevan años trabajando en fraude de ley para la administración y ahora se anuncia un horizonte de gran conflictividad judicial. Estos interinos no lograron retener la plaza que ocupaban en los procesos de estabilización: competían con candidatos “externos”, muchos de los cuales llevaban años preparando oposiciones. Ahora, los interinos encaran el cese.
Este miércoles, José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, compareció en el Parlamento de Andalucía y admitió que hay familias “que lo están pasando mal”. En la cámara atendían decenas de afectadas. En una sala habilitada para ello, otras tantas. Nieto anunció que en las próximas semanas culminará el proceso e insistió en que esta solución es la única que ampara la legalidad. “Si tenemos margen desde el Ministerio, usaremos ese margen”, anunció.
El consejero arremetió contra el PSOE, al que acusó de no consolidar a estos interinos cuando pudo hacerlo, admitiendo un “volumen insoportable de temporalidad”, y contra la oposición por no aportar soluciones alternativas en un asunto complejo. Por la tarde, Juan Espadas había recibido a algunos de los afectados, un gesto que sirvió de munición al consejero. El portavoz socialista Víctor Torres recordó luego que el abuso de la temporalidad en fraude de ley lo perpetraron durante años todas las administraciones de todos los signos políticos.
El consejero explicó la relación entre los ceses que ya se están produciendo con la resolución del conflicto con los “funcionarios fantasma”, que han sufrido durante casi dos años demoras en la resolución de los procesos selectivos a los que se habían presentado en competencia con los interinos. Ahora, concluidos 36 de los 46 de esos procesos, los funcionarios están tomando posesión de sus plazas. “Si esas personas [los opositores fantasma] se incorporan de inmediato, de inmediato salen también los interinos que ocupaban esas plazas”, explicó Nieto, que acusó a la oposición de obviar esta relación.
Cuatro de los cinco sindicatos con representación en la mesa sindical (CSIF, Iniciativa Sindical Andaluza, UGT y CCOO) habían fijado postura con un comunicado conjunto en el que denuncian el “trato discriminatorio” a los interinos y la “falta de negociación y soluciones” de la Junta de Andalucía. Los sindicatos quedaron descolocados el pasado diciembre, cuando la Junta de Andalucía aprobó un Decreto Ley que se desmarcaba del principio de acuerdo anunciado en abril, antes de las elecciones. A su juicio, “los procesos selectivos de estabilización y consolidación no han cumplido con el espíritu con el que se pusieron en marcha”. Reclaman desde la semana pasada una reunión para plantear alternativas.
La Consejería ofrece a los interinos cesados integrar un “colectivo preferente” por orden de antigüedad, pero que solo tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2024 y podrá recoger también a funcionarios de otras administraciones y de cualquier edad, lo que rebaja las posibilidades de los cesados. Nieto también anunció medidas complementarias para facilitar la reincorporación, como la cobertura de todas las situaciones de excedencia o jubilaciones.
El argumento de la administración es que puede estabilizar plazas, no interinos, y siguiendo las reglas anteriores a la norma estatal. “La ley no sale para que las personas consoliden su plaza”, recordó el consejero. La Junta esgrime que ha estabilizado más de 61.000 plazas en los procesos de 2017 y 2019, de las cuales 4.200 son de la Administración General y la inmensa mayoría en Sanidad y Educación.
Según los datos de los afectados, el 96% de las plazas las han logrado los “opositores de la calle”. Es decir, nuevos trabajadores públicos a quienes en teoría no se dirigían estos procesos. El reverso es que 1004 interinos que cumplían el requisito de haber encadenado contratos desde antes de 2020 se han quedado fuera. La mayor parte de ellas son mujeres y mayores de 55 años, según los sindicatos.
Ya se han producido ceses y el resto se producirá en las próximas semanas, a medida que los nuevos funcionarios vayan siendo llamados a su plaza. La Consejería matiza que el 20% de los que van a ser cesados no se presentaron y que, en todo caso, no superaron las pruebas de oposición. Los sindicatos vaticinan “dramas humanos” para personas que tienen un difícil encaje en el mercado laboral, y el propio consejero admitió haber recibido decenas de cartas relatando casos particulares.
Carlos Troncoso ha sido informático interino en la Junta de Andalucía desde 1990 hasta el 9 de enero de 2023, con una sola interrupción de seis meses en 2013. Cuenta que las interinidades se sucedían sin que ni siquiera se diera cuenta del cambio de contrato. “He trabajado así 33 años, y seré interino hasta la muerte…”. En los últimos años aprobó cinco oposiciones, hasta que nació su segunda hija. En ninguna obtuvo plaza.
Ahora, con 60 años, dos hijas menores (una de ellas con discapacidad severa) y una madre dependiente, se ve por primera vez en paro. En diciembre imprimió una camiseta con la foto de su hija y se fue a ver al presidente Moreno, que lo derivó al consejero Nieto. Falto de soluciones, volvió a buscar al Presidente en febrero. “¿Otra vez aquí?”, le preguntó este. “¿Qué quiere que haga? Cobro 800 euros de paro y es lo único que entra en casa”.
Valle Pérez es otro ejemplo. Tiene 57 años, y lleva 33 años trabajando para la Junta de Andalucía. Desde 2008 ha ocupado ininterrumpidamente una plaza de interina en la Consejería de Turismo, donde gestiona subvenciones. En este tiempo ha aprobado trece exámenes y seis oposiciones, siempre sin plaza, porque durante años la Junta de Andalucía convocaba poquísimas. Prefería cubrirlas con un ejército de interinos como ella. La plaza que ha ocupado durante 15 años ya ha sido ofertada. “Estoy a la espera de que tomen posesión, seguramente entre el 31 de marzo y el 10 de abril, y cuando ocurra me cesan”.
“Yo no puedo competir con un chaval de veintipocos que está en dos academias, vive en su casa, tiene mucho tiempo y poca mochila personal”, denuncia Valle Pérez. Troncoso califica de “timo” las ofertas de estabilización.
Pérez se queja también del trato despectivo que han recibido en alguna reunión con altos cargos de la Junta de Andalucía, donde se les ha insinuado su condición de “enchufados”. “Yo sólo tengo el carné de identidad y el del Sevilla FC, no entré por ser del PSOE”, comenta Pérez: “Les pregunté dónde iba yo ahora y la secretaria de función pública [por entonces, Ana María Vielba] me dijo que hay muchas mujeres de mi edad que son dependientas en El Corte Inglés”.
“Es un drama humano: muchas son mayores de 50 años y experiencia solo en la administración. Tendrán mucha dificultad para entrar en el mercado”, lamenta Rocío Luna, de Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), que advierte también del deterioro de los servicios públicos por prescindir de un millar de trabajadores con experiencia.
A pesar de valorar la experiencia, las convocatorias extraordinarias de estabilización resultaron una escabechina para los interinos. En parte, porque los exámenes fueron similares a las convocatorias de acceso libre. Estos procesos de estabilización empezaron en Andalucía unas pocas semanas antes de que entrara en vigor la ley estatal que establecía un marco excepcional con condiciones favorables para la estabilización de estos interinos.
La celeridad de la consejería, entonces dirigida por Elías Bendodo, dejó finalmente a los interinos que optaban a la estabilización en la administración general de la Junta de Andalucía en peores condiciones que a los interinos de otras administraciones. La Junta resalta que las convocatorias fueron anteriores a las de otras comunidades autónomas para cumplir con los Presupuestos de 2017 y 2018.
“En vez de estabilizar, los han puesto en la calle”, protesta Luna, cuyo sindicato ha recurrido todos los procesos extraordinarios, convocados sin el aval de la mayoría de los sindicatos. En cambio, en las agencias públicas autonómicas, en Sanidad, en Educación o en la administración local (como diputaciones provinciales y ayuntamientos) los procesos de estabilización se están llevando a término sin problemas. Los afectados denuncian el agravio comparativo. “Nosotros no queremos quitar derechos a los nuevos opositores, sino que se nos trate igual que los demás compañeros que han estado contratados por otras administraciones en fraude de ley. Lo dice Europa y la ley. Yo soy la víctima”, protesta Pérez.
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