“Lo importante no es cuánto tiempo, sino si conseguimos el objetivo. (...) En unos años no se puede desmontar toda esta tela de araña urdida durante décadas”, ha dicho este martes el consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Martín, tras presentar en el Consejo de Gobierno el resultado de las auditorías encargadas por la Junta de Andalucía en 2019, y después de reconocer que para reordenar el sector público instrumental pueden irse “incluso a una tercera legislatura”.
De este modo, lo más inmediato será crear un grupo de trabajo en el Parlamento de Andalucía, que propondrán PP y Ciudadanos para debatir con otras formaciones unas auditorías que formaban parte de su pacto y se licitaron por unos tres millones de euros. Se trataba de una exigencia de Vox para la investidura, y el también vicepresidente ha prometido colgarlas “íntegras” en el portal de transparencia.
En paralelo, y con independencia del resultado de este grupo de trabajo, se elaborará un Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, que será llevado a Consejo de Gobierno. Concretará si hay que echar a trabajadores, “lo que se hará” si es necesario, o simplemente cambiarlos de puesto de trabajo; si ciertas entidades instrumentales son absorbidas por consejerías; si otras se fusionan; si se eliminan; e incluso reflotar las viables que se encuentran fuera de juego por falta de liquidez, sin descartar privatizaciones, que son las medidas que conllevará este estudio.
Se desconocen los afectados y el ahorro
No se sabe, pues, cuántos trabajadores se verán afectados, ni cuántas entidades, ni cuánto se podrían ahorrar las arcas públicas. “Hay casos en los que no van a poder actuar por derechos adquiridos”, dicen desde el Gobierno de Andalucía. Son cifras que ni Juan Marín ni su homólogo de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ven prioritario dar en estos momentos. “Lo importante es marcar un punto final. Los tiempos son los que digan los contratos y la ley”, ha insistido el vicepresidente, quien ha indicado también que estas auditorías les dan “la razón” sobre que existe una estructura “desproporcionada” y que “si se derivan consecuencias administrativas o penales tendrán que asumirlas las personas a las que correspondan”.
De todas formas, esa primera lectura que han hecho los socios, y pese a que en varias ocasiones han recordado que en estos momentos hay “22 letrados de la Junta de Andalucía defendiendo causas de corrupción de etapas anteriores”, no les permite por el momento hablar de indicios de delito en lo que llaman un “entramado para dar cobijo a una red clientelar tras 37 años de Gobierno del PSOE”.
Precisamente durante la etapa socialista, y con María Jesús Montero de consejera de Hacienda y Administración Pública (actual ministra del ramo), se eliminaron más entes instrumentales de los que podrán liquidar PP y Ciudadanos, sencillamente porque ya no quedan tantos. De hecho, en los cinco años comprendidos entre 2011 y 2015, impulsó una reestructuración que supuso el ahorro de 347 millones de euros de media por ejercicio siendo la comunidad autónoma que más eliminó (124) para cumplir con las exigencias de sostenibilidad financiera del Gobierno de España derivadas de la pasada crisis.
Es más, algunas de las eliminaciones que se anota la derecha estaban planteadas hace años, como es el caso de las utedlt (unidades territoriales de empleo y desarrollo local y tecnológico), que precisamente este martes se ha apuntado Juan Marín para decir que no han estado de “brazos cruzados” esperando las auditorías.
Lo que han hecho sin las auditorías
Sí han impulsado, en primer lugar, el ahorro de en torno a medio millón de euros por ejercicio quitando los seguros de vida asociados a estas entidades. También, la creación de Trade, que agrupará a la agencia IDEA, Andalucía Emprende, Extenda y la Agencia Andaluza del Conocimiento, y tiene previsto el decreto en unas semanas, y la fusión de las fundaciones Barenboim-Said, Tres Culturas y Legado Andalusí, aunque no hay noticia aún de si supondrá ahorro o solo será suma de entidades. En tercer lugar, se ha reducido la plantilla de todos los entes instrumentales, básicamente por jubilaciones y fallecimientos no cubiertos. De este modo, a finales de 2018 tenían un total de 28.443 trabajadores que se han quedado en 28.382, “prácticamente a 500 menos” dos años después. El personal laboral de administración general ha disminuido un 3,19%, pero el sanitario y el de servicios sociales sí “ha subido”, un 12,8% y un 2,47%, respectivamente. Cifran en 59 los entes instrumentales eliminados desde que gobiernan, incluyendo las citadas utedlt y en general lo que estaba pendiente de la pasada legislatura. Pero también han creado una nueva agencia administrativa: la Agencia Digital de Andalucía, que según ellos no supone ningún coste añadido.
En esta línea, Juan Marín ha prometido que presentarán “medidas concretas” a partir de este momento. Se sumarán a las referidas “decisiones encaminadas a racionalizar el sector público”, que han tomado a partir de los borradores de las auditorías. En definitiva, ha insistido, se trata de aprovechar un estudio “como nunca antes se ha hecho en ninguna administración en este país” para dar respuesta a sus conclusiones más relevantes, que pasan por la constatación, sobre todo, de “duplicidades de funciones y competencias” y “deficiencias en la gestión”.
Las otras señaladas para los cambios
Supondrá cinco cambios fundamentales, que si se ajustaran literalmente a la propuesta de los consultores, llevarían a la desaparición como tales de la mayoría de las 54 entidades auditadas, que manejan unos 3.000 millones de euros, pero sobre todo mediante fusiones, como ha ocurrido el último año.
Por un lado, la integración en el Servicio Andaluz de Salud (SAE) de las agencias públicas empresariales sanitarias Costa del Sol, Alto Guadalquivir, hospitales Bajo Guadalquivir y Poniente de Almería y Emergencias Públicas Sanitarias (EPES).
En segundo lugar, se estudia la posibilidad de extinciones para el Parque de Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor (Soland), con medio centenar de trabajadores, “sin actividad desde hace año en sus 150.000 metros cuadrados de terrenos y sin ninguna empresa instalada” y la Fundación San Juan de Dios de Lucena. Se pone en duda también la utilidad de la Fundación Doñana 21, “ineficiente y sin explotar su bosque solar”.
En otros casos, se proponen más fusiones: como la de Red Logística de Andalucía y la Agencia de Puertos de Andalucía y la ya anunciada de la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Fundación Progreso y Salud. E incluso se habla de privatizaciones, como la de la rentable Veiasa, la empresa pública de las ITV sobre la que ya había puesto el foco el Gobierno PP-Ciudadanos, y de Cestursa, que explota Sierra Nevada.
Finalmente, están las que podrían verse beneficiadas por una apuesta por reforzarlas. En el caso, por ejemplo, de Aerópolis: la propuesta sería solventar sus problemas de liquidez más que meterle mano.
Son más de 6.000 folios tras poner la lupa sobre 54 de los entes instrumentales. El sector público instrumental consta de 10 agencias administrativas, 15 agencias públicas empresariales, tres agencias de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles, es decir, 92 en total. En un primer resumen, los responsables llaman la atención sobre algunas de las informaciones que arroja el estudio.
Es el caso de los problemas de competencias del personal, con 66 convenios colectivos diferentes. Solo dentro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) hay 14. Otro dato llamativo es la existencia de gente cobrando por encima de los salarios de mercado. Se han encontrado disparidades como administrativos que cobran unos 16.000 euros por la misma función que otros por 48.000, según estén en una agencia, una fundación o la Administración de la Junta de Andalucía.
La “ineficacia” de algunos organismos es otra de las constataciones, como es el caso de que en 2018 el SAE solo gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía e hizo 12 ofertas de empleo por cada 1.000 habitantes. “En realidad es SAE ha sido una agencia de colocación pero para otros entes instrumentales”, ha resumido Juan Marín.
El informe pone el foco también en las duplicidades y en las entidades sin actividad. Para llamar a la tranquilidad a los trabajadores que puedan verse afectados por las reestructuraciones, Juan Bravo ha dicho que “con los fondos europeos Next Generation se podrá utilizar a esas personas que ahora pueden no tener una ocupación”.