Los servicios sociales podrán reclamarse en los juzgados en Andalucía
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el proyecto del Ley de Servicios Sociales, más de 18 meses después de que ratificara un anteproyecto que había quedado varado entre ruptura del pacto de Gobierno del PSOE-A con IU, la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas y el largo proceso de investidura para la presidenta Susana Díaz. En este tiempo se han incorporado 2.119 aportaciones.
El texto, que sustituirá a la vigente ley de 1988, se mantiene en lo esencial tal y como contaba el diario.es/andalucia entonces pero ya está listo para ser elevado al Parlamento de Andalucía para su ratificación y entrada en vigor, que se espera que sea en 2016. De esta manera, determinadas prestaciones -no todas- quedarán recogidas como derechos de la ciudadanía que, de no tener acceso a las mismas, las podrá reclamar en los tribunales, lo que en todo caso no quiere decir que se les vayan a garantizar porque se especifica la dependerá de la disponibilidad presupuestaria.
En realidad lo que la Junta de Andalucía ha hecho es incluir en el máximo nivel de esta norma los derechos ya contemplados en la Ley de Dependencia, si bien varios decretos del Gobierno de la Nación han ido reduciendo progresivamente su contenido. Sin embargo, el Gobierno de Andalucía da un paso más en la exigencia de su obligación de cumplirlos porque los ha incluido también en la Ley de Servicios Sociales. Eso sí, sobre el papel, porque la disponibilidad presupuestaria puede ser la excusa para que luego no sea una realidad.
Prestaciones garantizadas y condicionadas
En este sentido, el texto distingue entre prestaciones garantizadas, que son las que los ciudadanos podrán exigir por ley, y condicionadas, cuyo acceso dependerá de la valoración de los profesionales y la disponibilidad presupuestaria, entre otros factores.
Entre las primeras, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha enumerado la información, orientación y asesoramiento; la valoración de cada caso; la teleasistencia; la ayuda a domicilio; la atención en situaciones de urgencia social; y servicios específicos de atención a menores en riesgo de desamparo, incluidas prestaciones económicas para evitar que se separen de sus familias. También se prevé como tales las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección de las víctimas de violencia de género y trata; y las dirigidas a personas con capacidad limitada.
Entre las prestaciones condicionadas figuran sobre todo las medidas de programas de lucha contra la marginación que tienen unos destinatarios muy concretos y las correspondientes a la Ley de Dependencia, que como se ha dicho, queda recogida en la nueva norma.
La idea de la Junta de Andalucía es crear un sistema público de servicios sociales. Como si fuera el Servicio Andaluz de Salud (SAS). O sea, se convierte en la primera comunidad autónoma que regula los servicios sociales como “derecho de la ciudadanía”. La consejera ha incidido en esto varias veces: “Es un derecho de ciudadanía que cualquiera puede necesitar algún día y no nos tiene que avergonzar”. Pero hay inconvenientes, como que en este caso no existe un marco a nivel nacional como en materia de salud, más allá de la citada Ley de Dependencia que además ha sido mermada por el Gobierno del PP.
En todo caso, su estructura similar con el SAS se pone de manifiesto en determinadas medidas que acompañarán a esta ley. En primer lugar, la tarjeta social y la historia social única. Que vendrían a ser como la tarjeta sanitaria del SAS y la historia clínica gestionada a través del programa Diraya. Para ello se han conseguido fondos europeos con los que se está desarrollando el programa, ya en fase de pruebas. De todas maneras, igual que si uno no necesita estas prestaciones no tendrá historia social, no todos los ciudadanos van a recibir esta tarjeta social. De hecho, la consejera ha reconocido que todavía hay que desarrollar un plan estratégico donde se especifique cómo se gestionará la misma.
En segundo lugar, porque los usuarios tendrán derecho a tener un profesional de referencia, como si fuera un médico de cabecera. En este caso será un trabajador social establecido en un centro concreto y que se asignará en función del domicilio del ciudadano, quien en todo caso tendrá derecho “a la libre elección”, como ocurre para el médico y el centro de salud.
Y en tercer lugar, se fijará la posibilidad de dejar por escrito “la voluntad anticipada”, lo que viene a ser como el testamento vital que desde hace años funciona en Andalucía. Esto servirá para que “en caso de que en el futuro una persona prevea que no estará capacitada para tomar una decisión, podrá elegir cómo quiere ser atendida, por ejemplo si en su casa o en una residencia”. La consejera ha explicado que con ello se quiere evitar “el maltrato no voluntario en la toma de decisión sobre cómo atender a una persona, para evitar que no termine dónde no quiso nunca”.
“Con esta ley se blindan las políticas sociales con carácter de derecho y se inicia un camino en la consolidación del sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del estado de bienestar”, ha apuntado María José Sánchez Rubio. Ésta ha insistido en que “ya existen los servicios sociales, pero el cambio está en que ahora se convierten en un derecho que crea un sistema público” con principios básicos como “la universalidad”, de manera que también podrán demandarlos residentes extranjeros sin papeles, los andaluces en el exterior y los que se encuentren en la comunidad autónoma y sufran una situación de extrema urgencia personal, familiar o social.
De momento, la ley nacerá con la dotación que ya recogen los presupuestos autonómicos de la consejería, básicamente para la Ley de Dependencia, y que superan los 1.725 millones de euros. La previsión de que entre en vigor a finales de año -la negociación en la cámara no será fácil con cinco grupos y el PSOE-A en minoría- hace que la Junta de Andalucía no tenga la urgencia de prever más fondos, por si hay ciudadanos que consideran que tienen derecho a estas prestaciones y las exigen en el futuro.
Pendiente de desarrrollar
De todas maneras, la definición del referido plan estratégico será lo que permita responder a ciertas dudas que todavía existen en torno a qué supone que los servicios sociales sean un derecho porque quedan interrogantes que no han sido respondidos este martes.
Es el caso por ejemplo de las personas que en estos momentos no reciben ningún ingreso: ¿cómo se les va a responder desde los servicios sociales? La consejera ha apuntado que “esto es independiente de que luego se trabaje en una renta básica” y que “es importante desligarlo”. No ha sido muy concreta en este asunto: “No es que no vayamos a trabajar sobre la renta básica. Pero sería importante que hubiera legislación de tipo nacional para dar cobertura a las personas cuando hay pérdida de ingresos vinculados a un empleo”.
¿Y si por ejemplo una persona es desahuciada y si queda en la calle? ¿Tendrá que respondérsele desde esta ley? “Dependerá de las razones que provoquen el desahucio”, ha dicho la consejera. El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha matizado por su parte que la comunidad autónoma ya cuenta con la Ley de la Función Social de la Vivienda, parcialmente recurrida por el Gobierno de la Nación y por tanto paralizada en varios puntos, para luchar contra los desahucios.
Pero pongamos otro caso tipo: un ciudadano que deja por escrito en su voluntad anticipada que quiere ser atendido en su vivienda y que prefiere que lo haga un profesional de su mismo sexo por cuestiones de intimidad. ¿Qué ocurre si no tiene familiares que colaboren en su ciudados y necesita una persona las 24 horas del día? ¿Va a encargarse la Junta de Andalucía de financiar su atención de esta manera tan específica? Casos muy concretos que pueden presentarse y que todavía deberá concretar la administración.
En este contexto, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales no teme un aluvión de recursos por no lograr en el futuro dar respuesta a unas prestaciones que quiere establecer como derecho, ya que considera que se articularán todos los mecanismos para que sea posible. Entre otras herramientas, se contará con el mapa de los servicios sociales de Andalucía con criterios demográficos y sociales para recoger el carácter dinámico de las necesidades de cada territorio. Igualmente, dado que los servicios sociales dependen del papel fundamental que desarrollan las administraciones locales, se contará siempre con su colaboración.
