La Junta de Andalucía está revisando el IV Plan Integral de la Inmigración en Andalucía 2018-2022 'Ciudadanía Migrada', que el anterior Gobierno socialista había finalizado y que se quedó sin aprobar en la pasada legislatura. La idea del nuevo Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos es huir del “continuismo” respecto a los planes anteriores, aseguran, y darle una visión “más práctica, real y eficaz” al establecimiento de las medidas, tradicionalmente encaminadas a conseguir la plena integración social, económica, laboral y cultural de la población inmigrante residente en la comunidad autónoma.
Fuentes del Gobierno andaluz señalan respecto a este IV Plan, cuyo proyecto de decreto consta de marzo de 2018, que no han querido asumir directamente el contenido del mismo pero que tampoco quieren desperdiciar el trabajo ya elaborado por los antiguos dirigentes, que han hecho una labor de varios años con la participación de hasta 23 centros directivos de la administración andaluza.
Cabe recordar que el último Plan Integral en la materia, denominado 'Horizonte 2016' y que preveía 1.257 millones de euros presupuestados en tres años, fue aprobado en septiembre de 2014, cinco años después del precedente. Es decir, la Junta de Andalucía no tiene actualizadas sus políticas migratorias desde hace tres años.
“Hacer algo nuevo”
Fuentes de las entidades sociales encargadas de la atención de las personas inmigrantes en esta materia confirman a este periódico que a la nueva Dirección General de Políticas Migratorias “no le gustó el plan” que habían dejado preparado sus antiguos responsables y que su pretensión es “modificarlo sustancialmente”. Una vez que la Junta haga sus valoraciones, se pasará al trámite de participación donde dichas entidades hacen sus propuestas al respecto.
En todo caso, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia, y Administración Local ha rescatado del cajón el IV Plan y lo ha tomado de base para “aprovechar o descartar determinados contenidos”, sin que las fuentes de la Junta puedan aún detallar en qué sentido, puesto que acaban de “desmembrar” el documento entre centros directivos de toda la Junta “para que hagan sus aportaciones”, con el objetivo último de darle “una nueva visión” al IV Plan Integral.
La exconsejera Rosa Aguilar, encargada de la cartera de Justicia en la legislatura anterior, destacaba el pasado mes de septiembre que el IV Plan buscaría “garantizar a la población extranjera la cobertura de derechos básicos”. Las fuentes del actual Gobierno PP-Cs apuntan que la finalidad es implementar “medidas más reales y eficaces”, que “mejoren lo que hay”, “hacer algo nuevo”. En ese sentido, el IV Plan incluirá las recomendaciones que la Cámara de Cuentas de Andalucía planteó respecto al plan anterior, añaden las fuentes, que resumen que el IV Plan aspira a ser “la hoja de ruta de la Junta de Andalucía en materia de inmigración para desarrollarla de manera transversal”.
Trabajo de campo
En paralelo, y como ya anunció el vicepresidente Juan Marín el pasado mes de abril, se está elaborando otro plan para la mejora de la coordinación de las políticas migratorias en Andalucía, fundamentalmente entre el Ejecutivo central y el autonómico. Las fuentes apuntan que el proyecto se encuentra aún en su primera fase, básicamente un trabajo de campo con visitas en cada provincia a las instalaciones para la atención a personas migrantes, con especial atención a las costas.
En ese sentido, de la mano de las entidades que atienden directamente a las personas migrantes y conocen el terreno, la pretensión es “conocer de primera mano las necesidades” para “implementar mejoras”. Ya se han visitado en esa línea los asentamientos de inmigrantes en Huelva y se prevé incluso una próxima visita al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras, en el marco de un desplazamiento al Campo de Gibraltar. Las competencias de estos centros corresponden al Estado pero la Junta quiere “conocer primero la situación para hacer luego algún tipo de recomendación”.
En marzo del año pasado, el Foro Andaluz de la Inmigración aprobó por unanimidad un informe en el que se mostraba un contundente rechazo a los CIE. En el documento, entre otras muchas cuestiones, se proponían alternativas como por ejemplo medidas puestas en práctica en países como Bélgica o Alemania como habilitar pisos tutelados por ONG e instituciones, o la entrega de una fianza como coste económico en casos de incumplimiento.
En este sentido, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, una plataforma de entidades, expertos y juristas de diferentes puntos de toda España que trabaja para la puesta en común de criterios para generar un avance en los Derechos Humanos en el ámbito de la Inmigración, ha afeado a la Junta el recorte en fondos para la integración de las personas migrantes al redistribuir 600.000 euros que en principio estaban destinados “para asociaciones relacionadas con la promoción e inserción de personas inmigrantes”, según el 'Acuerdo para avanzar hacia una nueva política presupuestaria en Andalucía 2019-2020 entre PP, Ciudadanos y Vox'.