La Junta de Andalucía quiere usar Inteligencia Artificial para traducir sus textos a un “lenguaje claro”

Los textos de la administración, con sus palabras rebuscadas, tecnicismos y estructuras indescifrables, son un jeroglífico para mucha gente. Para ponerle solución, la Junta de Andalucía quiere disponer de una herramienta de inteligencia artificial generativa que “traduzca” sus resoluciones, comunicaciones, normas o notificaciones a un lenguaje claro y accesible.

Una aplicación interna (el ciudadano no tendrá que hacer nada) capaz de expresar normas en lenguaje claro y resoluciones de modo que quien las lea las entienda sin mucho esfuerzo. Si lo consigue, la IA habrá solventado uno de los problemas irresolubles de toda administración pública desde tiempos inmemoriales.

La Dirección General de Personas con Discapacidad, en coordinación con la Agencia Digital de Andalucía, pilota el proyecto, aún muy verde, con vistas a que se aplique a toda la población y sea capaz de traducir cualquier texto de todas las consejerías y agencias de la Junta de Andalucía. Y ya le ha puesto precio. La Consejería de Inclusión Social acaba de sacar a concurso el contrato “Conversor de documentos a lenguaje claro”. Ofrece 322.765,08 euros (IVA incluido) a quien asuma la tarea.

“El objeto es una aplicación de IA que pueda entrenar a la máquina para adaptar las resoluciones administrativas, con un componente jurídico, a un lenguaje claro”, aclara Pere Calbo, Director General de Personas con Discapacidad, quien subraya que el proyecto se dirige a “cualquier persona que necesite la adecuación del lenguaje para hacerlo más comprensible”.

La Junta admite en el pliego que “debido a las características tecnológicas e innovadoras del proyecto” necesita una primera versión para analizar su “viabilidad final”. Tampoco tiene claro con qué metodología construir la aplicación. El primer objetivo es disponer de ella y entrenarla para que sea útil y precisa, y luego ya se verá si se puede aplicar y a qué velocidad.

Textos sin valor legal

El objetivo es que los ciudadanos sepan qué consecuencias tienen a nivel jurídico y administrativo las notificaciones que reciben. La Junta dice tenerlo claro: huir de la jerga técnica y las frases farragosas mejora la efectividad y el impacto del mensaje; da seguridad a la interpretación reduciendo los errores; permite identificar mejor el mensaje; reduce tiempo y costes porque no hay que repetir las cosas; evita conflictos “que pueden acabar en los tribunales” por la falta de claridad; y da confianza.

A la vista de los avances en IA en los últimos meses, es posible que algunos modelos ya ofrezcan servicios parecidos, pero Calbo subraya un matiz: “Aquí lo hacemos de forma específica para los escritos de la Junta, con contenido jurídico y administrativo”. Expertos en lingüística seleccionarán los textos de entrada para la alimentación y aprendizaje del sistema y supervisarán la traducción.

La adaptación añade una complicación: los textos de partida tienen efectos jurídicos, y eso afecta a los derechos y obligaciones de las personas. Según aclara el pliego, el texto traducido a lenguaje claro no tendrá validez legal, sino solo informativa, “para que las personas usuarias del servicio puedan entender mejor el texto original, que es el único válido legalmente”. Esto obligará a que los documentos se acompañen siempre de un párrafo aclarando que no tiene valor legal.

“La idea es que la adaptación al lenguaje claro sea fiel adaptación, y que permita comprender qué se le está notificando, el contenido y sus efectos. Si la IA no puede reflejar el 100% habrá que valorarlo”, señala Calbo, quien no da plazos para el uso de la herramienta porque aún le queda un largo camino que empieza, antes de nada, por el “entrenamiento” de la máquina: “A medida que nos dé resultados óptimos, será más fácil descender en esa transformación”, subraya. Confía en que la reducción a categorías de la diversidad de escritos con los que trabaja la administración permita finalmente abarcarlos a todos.

Lenguaje claro no es “vulgar, simplista o infantil”

La parte técnica del proyecto está liderada por la Agencia Digital de Andalucía, a la que corresponde comprobar que el modelo que entrega la adjudicataria cumple con los requisitos de la Ley de Protección de Datos. Según el pliego, el sistema se instalará en la infraestructura corporativa de la Junta de Andalucía, exceptuando el “modelo de IA generativa preentrenado ofertado como servicio cognitivo”, cuya licencia deberá ser detallada en la oferta. El ofertante debe incluir un plan formativo para los técnicos de la Junta.

El pliego también da cuenta del resultado que se espera: “El lenguaje claro es un lenguaje comprensible, al utilizarlo se puede comprender sin dudar lo que se lee o lo que se escucha”. Aquí intervendrían tres factores: el contenido del mensaje (es decir, la redacción, a ser posible con frases cortas y palabras fáciles), la estructura (“que tenga una secuencia lógica”) y el diseño (ayudas visuales para facilitar la lectura del texto).

Lenguaje claro no significa “vulgar, simplista o infantil”, sino textos “fáciles de leer, entender y usar, de acuerdo a las características y necesidades de las personas que los leen o los oyen”. El conversor no podrá eliminar o resumir información, ni tampoco quitar formalidad al documento ni alterar la información que se quiere transmitir. En resumen, el contenido no debe cambiarse para facilitar comprensión. ¿Qué supone esto? Expresiones inteligibles o sencillas, o expresiones técnicas acompañadas de expresiones “traducidas” a versiones sencillas.

La oferta trae este ejemplo. “Las fechas elegidas para el evento serían del 22 al 29 de marzo de 2022 y el precio será de 500 € / persona. En él se incluyen absolutamente todos los gastos que se derivan de dicha actividad (incluido el abono transporte para el recorrido). Como se llegó a la conclusión de que el desembolso total y único de esta cantidad podría ser un poco gravoso para algunas familias, se ha logrado que la agencia organizadora nos permita abonarlo utilizando una de las siguientes opciones…”.

“Traducido” a lenguaje claro: “El evento será del 22 al 29 de marzo de 2022 y costará 500 € por persona. Este precio cubre todos los gastos, incluyendo el transporte. Para hacer el pago más fácil para algunas familias, la agencia nos ofrece diferentes formas de pago...”. ¿Más claro? “El evento es del 22 al 29 de marzo de 2022 y cuesta 500 € por persona. Este precio incluye todos los gastos, como el transporte. La agencia ofrece opciones de pago para ayudar a las familias”.