La Junta inicia la revisión de oficio de otros cuatro expedientes de UGT-A
La Junta de Andalucía ha iniciado la revisión de oficio de otros cuatro expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A dentro del paquete de 17 que está investigando en busca de posibles irregularidades en su destino, como ya se ha confirmado para el caso de dos de ellos por un importe total de 1,8 millones de euros. Paralelamente hay otros tres expedientes de los que ya hay un informe previo, y cuyas conclusiones podrían conocerse en los próximos días, pero en ninguno de los casos se ha querido revelar la cuantía.
Esta información se ha conocido durante la comparecencia del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, en el pleno del Parlamento de Andalucía para dar cuenta del proceso de depuración que está siguiendo, pero no ha ofrecido detalles sobre sus resultados. Junto a los dos expedientes culminados, los cuatro en revisión de oficio y los tres con informe previo, hay otros siete en “procedimiento de información previa”, mientras que el último corresponde a una subvención a la que el propio sindicato ha renunciado, por lo que no procede indagar más.
En total, los 17 suman 7,5 millones de euros, lo que no quiere decir que sea la cantidad defraudada, dado que todavía está pendiente la verificación de todas las partidas y el sindicato tiene la posibilidad de justificar pertinentemente el uso de estos fondos públicos. Corresponden a ayudas entre los años 2009 y 2012 y en todos los casos las conclusiones serán enviadas al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para que a su vez emita su informe. El mismo deberá ser remitido al Consejo Consultivo para que se pronuncie y en su caso la Junta de Andalucía decidiría si se persona como acusación particular en la causa. En el caso de estos tres expedientes, también se reclama el reintegro de las subvenciones porque el sindicato no ha justificado debidamente que fueran destinadas al objetivo con el que se concedieron.
El consejero ha comparecido, a petición propia, para informar de esta investigación y destacar el ejercicio de “responsabilidad” y “transparencia” que está haciendo la Junta de Andalucía. “Es el momento de dejar trabajar a los respectivos equipos de funcionarios para que la instrucción sea llevada a cabo con las ”máximas garantías“, ha continuado, para garantizar que se llevarán a cabo todas las actuaciones que sean precisas con el fin último de ”proceder al reintegro de aquellas ayudas concedidas que hayan tenido un uso inadecuado, incorrecto o fuera de la ley“.
Desde IU, la diputada Rosalía Martín ha alabado este trabajo para “defender de cualquier mancha el buen nombre de los sindicatos”, cosa que ha aprovechado para atacar al PP-A criticándole que no haga el mismo ejercicio de transparencia en las instituciones donde gobierna. Es más, ha acusado a la oposición de “sembrar sombras de dudas sobre el papel del sindicalismo de clase para tapar sus vergüenzas y corruptelas”.
Respondía así al portavoz del PP-A, Carlos Rojas, que ha acusado a la coalición de “poner el ventilador” en este asunto y de impedirles el acceso a los 17 expedientes, cosa que el Gobierno de Andalucía ha insistido en que se hará cuando esté concluida la investigación. El popular ha insistido también en que se debe aprender la lección, y además de recuperar el dinero, personarse en la causa y no conceder más subvenciones a UGT-A hasta que se aclare lo ocurrido.
Tanto PSOE-A como IU han acusado a la oposición de emprender una guerra contra el sindicalismo, “cuando las siglas de UGT-A no tienen la culpa”, en palabras del diputado José Juan Díaz Trillo, y también ha destacado el valor del gesto del secretario general de la organización, Francisco Fernández, quien ha dimitido tras el escándalo. “Lo que hay que hacer es una causa general contra la corrupción para que nunca más esté en la comunidad autónoma”, ha replicado Carlos Rojas, para quien la responsabilidad política en el caso de UGT-A tiene “nombre y apellido y se llama Susana Díaz”. En este sentido, ha hablado de un déjà vu como el vivido con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos también investigados por la justicia.
