La Junta de Andalucía inicia los trámites administrativos para otorgar subvenciones de formación tras cinco años
Los trámites administrativos para las órdenes de subvenciones de formación para el empleo ya están en marcha después de cinco años sin convocarlas -la última vez fue en 2011- y tras el intento fallido de hacerlo a finales de 2015 y luego en el primer trimestre de 2016, cumplido la pasada semana. Desde la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio han justificado este último retraso a que “el 80% del trabajo” de la Dirección General de Formación para el Empleo estos meses se ha centrado en atender las demandas de la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para depurar responsabilidades políticas en el supuesto fraude con estas subvenciones desde 2001 hasta la última convocatoria.
En concreto, se prevén tres órdenes: 50,3 millones de euros para escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo; 70,1 para cursos dirigidos a desempleados; y 20,7 para trabajadores en activo. Lo ha confirmado este jueves la presidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz, durante la sesión de control en el Parlamento de Andalucía, donde ha celebrado el desbloqueo de la situación con su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en concreto en mayo.
Se trata de una convocatoria que en esta ocasión llegará marcada por nuevos criterios impuestos como consecuencia del escándalo que ha supuesto el manejo de estos fondos públicos, que ha provocado diligencias en 18 juzgados y la puesta en marcha de la citada comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para depurar posibles responsabilidades políticas.
De este modo, cuando la comisión de investigación ha visto desfilar a poco menos de la mitad de los 69 comparecientes previstos (29 de los que sólo uno se ha negado a declarar) y cuando todavía espera la llegada de miles de folios de expedientes de subvenciones del pasado, la Junta de Andalucía libera unas partidas cuyo bloqueo los últimos años ha supuesto la pérdida de cientos de millones de euros destinados básicamente a la formación de desempleados. El propio consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, cifraba hace unos meses en 800 millones de euros las cantidade que la Junta de Andalucía había dejado de recibir por no convocar estas subvenciones, lo que fue una decisión política después de que en 2012 comenzaran las investigaciones en torno a estos fondos públicos.
Nuevos criterios
Del total de 207 millones de euros previstos este año en los presupuestos autonómicos para este fin, 77,6 serán para cursos dirigidos a desempleados, 20,7 para trabajadores en activo y 50,8 para programa de escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio. Con estos más de 140 millones de euros de las convocatorias anunciadas por la presidenta, quedaría pendiente todavía una partida de cursos para desempleados dentro de la cantidad consignada en las cuentas para este ejercicio.
Pero no se otorgarán como hasta el momento. Primero porque las órdenes que se ultiman se han casado con el Real Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el Ámbito Laboral, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de marzo, y segundo, porque la Junta de Andalucía ha introducido nuevas condiciones. Las mismas dependen de la futura aprobación de la ralentizada Ley de Formación Profesional. Cabe recordar que el anteproyecto se presentó en Consejo de Gobierno hace dos años sin que se haya avanzado, pero en todo caso, se pretende que las principales condiciones que va a incluir para conceder estos fondos públicos comiencen a regir ya las próximas órdenes.
Entre esos requisitos figuran el principio de no exoneración -no se concederán nuevas subvenciones si hay pendientes justificaciones de otras que se hayan recibido anteriormente- y la obligación de que siempre se otorguen por concurrencia competitiva para que todos los aspirantes tengan las mismas opciones, igual que se fijará un tope de cuatro millones de euros por solicitante para garantizar que no sean siempre los mismos los que las acaparen.
