La Junta de Andalucía analiza los documentos aportados por Juana Rivas, la vecina de Maracena (Granada) que ha solicitado al servicio de Protección de Menores andaluz que tutele a sus dos hijos y que los ingrese en un centro de acogida antes de que vuelvan con su expareja y padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri.
Fuentes del Gobierno andaluz han informado a Efe de que el gabinete jurídico y los servicios técnicos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación están analizando la petición formalizada este lunes por Rivas.
En un escrito, Rivas, que ha acusado a su expareja de maltratar a los dos hijos que tienen en común, ha solicitado a la Junta que tutele a los niños al interpretar que existe un “riesgo grave para su integridad física y psicológica”.
Petición “delicada”
La Junta ha detallado que se trata de una petición “delicada” que afecta a dos menores y que los profesionales de la Consejería están estudiando la información aportada por Rivas junto a la petición de tutela de los menores.
Rivas, que fue condenada a cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores por permanecer un mes en paradero desconocido con sus dos hijos para no entregarlos al padre, cuenta con un margen de tiempo limitado porque los hijos deben volver este jueves a Carloforte, en Italia, con su padre, que tiene la custodia.
La Junta no ha podido precisar si podrá ofrecer una respuesta a la petición de Rivas antes de la fecha límite aportada por la madre, que como alternativa ha pedido garantías de que la justicia italiana ha tomado medidas de protección para los niños, como una tutela para que no se queden con “el presunto agresor”.
Ha argumentado su petición en el informe clínico elaborado por un hospital de Granada el pasado mes de julio y que apuntaría, según Rivas, el riesgo de que los menores continúen conviviendo con el padre.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada ya denegó este mismo mes a Rivas la adopción de medidas cautelares para “proteger” a sus dos hijos en un auto que ha sido recurrido ante la Audiencia de Granada.
Lo hizo como respuesta a la denuncia formalizada por Rivas contra Arcuri por supuestos delitos de violencia doméstica, lesiones y amenazas de muerte del padre hacia sus dos hijos, pero el juzgado se declaró no competente en esta denuncia penal.