El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha apuntado a la falta de “respeto” de la empresa concesionaria del servicio de apoyo administrativo a centros docentes de la comunidad autónoma al trabajo de estos profesionales como la causa de la finalización del contrato con la administración, que pretende ahora sacar a oferta de empleo público esta prestación.
En este sentido, el colectivo de 840 trabajadores afectados por esta tesitura ha empezado a gestionar sus reclamaciones por vía judicial, según ha indicado a Europa Press el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO-A, José Blanco, que ha confirmado la puesta a disposición de los encartados los servicios jurídicos del sindicato de cara a unas acciones que deberán hacerse de manera individual y por la vía laboral.
En una respuesta a una pregunta realizada por el Grupo Popular en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento andaluz, Alonso ha aludido a la “firme voluntad” del Ejecutivo autonómico de “seguir apoyando como hasta ahora” a los centros docentes de Educación Infantil y Primaria con personal de apoyo administrativo que libere a los docentes, al objeto de que éstos “se centren en su labor principal, que es enseñar a nuestros niños”.
Dicho servicio se cubriría ahora con una oferta pública de empleo “que dé estabilidad y oportunidad al personal”, habida cuenta de que dicha actividad se presta desde el año 2005 por una empresa privada, al no existir entonces la estructura pública necesaria.
El consejero responsable de Educación ha manifestado al respecto que no se va a permitir la continuidad del concierto con la adjudicataria, ejemplificando en que la Junta de Andalucía “ha estado pagando por prestar este servicio nueve euros la hora y esta empresa ha estado pagando menos de la mitad”.
Así, se realizará una oferta pública a tenor de lo establecido en el convenio de personal laboral del Grupo 3 y en el acuerdo sindical de 2005, a la que podrían optar las personas que han estado prestando los servicios, “siempre que cumplan los requisitos establecidos en los convenios colectivos”.
LA ACTUAL SITUACIÓN, “CONSECUENCIA DE LA ELECCIÓN DE UN MODELO”
A todo ello, la parlamentaria del PP María Francisca Carazo ha criticado que los trabajadores queden ahora “en la calle” después de un “rosario de precariedad laboral”, lo que es “consecuencia de la elección de un modelo por parte del gobierno andaluz”, que a su juicio es “cómplice” de las empresas.
“Deberían haber dado una respuesta hace tiempo, pero ahora sólo tenemos buenas palabras que no acaban con la incertidumbre de estos profesionales: conocían la situación, pero nunca les ha preocupado su situación laboral”, ha resumido Carazo, que ha lamentado que la Junta vaya a “permitirse el lujo de dejar de contar con la experiencia de estos trabajadores”.
La réplica de Alonso ha hecho alusión al doble discurso de los populares respecto a la privatización y al hecho de que se dará la oportunidad a los actuales administrativos de optar a las plazas, aunque no todos cumplirán los requisitos.