Las últimas acciones de los afectados por los casos de bebés robados en Andalucía parecen que están generando algún tipo de reacción. Tras el encuentro de las asociaciones con la presidenta de la Junta y antes del encuentro con los grupos parlamentarios, la Consejería de Justicia e Interior ya ha recibido la consigna de dar “un nuevo impulso” a una de las reivindicaciones de este colectivo, el acceso a la justicia gratuita.
“La Junta está dispuesta a asumir los costes de la justicia gratuita”, apuntan desde la Consejería a eldiario.es/andalucia. Lo cierto es que, para ello, se requiere un paso previo: que sean reconocidas como víctimas por el Estado español. Son los casos, contemplados en este ámbito, para “las personas víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación o sean consecuencia de su condición de víctimas”, según contempla ya la Junta con independencia de la existencia de recursos para litigar. Esa categoría de “víctima” solo la puede otorgar el Estado, insiste la Junta, pero desde Andalucía aseguran que, si no fructifica, “se buscará otra solución”.
Las personas afectadas aspiran a ese reconocimiento y han observado pasos, al menos a nivel internacional, en esa línea. Muy recientemente, la Comisión Europea ha reconocido que los afectados por los casos de bebés robados son “claras víctimas de crímenes contra los Derechos Humanos”. Las familias perjudicadas han tenido que marchar a Bruselas para que se atienda su petición, puesto que llevan años solicitando al Gobierno español ese reconocimiento sin que les hayan concedido la mencionada condición oficial de “víctima” por el robo de hijos o hermanos y por las adopciones ilegales.
En relación a Andalucía, María Bueno, de la Asociación por la lucha de madres de bebés robados de Andalucía (Alumbra), ya atisbó receptividad en la presidenta del Gobierno regional, Susana Díaz, señalando que les había trasladado que se iba a estudiar el tema de la justicia gratuita. Para los afectados es algo fundamental, ya que “hay casos que ni se han tocado porque las familias no tienen recursos económicos para acudir a la vía judicial” y “muchas familias no denuncian porque no tienen dinero”. Este periódico recordaba esta semana el caso de Ascensión López, de SOS Bebés Robados Almería, condenada por un delito de calumnias a pagar 40.000 euros tras acusar a una monja.
En ese misma línea se pronunciaba ya el pasado mes de agosto el diputado del PSOE en el Congreso José Luis Ábalos, quien instaba al Gobierno central, entre otras cuestiones, a establecer los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta trama accedan a la justicia gratuita para llevar a cabo sus denuncias, “dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial”.
Según explican desde la Consejería de Justicia de la Junta, lo ideal, “lo más lógico y coherente” sería que el Estado les otorgara ese reconocimiento de víctima. “Si eso no prosperara, se buscaría otra solución”, añaden desde la Junta a sabiendas de las dificultades que están teniendo las asociaciones y colectivos de casos de niños robados para obtener del Gobierno de la Nación la consideración de víctima para poder acceder a la justicia gratuita.
Las asociaciones afectadas por esta trama denuncian “la indiferencia del Estado español” ante su situación y, aunque el reciente pronunciamiento de Bruselas podría invitar a un cambio de rumbo en el Gobierno de Rajoy, los precedentes no son buenos. Y es que, según ya publicó eldiario.es, la ONU ya se pronunció en septiembre del año pasado sobre esta circunstancia en un análisis que realizaron sobre las víctimas del franquismo, donde se sugería a España que los afectados por los robos de recién nacidos pudiesen acceder “a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales”. El Gobierno tenía tres para cumplir con esas exigencias y “a día de hoy siguen sin implementarlas”, explicaba el presidente de la Federación Coordinadora X-24, Francisco González de Tena.
I Jornada sobre bebés robados en Andalucía
Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, aseguraba en la tarde de este miércoles que las reivindicaciones de los colectivos de afectados por el robo de bebés en Andalucía “van a encontrar una respuesta y un compromiso de los cinco grupos políticos de este Parlamento” ya que está previsto que se apruebe en el pleno de la cámara una declaración institucional de apoyo a los afectados y sus familiares.
Durán, que inauguraba así en la sede del Parlamento una jornada sobre el robo de bebés en Andalucía organizada por las asociaciones de afectados, se mostraba convencido de que “la voluntad de los grupos parlamentarios es consensuar una declaración institucional lo antes posible para que se pueda leer en el Pleno y que sirva de manifestación clara de apoyo a los afectados y de impulso a las medidas que venís reclamando. Tenéis el compromiso firme de este Parlamento y de los grupos políticos que lo representan de nuestra mano tendida y de nuestra voluntad clara, sincera, cercana y honesta de colaboración con todos vosotros y vosotras”, ha dicho el presidente de la Cámara andaluza, según un comunicado del Parlamento.