Los letrados del Servicio Andaluz de Salud ponen fin a su huelga tras cerrar un compromiso con la Junta

Fin a la huelga indefinida de los letrados del Servicio Andaluz de Salud que había puesto patas arriba juicios, mesas de contratación y recursos judiciales. Tres semanas después de iniciarse el parón, el comité de huelga ha informado que este lunes se ha firmado un acuerdo con la Consejería de Salud y Consumo, el propio SAS y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que contempla la creación de un grupo técnico de trabajo constituido por representantes de todas las partes cuyos trabajos comenzarán la próxima semana con “el compromiso” por parte de la administración de que la norma que regule definitivamente la estructura, funciones y la organización de la asesoría jurídica del SAS y de sus letrados se tramitará “en el plazo de un mes”, apuntan fuentes de dicho comité.

Fuentes del SAS confirman el acuerdo, aunque sin plazos, destacando que el documento plasma “la voluntad del Gobierno andaluz de regularizar y ordenar el funcionamiento vía decreto de ”este cuerpo recién creado, el 14 de diciembre de 2023, por la Ley de Función Pública“. Cabe recordar que las reivindicaciones de los abogados de la administración sanitaria vienen de atrás, cuando renunciaron a asistir a los sanitarios en casos de amenazas o vejaciones para presionar a la Junta.

Su situación se había agravado desde el 1 enero de 2022 con las asunción por parte del el SAS de las cinco agencias públicas sanitarias y el Centro de Emergencias Sanitarias, “sin haber previsto de forma adecuada el incremento exponencial del volumen de trabajo de las asesorías jurídicas del SAS en las ocho provincias, y sin incentivar la asunción por parte de los letrados las nuevas responsabilidades asumidas ni modificar su estructura , ni sus condiciones de trabajo”.

Según el SAS, el acuerdo alcanzado ahora con los letrados también contempla “la constitución de un grupo técnico de trabajo para concretar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y, especialmente, la adecuación de las características esenciales y de los complementos específicos de cada profesional en función de la dificultad y complejidad de sus funciones”, como así confirman desde el comité de huelga.

Los letrados se han mostrado este lunes conformes con el acuerdo y lo valoran en positivo, dando “nuevamente un voto de confianza a la Administración, y esperan que por su parte se dé cumplimiento a los compromisos alcanzados y sin demora se inicien los trabajos para poder ver los resultados en el plazo comprometido” pese a que “han sido muchas las ocasiones en el pasado en las que se han incumplido los compromisos dados”.

Algunas consecuencias de la huelga

Según sostienen los letrados, su trabajo y la adecuación de su estructura y organización a las funciones y al grado de responsabilidad asumidas por aquéllos no están reconocidos en la normativa vigente, lo que “ha sido una reclamación histórica del colectivo que tiene atribuidas sus funciones de asesoramiento y representación y defensa en juicio del SAS desde la Ley de creación de dicho organismo”. “Como se ha constatado a lo largo de la huelga, desempeñamos funciones que son necesarias no sólo para el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios sino también y de forma primordial para garantizar la legalidad de las actuaciones y decisiones de los gestores de la sanidad pública andaluza”, indican.

Los letrados aseguran que, durante las tres semanas que ha durado la huelga, se han producido un total de 4.179 notificaciones judiciales sin atender en las ocho asesorías jurídicas en las que se organizan los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud. Las demandas que se han notificado en este periodo y no se han atendido suman 210 y el importe económico reclamado en tales demandas suma un total de 6.819.330,84 euros. Las sentencias con cuantía desfavorable que se han notificado suman un total de 1.067.957,14 euros, algunas con condena en costas. Sólo en la provincia de Sevilla, el importe de los plazos no atendidos y las sentencias desfavorables notificadas en dos semanas, a falta de valorar la tercera semana que ha venido a coincidir con el parón de la Feria de Abril, hace un total económico de 6.512.076,55 euros, detallan los letrados.

La huelga ha afectado a un total de 295 juicios a los que no se ha asistido en las 8 asesorías jurídicas que se han celebrado sin la asistencia de los letrados que defiende los intereses de las Administración y que suman un total económico reclamado de 9.706.970,94 euros. Junto a los juicios celebrados, se han quedado sin atender 840 plazos procesales.

Asimismo, la huelga ha tenido un importante impacto en la contratación administrativa la cual se ha visto paralizada, habiéndose suspendido un total de 110 mesas de contratación y se han dejado de emitir 65 Informes en toda Andalucía. El impacto económico reflejado nos confirma que en la Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud “se ponen en riesgo diariamente” entre juicios y procedimientos ordinarios, plazos procesales y recursos de sentencias, una media de casi 1 millón de euros, a los que hay que sumar los importes de los expedientes de contratación.

Los letrados esperan que, por todo ello, “se ponga en valor la prioridad que debe ser para la Junta de Andalucía contar con unos servicios jurídicos sanitarios solventes, y adecuados al nivel de responsabilidad, exigencia y dificultad de las funciones que desempeñan”.