Podemos propone una ley andaluza contra la LGTBIfobia elaborada por los colectivos

El Grupo Parlamentario de Podemos tiene previsto presentar en la Cámara andaluza antes de que acabe el mes de julio un proposición de ley para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales (LGTBI) y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Tomando como base la legislación de comunidades autónomas como Cataluña (2014) o Extremadura (2015), Podemos propone una serie de políticas públicas en diversos ámbitos, y medidas para garantizar una igualdad real y efectiva, así como un régimen sancionador para combatir actitudes de discriminación o agresión por causa de orientación sexual o identidad de género, adaptando sus contenidos al marco jurídico andaluz.

La propuesta, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, aborda de manera conjunta e integral las diferentes identidades sexuales y de género, y abarca diferentes ámbitos como la educación, la salud, el trabajo, el ocio, la seguridad o la familia, entre otros. Contempla también la creación de organismos específicos que aseguren el cumplimiento y el seguimiento de lo dispuesto en la ley, uno de ellos de carácter administrativo y otro ciudadano, a modo de observatorio, compuesto y dirigido por los propios colectivos LGTBI de Andalucía, que están colaborando desde hace meses en la elaboración de la normativa.

No hay novedades de calado respecto de los textos catalán y extremeño, salvo especialidades de adaptación a la normativa andaluza o la manera en que se propone la creación y coordinación de los citados organismos, poniendo énfasis en la participación con el objetivo de que los colectivos sociales tengan mayor peso en los mismos, según concretan fuentes de Podemos. De hecho, el texto aún no está cerrado y se está sometiendo al proceso de participación más amplio que ha llevado la formación morada en Andalucía, sólo comparable a la proposición de ley de emergencia habitacional y y pobreza energética, rechazada en abril.

Novedades legislativas necesarias

Fuentes de Podemos señalan que las gestiones comenzaron en el mes de abril convocando a los colectivos LGTBI de mayor implantación en Andalucía (Adriano Antinoo, Fe Frente, Arco Iris, ATA, Chrysallis, Triangulo, Andalucía Por la Diversidad, Circulo Podemos LGTBI Andalucía) para conocer sus demandas. En estas reuniones todos los agentes sociales apuntaban a la necesidad de novedades legislativas, de forma que este partido empezó a trabajar sobre ello. Ahora se están manteniendo reuniones técnicas con los ocho colectivos y Podemos espera que, como personas especializadas en la materia, sean ellos quienes hagan las principales aportaciones al documento. En esencia, la principal novedad de esta proposición es su elaboración “de abajo a arriba”, apuntan las fuentes.

La intención de Podemos es invitar a todos los grupos del Parlamento a trabajar conjuntamente para que la proposición ponga a Andalucía “a la vanguardia en materia de garantía de derechos de las personas LGTBI”, poniendo freno a los casos de discriminación y a los delitos de odio que se siguen produciendo y atender las reivindicaciones de los colectivos, los problemas de integración y todo lo relativo al estado y la garantía de sus derechos. Ya el pasado octubre, el Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que se instaba a la Junta a impulsar un desarrollo normativo contra la LGTBIfobia.

Una cláusula general antidiscriminatoria

Las medidas que establece la proposición de ley afectan a todas las áreas de la vida social y a todas las etapas de la vida, estableciendo una Cláusula General Antidiscriminatoria que incide en que las administraciones públicas andaluzas deben velar por el derecho a la no discriminación con independencia de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de la persona o del grupo familiar al que pertenezca. Asimismo, se garantizaría a las personas LGBTI la reparación de sus derechos violados por motivo de orientación sexual o identidad de género.

En el ámbito social, el texto promueve medidas específicas de apoyo, mediación y protección en los supuestos de menores, adolescentes y jóvenes que estén sometidos a presión o maltrato psicológico en el ámbito familia. También en ese línea social se prevé que las residencias de la tercera edad, tanto públicas como privadas, garanticen el derecho a la no discriminación de personas LGBTI, ya sea en su individualidad como en su relación sentimental.

En el ámbito de la salud, como principal novedad destaca el establecemiento de un protocolo específico de actuación en materia de intersexualidad que incluirá atención psicológica adecuada y los tratamientos de asignación de sexo requeridos en atención al género sentido. También en este apartado se indica que las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida.

Pedagogías adecuadas en los planes educativos

En el ámbito familiar, entre otras cuestiones, se garantizará, de conformidad con la normativa vigente, que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar no exista discriminación. También se adoptarán medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas del mismo sexo que garanticen la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora, facilitando con ello la independencia física y económica de la víctima.

Respecto a la educación, la propuesta entiende que los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectivo-sexual. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual y de género, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, incorporando al currículum los contenidos de igualdad.

En ese sentido, la Administración autonómica deberá elaborar e implantar en todos los centros educativos un protocolo de prevención que evite actitudes o comportamientos homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y/o transfóbicos. Este protocolo incorporará la necesaria coordinación entre las áreas de educación, sanidad y acción social, en orden a una rápida detección y actuación ante situaciones discriminatorias y atentatorias contra la diversidad sexual.

Centro de Memoria Democrática y Documentación LGBTI

En el ámbito del ocio, la cutura y el deporte, la propuesta prevé que todas las bibliotecas propiedad de la Junta de Andalucía deberán contar con fondo bibliográfico de temática LGBTI, en cualquier caso respetuoso con los derechos humanos y nunca contrario al reconocimiento a la diversidad sexual y de identidad de género, siendo obligatorio que dichos fondos conformen una sección específica en aquellas bibliotecas de ciudades de más de 20.000 habitantes. Los fondos , estarán coordinados con el Centro de Memoria Democrática y Documentación LGBTI, cuya creación contempla también la proposición de ley de Podemos.

En el apartado de contratación administrativa y subvenciones, la propuesta señala que se se podrá establecer, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la preferencia en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades.

Sanciones de hasta 45.000 euros

La proposición, como incorporó Cataluña en su momento, tendrá en cuenta la inversión de la carga de la prueba. Es decir, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas.

Las infracciones administrativas se califican en el borrador com como leves, graves y muy graves, en atención a la naturaleza de la obligación incumplida y a la entidad del derecho afectado. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 20.001 hasta 45.000 euros, y entre ellas se encuentran adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso, realizados en función de la orientación sexual identidad o expresión de género de una persona, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma.