“Espero en unos días una aclaración. Este es un tema muy serio. A mí no me pueden cortar competencias que tengo atribuidas en el Estatuto de Autonomía”. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, afirma ser “el primer sorprendido” por el hecho de que Instituciones Penitenciarias (IIPP) rechazara su visita al centro penitenciario de Córdoba para conocer el funcionamiento de los módulos especiales donde se encuentran internados reclusos con trastornos mentales.
En declaraciones a eldiario.es/andalucia, Maeztu recuerda que la subdirectora general de relaciones insititucionales de IIPP envió una comunicación en la que alertaba de que “no es conveniente” la visita que pretendía cursar a dichos módulos “para no alterar el normal funcionamiento” de un taller en el que participaban los reclusos, tal y como pretendía el Defensor y la propia dirección de la cárcel cordobesa.
Maeztu cree “deducir” que la negativa de Interior responde a “un tipo de actividad concreta” en la que no debe interferir con su inspección porque “normalmente no tenemos ningún problema” pero, en cualquier caso, se muestra contrariado porque su función respecto al ámbito penitenciario viene recogida en el Estatuto de Autonomía y en el artículo 49.2, que recuerda sin pausa y que dice concretamente que “las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo”.
“Me extrañaría que de este escrito se dedujera que no puedo ir a los centros porque entonces se estarían sesgando mis competencias”, resalta. “Quiero pensar que no pueda deducirse una prohibición, pero quiero aclarar el tema, ya que no hay ningún planetamiento que justifique esta decisión y no hay antecedentes”, añade. “En unos días espero una aclaración, por si las moscas, porque estos temas tienen que quedar muy claros”, concluye.
Quien por el momento tampoco aclara lo sucedido es el departamento de comunicación de Instituciones Peintenciarias, con quien este periódico se ha puesto en contacto en varias ocasiones desde el miércoles por la mañana sin que hasta ahora haya ofrecido una versión oficial de la negativa a la entrada al Defensor del Pueblo Andaluz a un centro penitenciario.