Magrudis sabía que había listeria en sus instalaciones y, pese a ello, puso su producto 'La Mechá' en el mercado. El auto de la jueza de Sevilla que en la tarde de este jueves ha determinado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el dueño de Magrudis y uno de sus hijos es contundente respecto a la presunta responsabilidad de los dirigentes de la entidad en la crisis sanitaria originada en agosto.
Según la jueza, ambos “tenían conocimiento de que, al menos desde diciembre de 2018, la bacteria estaba en sus instalaciones”, pues un análisis realizado por una empresa les advirtió en febrero de 2019 de la presencia de la bacteria en un lote de carne mechada casera etiquetado el 20 de diciembre de 2018. Pero “no consta -prosigue la jueza- que ello fuera comunicado a la autoridad sanitaria ni que la entidad adoptara medida alguna, de hecho no fue ni comunicado a los trabajadores, ni se adoptó medida alguna para prevenir”.
La instructora considera que José Antonio Marín Ponce (dueño de Magrudis) y su hijo Sandro Marín Rodríguez, administrador único de la entidad, según se desprende de lo actuado hasta el momento, habrían cometido un presunto delito contra la salud pública en concurso ideal con tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave. En libertad provisional al primero de los detenidos en comparecer, Mario Marín Rodríguez, también hijo del dueño de Magrudis, con la obligación de comparecer en el juzgado los días 11 y 25 de cada mes. Esta persona es es propietario de otra empresa domiciliada en una “nave contigua” a Magrudis y que no cuenta con registro sanitario, según ha denunciado la organización de consumidores Facua, personada en la causa judicial.
En el auto donde acuerda el ingreso en prisión de dos detenidos, la magistrada recuerda que la causa fue incoada en virtud de un atestado de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil en el marco de una investigación por “una serie de actividades ilícitas que podrían estar llevando a cabo los integrantes de una trama organizada y que pondrían en la cadena comercial de alimentos para personas carne procesada con presencia de Listeria monocytogenes en concentraciones que la harían inadecuada para consumo humano, debido a una mala praxis en la manipulación y transformación de los productos cárnicos que ha provocado una intoxicación masiva con resultado de muertes, lesiones a fetos con resultados de abortos y lesiones a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en Andalucía”.
“El producto nocivo fue puesto en el mercado”
Apunta la jueza que “el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado”, lo que “implica que, si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores, como así ha ocurrido, eludiendo todas las obligaciones que le impone la ley para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes”.
La jueza señala que, por el momento, las consecuencias del brote de listeriosis en la provincia de Sevilla son tres fallecidos, dos abortos, 65 personas ingresadas, de ellas 17 embarazadas de las cuales tres han sufrido partos prematuros, además de once personas intoxicadas que no han requerido ingreso, “estándose a la espera del resultado y de averiguar cuantas personas han sido infectadas y han sufrido listeriosis fuera de la provincia de Sevilla”. En este punto, cifra en unos 800.000 euros los gastos que todo ello ha generado en la sanidad pública, al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla capital.
La jueza ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los detenidos al entender que existe riesgo de fuga “dada la gravedad de los hechos que se les imputan y la pena que pudiera imponérseles”, por lo que adopta dicha medida cautelar para así asegurar su presencia en el proceso y evitar la fuga e igualmente evitar la reiteración de hechos similares.
El auto dice también que, como ha indicado la Fiscalía, “con conocimiento al menos desde febrero de 2019 de la presencia de la bacteria en las instalaciones de la empresa Magrudis, continuaron fabricando y comercializando productos, siendo conscientes de que algo fallaba en el proceso productivo, y si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y contando con esa probabilidad la aceptaron y pusieron el producto en el mercado, provocando una gran alarma social y crisis sanitaria”.
Durante sus comparecencias en el juzgado, según ha informado el TSJA, los tres detenidos únicamente han contestado a las preguntas formuladas por la juez y por su defensa, mientras que se han acogido a su derecho a constitucional a no contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación que ejerce Facua.