Una queja de un alumno y de Abogados Cristianos motivó hace apenas unos meses que el Instituto de Educación Secundaria Manuel Alcántara de Málaga suspendiera unos talleres de educación afectivo-sexual, que se estaban impartiendo a los alumnos de 3º y 4º de ESO y de FP que se habían inscrito. La asociación ultraconservadora alegaba que la entidad que impartía los talleres “promueve el aborto” y es conocida, literalmente, por “haber traficado con los órganos abortados”. Nada más, tampoco nada menos, se decía en un recurso contencioso-administrativo presentado contra SEDRA-Federación de Planificación Familiar (la asociación que impartía los talleres), el centro educativo y la consejería de Educación. La denuncia, que también pedía al juzgado que suspendiese los talleres, tuvo amplio recorrido en la prensa local.
Cuatro meses después, un juzgado ha rechazado de plano el recurso de la asociación, a la que le indica que no basta con invocar una supuesta vulneración de derechos fundamentales, sino que hay que aportar algún indicio. Y eso no ha ocurrido. “Las charlas impartidas en el centro se ajustan al Plan del mismo aprobado con la intervención de la comunidad educativa, no existiendo además resolución administrativa dictada por ningún órgano administrativo susceptible de impugnación”, dice el juez, que ha inadmitido de plano el recurso.
La resolución judicial del juzgado contencioso-administrativo 2 de Málaga, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, reafirma el trabajo de la asociación afectada, que en otras ocasiones ya ha sido objeto de denuncias por parte de Abogados Cristianos. Por su parte, el grupo ultraconservador no ha valorado la resolución ni ha aclarado si ha recurrido, alegando que su departamento jurídico tenía una reunión durante la semana.
Talleres de sexualidad o “unas charlas que hipersexualizan a menores”
El taller (dos charlas de 50 minutos cada una) tenía como finalidad dotar a los chicos y chicas de herramientas para enfrentarse al sexting. “Con una metodología participativa, tratamos de analizar por qué se producen estas prácticas, que cada vez son más habituales porque están habitando ese espacio de Internet, y de pensar juntos cómo podemos hacer para prevenir los riesgos vinculados a ella, entendiéndola como una práctica erótica más, siempre que sea decidida y consensuada”, explica Raquel Hurtado, responsable de intervención social de SEDRA.
Las familias conocían los talleres, el profesorado estaba presente y la participación dependía de la autorización familiar, según Hurtado. Sin embargo, la familia de un menor que no se había apuntado presentó una queja ante la Inspección Educativa, que obligó a la Consejería de Educación a suspender el taller mientras se aclaraban los hechos. Más tarde, se unió la demanda de Fundación Abogados Cristianos, por la pretendida vulneración de derechos fundamentales. En concreto, del derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto (16 de la Constitución), del derecho de los padres para que sus hijos reciban una formación religiosa y moral conforme a sus convicciones (27.3 de la Constitución) y el derecho a la educación.
La asociación ultraconservadora divulgó el asunto con una nota en la que acusaba a SEDRA de “defender públicamente la normalización del sexting”, y que acompañaba de un pantallazo en el que se lee: “Cuando practiques sexting con una persona desconocida, ten en cuenta que ese marco de confianza no existe. ¡Cuida que tus fotografías o vídeos no te identifiquen!”.
En el recurso, Abogados Cristianos se centró en consideraciones que nada tenían que ver con el taller. “Dicen que pertenecemos a una red que defiende el aborto, como si todas tuvieran que abortar. Y luego esta mentira que tiene que ver con el tráfico de órganos y fetos”, lamenta Hurtado. “No estamos haciendo ningún rito iniciático ni hablando de la zoofilia. Tan sólo aportamos un marco teórico y herramientas para que los chicos y chicas tomen sus decisiones”.
En su escrito solicitando medidas cautelares, Abogados Cristianos abundaba en sus motivos para solicitar la cancelación de los talleres, a los que cataloga como “UNAS CHARLAS QUE HIPERSEXUALIZAN A LOS MENORES, cuyo contenido es totalmente ilegal y obedece únicamente a la obsesión por parte de algunos partidos políticos de entrometerse en la educación de los niños y adoctrinarles, conculcando el derecho de los padres”. [las negritas, subrayado y mayúsculas son todas de Abogados Cristianos].
Más adelante, justificaba la urgencia, también con abundante resalte tipográfico: “Cada minuto cuenta debido a que ya se ha empezado a impartirse con dinero público charlas proaborto y socialmente controvertidas a menores de edad, sin consentimiento e incluso sin conocimiento de sus padres”.
Según asegura Hurtado, unos 13.000 estudiantes participaron en sus talleres el año pasado. “Trabajamos con base en las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS y UNESCO, con la idea de que hay riesgos y situaciones a las que no podemos cerrar los ojos, porque eso es desproteger a las personas jóvenes. Cuando tienen herramientas, tienen más posibilidades de vivir su sexualidad con más bienestar y menos riesgo”.
Un discurso replicado por Vox
No es inhabitual que Abogados Cristianos pierda un pleito o vea rechazados sus recursos. Le ha ocurrido en varias ocasiones con el actor Willy Toledo, en su denuncia contra el alcalde del Casar de Cáceres por trasladar la Cruz de los Caídos o en su intento de que el Ayuntamiento de Sevilla retirara la bandera LGTBI. También, en el Tribunal Supremo, que rechazó su querella contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por impedir las misas en el confinamiento. En alguna ocasión los jueces han señalado la naturaleza sui generis de los planteamientos procesales y de fondo de la asociación. Sin embargo, estas denuncias suelen tener eco mediático.
En este caso, tanto la Fiscalía como la Consejería de Educación pidieron que la demanda se inadmitiera. En paralelo, la asociación lanzó una recogida de firmas en su web para pedir al consejero de Educación de la Junta de Andalucía (por entonces, Manuel Alejandro Cardenete) que “acabe con el adoctrinamiento a los niños de Andalucía” por parte de una asociación que es “el mayor grupo de presión política en España para promocionar el aborto y la industria de los anticonceptivos”. Según la web de Abogados Cristianos, la carta dirigida a Cardenete cuenta con más de 21.000 adhesiones.
Este discurso fundamentalista, propagado desde hace años por el lobby ultracatólico, tiene amplio eco en las tesis de Vox, que ha logrado imponer el llamado “pin parental” en comunidades autónomas como Murcia. No lo logró en Andalucía, a pesar de que estaba en el acuerdo de investidura y de que el partido ultra amagó con retirar su apoyo parlamentario al gobierno de PP y Ciudadanos si no se aprobaba. Vox y Abogados Cristianos participan en fundaciones comunes.
En el segundo debate previo a las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio, la candidata Macarena Olona blandió ante Juan Manuel Moreno un cuadernillo educativo, que no forma parte del programa obligatorio y que se imparte como oferta complementaria por los centros que así lo deciden. Versaba, supuestamente, sobre la masturbación, y Olona relacionó su contenido con la pederastia. “¿Quiere leerlo? Porque a mí me da pudor”, espetó. La realidad es que la masturbación apenas se mencionaba (y no por su nombre) en un apartado en el que se explica a los chavales cómo es su cuerpo y los cambios que se experimentan en el mismo en la adolescencia.
Hurtado cree que la denuncia no les impactará, pero admite que puede que les obligue a comunicar mejor lo que están haciendo: “Es una señal de que tenemos que hacer un trabajo de sensibilización a la comunidad educativa y los que toman decisiones, para explicar qué es lo que ocurre en un taller de educación sexual. Que se aleja mucho de las cosas que se dicen”.