Andalucía Acoge se persona como acusación popular en la muerte del migrante encontrado ahorcado en Archidona
Andalucía Acoge se persona como acusación popular en las diligencias previas abiertas en el juzgado de Archidona por la muerte de M.B., que fue encontrado ahorcado en su celda el pasado 29 de diciembre.
“Nuestra primera petición será el visionado de las cámaras de seguridad. Esta tarde realizaremos entrevistas de otros internos que son posibles testigos para ampliar información que pueda ser relevante para el caso”, anuncian fuentes de la federación.
“Transparencia e información” es lo que reclama Andalucía Acoge tras la publicación de los vídeos en los que aparecen antidisturbios golpeando a un interno en la cárcel CIE de Archidona y después de la muerte de B.M. “Sabemos que coresponden a Archidona- ha afirmado José Miguel Morales- Ante la opacidad y falta de transparencia del Ministerio de Interior, la única fuente es la rumorología: que Mohamed se intentó suicidar antes, que otros se han intentado suicidar, que hay casos de autolesión y algunos internos han iniciado una huelga de hambre” como protesta por las condiciones del centro.
“Sabemos que son rumores - insistió Morales- pero es necesaria información y explicaciones para poder descartarlos. Queremos saber qué está pasando en un contexto de absoluta excepcionalidad”. Vuelven también a reclamar responsabilidades y explicaciones (como llevan haciendo desde hace semanas junto a otras ONGs) para que se explique “por qué estaba la policía antidisturbios pegando a personas. Tendría que estar el ministro explicando esos vídeos. Está pasando algo raro y nadie está diciendo nada”. De hecho, algunas organizaciones de apoyo a los inmigrantes se pregunta qué hacen los antidisturbios en el centro de Archidona, cuando en los CIE lo habitual es que estén atendidos por policía nacional especializada en migraciones, servicio sanitario y el respaldo de Cruz Roja y otras ONGs.
Morales recordó la petición del Defensor del Pueblo cuando acudió al centro de la instalación y puesta en marcha de cámaras de vídeovigilancia, y avisa de que el martes 2 de enero los servicios jurídicos de la organización acudirán al centro. “Con toda la información que se recabe, se decidirá qué medidas tomar”. Lo que no quieren desde Andalucía Acoge es que suceda como ya pasó con un caso de abusos sexuales a internas en el antiguo CIE de Capuchinos. Entonces, las víctimas y los testigos fueron expulsados y no se pudo continuar con la investigación. Por eso exigen que “se paralicen las expulsiones hasta que el caso esté claro”.
