El municipio malagueño de Mijas se prepara para dar la bienvenida a su decimotercer campo de golf. Si todo va como está previsto, habrá un nuevo recorrido de 18 hoyos y más de 800.000 metros cuadrados, enclavados en un resort con hotel de cinco estrellas, 350 apartamentos turísticos, museo de carruajes antiguos y un centro ecuestre para la doma clásica.
Se sumará a los 60 que ya existen en la costa malagueña, especialmente concentrados en la franja de Benalmádena hasta Manilva, con epicentro en Marbella, todos gobernados actualmente por el PP. El pasado 27 de mayo, la Junta de Andalucía publicó el visto el bueno a la modificación urbanística que Mijas tendrá que hacer: un millón de metros cuadrados (un kilómetro cuadrado) pasarán de no urbanizables a urbanizables con el fin de hacerle hueco.
Valle del Golf Resort tiene el apoyo unánime de los grupos municipales. El respaldo autonómico a la modificación urbanística estaba cantado: para el Gobierno andaluz, hace tiempo que este es uno de los proyectos estrella en el territorio. En la jerga oficial, un proyecto de “interés estratégico”, lo que no significa que tenga luz verde per se, pero sí que la Unidad Aceleradora de Proyectos (creada por el Gobierno de Moreno) le da “tramitación preferente y urgente”.
El Ejecutivo andaluz lo declaró “de interés turístico” en julio de 2019, seis meses después de tomar posesión, y lo subió de categoría apenas dos años después. Fue el primero en recibir ese marchamo, que en la práctica equivale a tener alfombra roja en la administración.
El consistorio, por su parte, respaldó recientemente por unanimidad el cambio del PGOU. Desde que se presentó, el proyecto ha contado con el apoyo de gobiernos de Ciudadanos-PSOE (2015-2019), Ciudadanos-PSOE (2019-2023) y, ahora, de PP y Vox.
La promotora es Logarma, S.A., propietaria de los terrenos, de uso agrícola residual, una parte de los cuales se quemaron en un incendio en 2009. Logarma es una empresa hotelera de largo recorrido en Málaga, donde tiene tres hoteles en Fuengirola, y vinculada a José Carlos Escribano, expresidente de AEHCOS (la patronal hotelera de la Costa del Sol) y ahora presidente de la Cámara de Comercio malagueña y alto cargo también en la Confederación de Empresarios de Andalucía.
La recalificación del suelo no acerca al campo de golf a la vuelta de la esquina, pero sí despeja el camino. Valle del Golf aún debe reparcelar los terrenos y presentar el proyecto, superando en ambos casos el análisis ambiental antes de obtener la licencia. Esto llevará al menos dos años, según Lourdes Burgos, concejala de Urbanismo de Mijas (PP).
El campo lindará con una zona de especial conservación (ZEC), incluida en el catálogo de espacios naturales protegidos de Andalucía y en la Red Natura 2000, y dos ríos que albergan población de nutria, protegida en España. Su creación plantea también el interrogante del agua, en una provincia ya bajo restricciones por la escasez derivada de la sequía, el crecimiento poblacional o el riego intensivo.
Para los ecologistas, la actuación ahonda en un modelo que esquilma los recursos naturales en beneficio de unos pocos. “Se escudan en el turismo de calidad y en la desestacionalización del turismo para reproducir el modelo insostenible del pasado. La administración no ha entendido que estamos ante una emergencia ambiental y climática”, lamenta Librada Moreno, portavoz de Ecologistas en Acción.
El grupo ecologista defiende que antes de abrirle la puerta con el sello de “estratégico”, la Junta de Andalucía debería evaluar su impacto ambiental. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó su recurso el pasado diciembre. La administración tampoco ha contestado a dos de sus ocho alegaciones.
Por su parte, el sector le da la bienvenida. Santiago Urquijo, Presidente de la Comisión Gestora de la Real Federación Andaluza de Golf y secretario general de la Asociación Española de Campos de Golf, cree que es una “muy buena” noticia. “Para el sector es muy positivo que se construyan más campos de golf, que además son entornos sostenibles que contribuyen a preservar el medio ambiente”, aseguran en respuesta a este medio.
Urquijo señala que es “habitual” que para incorporar una superficie deportiva se modifique el PGOU y pone el acento en la vertiente económica.
El golf es un segmento turístico mimado por el Ejecutivo de Moreno, quien se ha implicado en su defensa frente a las acusaciones despilfarro hídrico. Por el selecto listado de proyectos “estratégicos” han pasado cuatro campos de golf, todos acompañados de su resort: Sagüesal (Barbate), Castellar (Castellar de la Frontera), Atlanterra (Tarifa) y Valle del Golf (Mijas). Sagüesal, el más extenso de todos ellos (casi 1.100 viviendas), fue finalmente descartado. Otros, como el de los Acantilados de Maro, permanecen latentes tras suscitar un importante rechazo popular. Algunos fueron desechados, como el de Trebujena, a las puertas de Doñana. Los ecologistas denuncian que todos cubren de verde un negocio inmobiliario.
Al turista que viene a jugar al golf se le atribuyen cualidades muy apetitosas: aterriza en temporada baja, gasta más y se queda más tiempo. Sin embargo, no hay estadísticas oficiales recientes que cuantifiquen su impacto económico. El último informe de la Consejería es de 2017, cuando había 104 campos de golf en Andalucía (comunidad líder, con el 20% del total nacional, el doble que la segunda, Comunidad de Madrid). Málaga concentra el 60%, según el listado de la Federación Andaluza. En 2017, Andalucía recibió 570.000 “turistas de golf”, casi todos hombres (78%), con un gasto diario medio que casi doblaba al turista “común” (112,77 euros al día) y un gasto total de 704,7 millones de euros.
En otro informe del Instituto de Empresa, encargado por la Federación Española de Golf, se asegura que el “impacto global” del golf en Andalucía es de 5.400 millones de euros al año (un 3% del PIB andaluz), gracias principalmente a la “capacidad de importación de capital extranjero”. Según ese documento, 100.000 turistas de golf son propietarios de una segunda residencia en Andalucía y unas 4.500 personas trabajan en los campos de golf. Según Urquijo, los campos de golf andaluces facturan 220 millones de euros y generan un gasto directo de 2.200 millones.
Hoy, hay 106 campos en Andalucía, según el Inventario de la Consejería de Turismo y Deporte, y y este será el 13º en Mijas, a la que solo supera Marbella (14). Valle del golf Resort sumará 80 nuevas hectáreas de juego, el 40% para las calles, el rough y los lagos, y el 60% de “áreas forestadas”, según el proyecto. En total, el ámbito de actuación abarca más de 100 hectáreas (un kilómetro cuadrado; Mijas tiene 148,8 en total) e incluye hotel y 350 apartamentos turísticos.
La concejala de Urbanismo, Lourdes Burgos, explica por qué al municipio le interesa convertir suelo en urbanizable para otro campo de golf: “Tenemos pocas plazas hoteleras, pero somos referente en turismo residencial, muy vinculado al golf. Son turistas con alto poder adquisitivo, que generan mucho empleo fuera de la estación tradicional de vacaciones, y que luego se convierten en residentes: no es lo mismo ir a Irlanda que jugar al golf todos los días aquí”.
“No estamos saturados de campos de golf. Lo que ocurre es que llevamos un retraso en la planificación y construcción de algunas infraestructuras”, valora Urquijo. “Creemos que no está justificado en datos económicos”, rebate Librada Moreno. “Las necesidades turísticas ya están cubiertas”.
La duda más acuciante es cómo se va a suministrar agua en un entorno árido, superpoblado de instalaciones similares y marcado en los últimos tiempos por la sequía y la escasez hídrica. Los promotores creen que necesitarán 48.000 metros cúbicos al año para abastecer al hotel y los apartamentos turísticos, y 250.000 para el campo de golf, estos últimos obtenidos exclusivamente de aguas regeneradas desde una depuradora próxima.
En 2008, la norma empezó a exigir que los campos de golf se regasen solo con aguas depuradas, con la excepción de los de interés turístico debidamente autorizados. A un 20% de los campos de golf de la Costa del Sol se les aplicaría esa excepción, según admite Urquijo, aunque no será el caso, a priori, de Valle del Golf, que se regaría exclusivamente con aguas regeneradas.
Sin embargo, la mayoría de los campos de golf de la Costa del Sol se servían históricamente de perforaciones con acceso a aguas subterráneas, y los ecologistas denuncian que es habitual que mezclen aguas depuradas con aguas limpias. El proyecto Valle del Golf se sitúa sobre un acuífero, sobre el que actualmente ya existe una captación autorizada cercana para riego.
La Fiscalía investiga desde febrero al menos a tres campos malagueños por posibles captaciones ilegales. Librada Moreno duda de que el nuevo campo se conforme con aguas depuradas, aunque así lo diga el proyecto. “En Mijas funcionan unas EDAR obsoletas: la del Cerro del Águila habría que ampliarla, y la de la Cala no está en tratamiento terciario, sino secundario. Esa agua no se va a echar a los campos de golf, que ya se resisten a usar la del terciario. Y menos ahora que todo el mundo pide agua regenerada”.
Un portavoz de Acosol explica que actualmente suministran siete hectómetros cúbicos (siete millones de metros cúbicos) a los campos de golf de su área de influencia. Esto daría para unos 30 campos, aproximadamente. Se pagan a 0,34 euros por metros cúbico, o a 0,11 a partir de cierto volumen. Acosol prevé aumentar la dotación a diez hectómetros el año que viene y también trabaja para lograr autorización autonómica para que esas aguas se puedan usar también para riego público y baldeo.
“Estamos hablando de una superficie regada de unas 2.200 hectáreas en la Costa del Sol y unas 3.500 en el conjunto de Andalucía, que supone el 0,3% de la superficie de regadío en Andalucía”, argumenta el gerente de la asociación de campos de golf. “Dentro del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas están incluidas las inversiones que llevarán el agua regenerada al 100% de los campos de golf, y estas obras ya están en marcha, las cuales van a beneficiar no sólo al golf sino también al sector agrícola malagueño. El objetivo 100% sostenible del golf de la Costa del Sol en materia hídrica se va a alcanzar muy pronto”, promete.
En cuanto al agua para el hotel y los apartamentos, la Oficina de Planificación concluyó que el proyecto es “compatible” con lo previsto en el plan hidrológico. Sin embargo, lo hizo en un informe de marzo de 2019 que compara con las previsiones del plan de 2016, en el que ya se advierte de la “alta dotación” actual del municipio de Mijas, “muy por encima de lo establecido”, y se recomienda “ajustar” los consumos.
Mijas tiene hoy 91.691 habitantes, un 18% más que en 2016, además de una importante población sin registrar, extranjeros con segunda residencia o turistas. En la situación de sequía actual, el consumo en Mijas está limitado a 200 litros por habitante y día, y llegó a ser de 160.
En septiembre de 2021, el servicio de dominio público hidráulico y calidad de las aguas pidió más documentación “en relación a la disponibilidad de recursos hídricos y los cálculos y resultados del estudio hidráulico”. Volvió a pedirlo un año después, en agosto de 2022. Según la concejala de Urbanismo, se ha incorporado un informe de ACOSOL (la empresa pública suministradora de agua) que disipa las dudas.
La declaración ambiental estratégica de la modificación urbanística concluye que un campo de golf evitará males mayores, como “la extracción de agua del subsuelo para el riego de cultivos” y la “acción devastadora de las riberas” que ocasionan los cultivos próximos. Según el documento, la actuación implica un movimiento de tierras “importante”, pero aumentará la capacidad de sumidero de CO2, algo que “resulta plenamente coherente con el programa de mitigación del plan de acción por el clima”.
La Junta exige al promotor algunas medidas de protección: no tocar el suelo cercano al ZEC, no abrir vías de ningún tipo en paralelo a la ribera del río, aplicar medidas que favorezcan la proliferación de la base alimenticia de la nutria y ejecutar una “pantalla tanto visual como sonora” para mitigar el impacto. También debe comprometerse a usar fertilizantes y fitosanitarios “de forma escasa y controlada, con productos alternativos o lo menos nocivos posible, sellando en su caso el terreno” para evitar la contaminación del acuífero.
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