EXCLUSIVA
En abril de 2019, el ayuntamiento de Marbella imputó 721 horas extra a un trabajador del servicio de limpieza. Esto sería un exceso de carga laboral si no fuera porque, además, es imposible: abril tiene en total 720 horas, y difícilmente nadie puede trabajar más horas que las que hay en un día.
El caso, aunque extremo, no era excepcional: varios listados, a los que que tuvo acceso en exclusiva este periódico en aquellas fechas, revelaban que varios empleados municipales superaban las 300 horas extra en un mes, que uno había cobrado 2.600 horas extra ese año o que, en total, en marzo de 2019 se computaron casi 50.000. En los ocho primeros meses de 2019 se cargaron 188.849 horas extra en el servicio de limpieza (27.000 jornadas de trabajo), con especial acumulación en marzo y abril.
Cinco años después, la Oficina Andaluza Antifraude acaba de confirmar que el ayuntamiento computó y pagó horas extra por encima de sus posibilidades; tantas, que suponen una “imposibilidad física”, por lo que le pide que abra una investigación interna y depure responsabilidades, llevándolo al Tribunal de Cuentas si es necesario.
“La realización de las horas extraordinarias que reconoce el Ayuntamiento (por encima de las mil en los casos transcritos, aunque hay un gran número de empleados con cifras muy cercanas) implican prácticamente el doble de la jornada máxima legalmente establecida. Es una imposibilidad física que un trabajador a jornada completa desarrolle de forma extraordinaria otra jornada completa en el mismo periodo de tiempo”, señala la resolución a la que ha tenido acceso este medio.
Antifraude apunta a la falta de control del Departamento de Recursos Humanos de Marbella (a pesar de los avisos lanzados por el Interventor) y sospecha que estos pagos no tenían que ver con los servicios laborales: “El alto número de gratificaciones extraordinarias por conceptos como festivos, trabajos nocturnos… inducen a pensar en la posibilidad de que se estén usando para retribuir otros conceptos que no responden a esas causas”.
En su día, los sindicatos CGT y SEPMA deslizaron la posibilidad de que el consistorio gobernado por Ángeles Muñoz (PP) estuviese “inyectando” dinero a algunos trabajadores en la órbita del partido justo antes de las elecciones municipales de mayo de 2019.
Por todo esto, Antifraude pide al consistorio que abra una investigación interna para “depurar responsabilidades”, que haga una “revisión pormenorizada” de los abonos de horas extra para pedir el “reintegro/recuperación de haberes indebidamente percibidos”, y que “evalúe” si todo esto no le obliga a pedir “responsabilidad contable” ante el Tribunal de Cuentas. También le pide que analice su estructura salarial “para determinar si los conceptos extraordinarios que se abonan de forma recurrente” son legales.
El consistorio no ha respondido al cuestionario en el que este medio le preguntaba por el cumplimiento de las medidas exigidas en esta resolución de Antifraude.
El pago de estas cantidades desorbitadas de horas extra ha supuesto al ayuntamiento un notable desembolso de dinero público. Si cada hora extra se pagan a un 50% más, las 188.849 generadas de enero a agosto de 2019 tuvieron un coste aproximado de 4,8 millones de euros.
La práctica se habría prolongado desde 2019 al menos hasta 2023. Diego López es el edil responsable desde 2017. Este edil, que comenzó como chófer de Ángeles Muñoz, es aquel que fue grabado por los investigadores de la UDEF aconsejando por teléfono a Joakim Broberg (hijastro de la alcaldesa y procesado por narcotráfico y blanqueo) que aprendiera de su padre a no tratar ciertos asuntos por teléfono. En junio de 2023 López sumó a las responsabilidades de Medio Ambiente y Playas a las de Limpieza y Obras, que ya tenía.
Tras una denuncia de Fiscalía, en 2020 ya tuvo que declarar ante un juzgado de Instrucción por un caso de presunto enchufismo: el servicio de Limpieza había contratado cerca de un centenar de trabajadores, ignorando las bolsas previamente constituidas, y entre ellos había una decena de familiares de López, de los miembros del tribunal o de capataces. Tal y como informó este medio en su día, muchos trabajadores lograron luego retener de forma indefinida su empleo (inicialmente temporal), demostrando que desempeñaban trabajo “ordinario y habitual”. Es decir, lograron una plaza para siempre evitando unas oposiciones y mediante una bolsa que el fiscal consideraba fraudulenta. El caso fue archivado contra el criterio del fiscal.
La resolución de la Oficina Antifraude culmina por ahora una denuncia formulada por el sindicato CGT, que apreciaba indicios de fraude, corrupción, conflicto de intereses y malversación de fondos públicos. La Oficina abrió una investigación y ha acabado concluyendo que todo lo que rodea a las horas extra del servicio de limpieza marbellí apunta a irregularidades.
La resolución analiza los listados de horas extra cargadas entre enero y agosto de 2019, cuando seis empleados cargaron entre 1.000 y 1.317 horas cada uno, lo que supone entre 125 y 165 jornadas añadidas (en cada uno de los casos) en un periodo que tiene unas 200 jornadas laborales. Es decir, cada uno de esos trabajadores habría realizado, además de sus jornadas laborales comunes, al menos otro tanto en horas extra en el plazo de ocho meses. No hay días para tantas jornadas de trabajo.
Antifraude constata un descenso en las horas extraordinarias por trabajador en 2020 y años siguientes, pero aún así hay una decena de empleados a los que se les paga entre 200 y 1000 horas extra por año. La cifra podría ser incluso mayor porque hay conceptos “análogos” que el ayuntamiento también pagaba, pero no aparecen computados como horas extra en los listados. Algunos tienen reconocidas gratificaciones por trabajos extraordinarios en días festivos, de fiesta mayor, nocturnos… “en cantidades equivalentes a horas difícilmente justificables en el periodo de tiempo referenciado”, dice la resolución.
Lógicamente, todos estos ejemplos desbordan ampliamente los límites legales para el cómputo de horas extraordinarias, que el Estatuto de los Trabajadores limita a 80 por año a no ser que haya “razones de prevención o reparación de siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, o a que no se computaran las horas extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización”.
“Ninguna de estas dos razones es expuesta en el informe de la Delegación de Limpieza de 14 de junio de 2023, donde sólo se argumenta el carácter voluntario que posee la realización de las horas extraordinarias para el trabajador”, observa la Oficina Antifraude, que recuerda que la Intervención municipal ha emitido diversos reparos y una “multitud de informes” en los que alerta sobre el “imposible control” de estas horas y se insta a corregir las anomalías.
“De la exposición que hace la intervención, se deduce que el Departamento de Recursos Humanos no efectúa ningún control sobre la realidad del contenido de los informes que le llegan de los servicios cuyos empleados realizan horas extraordinarias”, concluye Antifraude, que insta al consistorio a poner fin al descontrol.
El ayuntamiento siempre ha sido consciente de esta situación. En su día, CGT llevó el asunto a Fiscalía, que lo archivó, y SEPMA presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo, que a finales de 2021 sancionó al consistorio. Un año después, la Inspección constató la “existencia de persistencia continuada en la comisión de una infracción”, y propuso elevar la sanción al máximo posible, 7.500 euros, ante la falta de respuesta del ayuntamiento.
ElDiario.es preguntó por este asunto en reiteradas ocasiones en agosto de 2020, porque resultaba inverosímil que el consistorio pagase a un trabajador en un mes más horas extra que horas tiene un mes. Entonces, el consistorio dio hasta tres explicaciones diferentes, y acabó despachándolo como un “error”, una explicación insuficiente porque este medio disponía de diversa documentación que demostraba que los pagos eran una práctica sistemática y consciente del propio consistorio, a pesar de las advertencias.
No había error, y sí una práctica habitual e irregular en el servicio de limpieza que ahora corrobora la Oficina Antifraude.
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