Asociaciones de afectados acusan al director del Instituto Nacional de la Silicosis de priorizar los intereses empresariales sobre la salud

Varias asociaciones de afectados por la silicosis han pedido la dimisión de Luis Díaz López como director del Instituto Nacional de la Silicosis (INS). Las asociaciones, agrupadas en la plataforma Stop Silicosis, le han remitido una carta en la que le acusan de defender una postura contraria a la salud de los trabajadores en la tramitación de la norma que fijará los límites de exposición al polvo de sílice, que genera silicosis. El INS pidió que se tuviera en cuenta el impacto económico que tendría sobre la minería reducir los límites máximos. Las asociaciones avanzan que, si no dimite, pedirán su cese a las autoridades de Salud del Principado de Asturias, del que depende.

La queja de las asociaciones de afectados tiene su origen en la errática tramitación de un decreto con el que España debe transponer la normativa europea sobre protección de los trabajadores. La norma fija los valores máximos de exposición laboral a tres agentes, entre otros a la sílice cristalina. Las partículas de este material han provocado un aumento de enfermos y fallecidos por silicosis que trabajan en marmolerías, hasta el punto de que en los últimos años la silicosis se ha convertido en la principal enfermedad profesional de Andalucía, según la Consejería de Salud.

La norma fija el mismo límite para todas las industrias. Inicialmente, la pretensión del Gobierno era unificar el límite en 0,05 mg/m3/jornada, que rige para las marmolerías desde 2015. Sin embargo, el último borrador regresa al límite de 0,1 para todos los sectores. Esto es el doble del límite fijado desde 2015 para las marmolerías, donde se están produciendo decenas de nuevos casos de silicosis. Así, mientras que en este sector el límite se subiría, pasando de 0,05 a 0,1, en las industrias mineras extractivas seguiría siendo de 0,1.

Afectados: “Ni siquiera consultaron a las asociaciones”

En la memoria de impacto normativo que acompaña al borrador, a la que ha tenido acceso este medio, se señala que la fijación del límite en 0,1 sigue el criterio del Ministerio para la Transición Ecológica, el Instituto Nacional de Silicosis y “todas las organizaciones empresariales”.

La memoria recoge los argumentos del INS, que aportó consideraciones médicas y “otra serie de consideraciones técnicas, en las que se incluye la situación del sector extractivo y los aspectos prácticos de aplicación”. El INS apuntó al impacto económico que podría tener la reducción de los límites máximos en el sector minero y solicitó que se valorara para incluirlo en la memoria.

Para la Plataforma, integrada por ocho asociaciones de afectados por silicosis, el INS antepone “los resultados económicos de esas empresas a los valores de salud de sus trabajadores”. “Entra en contradicción con sus principios, y abandona la ética y la razón de su creación, convirtiéndose en una oficina de defensa del sector minero y extractivo”, señala la carta. “No confiamos en ellos”, explica a Francisco Torrico, portavoz de la plataforma. “Son los primeros que tienen que pedir siempre que el índice sea cero, y ni siquiera consultaron a las asociaciones”.

Luis Díaz, director del INS, se puso en contacto con la plataforma para ofrecer explicaciones. “Nuestro punto de vista no es diferente de los afectados. Nuestra posición es que el valor límite sea lo más bajo posible”, señala Díaz, que asegura que el INS suscribe un informe, pero no los términos de la memoria. El INS es centro de referencia nacional de prevención técnico-sanitaria de las enfermedades profesionales del sistema cardiorrespiratorio y órgano asesor de higiene en la Comisión de Seguridad Minera.

Contra el criterio del INSST y sindicatos

Tal y como adelantó eldiario.es/Andalucía, el último borrador del Gobierno prevé duplicar los valores máximos de exposición en industrias como las marmolerías hasta 0,1 mg/m3/jornada de trabajo, en contra del criterio de los sindicatos y del Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el órgano científico técnico de la Administración para la prevención de riesgos laborales. Y ello pese a que durante toda la tramitación del decreto se mantenía el límite actual, fijado desde 2015 en 0,05 mg/m3/jornada de trabajo.

España tiene actualmente unos límites inferiores, y podía optar por subirlos para adecuarlos a la directiva europea o mantenerlos, siguiendo el criterio del INSST o la Organización Mundial de la Salud. Países como Portugal o Italia o la entidad de higiene laboral referencia en Estados Unidos recomiendan incluso un límite máximo de 0,025 mg/m3/jornada.

El Ministerio no ha contestado a las preguntas sobre la tramitación del decreto, aunque los afectados, que se reunieron con parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos la semana pasada, aseguran que ya ha superado el trámite del Consejo de Estado.