El Ayuntamiento de Marbella se niega a suprimir datos biométricos recabados bajo presión a sus empleados
![Archivo - Imagen de archivo del arco de entrada a Marbella.](https://static.eldiario.es/clip/a8744993-d2dc-493a-a137-aaad9dffca49_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
El Ayuntamiento de Marbella presionó a sus trabajadores para que cedieran su huella dactilar y sus rasgos faciales para el sistema municipal de control horario, hasta el punto de que algunos de ellos se están viendo obligados a litigar para recuperar el control de sus datos biométricos. Este medio dispone de documentación que acredita cómo el consistorio implantó el sistema de reconocimiento facial sin dar alternativa y abrió expedientes sancionadores a dos trabajadores que se negaron. En otros cinco casos, al menos, se negó a suprimir el registro de esos datos, por lo que los trabajadores han acudido a la justicia.
El consistorio aseguró la semana pasada que el sistema era “voluntario” para sus más de 4.000 de empleados, justo después de suspenderlo tras la apertura de un expediente sancionador por el Consejo de Transparencia, después de dos años aplicándolo y tras gastar en él más de 171.000 euros. “Ante las dudas que plantea el Consejo de Transparencia, a pesar de considerar que el sistema biométrico en el registro de jornada es el más adecuado por las garantías que ofrece en cuanto al fraude y a la comodidad del trabajador (…) el Consistorio ha decidido optar por retirar el sistema biométrico, que hay que recordar que era voluntario para los empleados municipales, y mantener el manual”, señaló el ayuntamiento. Consultado nuevamente por elDiario.es, el Ayuntamiento insiste: “Como todo el mundo sabe desde su apuesta en marcha, es un método voluntario”.
“No es cierto”, rebate José Montesinos, secretario general del sindicato SEALS: “La gran mayoría de la plantilla no dio los datos voluntarios, sino bajo amenazas. En la Policía, a quien no quería dar los datos le amenazaban con no abonar la nómina mensual”. Lo mismo señala José Luis Gutiérrez, secretario general de SEPMA.
Pleito para cancelar el registro de los datos personales
Cinco agentes municipales, representados por SEALS, pleitean ahora para recuperar el pleno control de sus datos. Estos empleados públicos pidieron al ayuntamiento la supresión de “cualquier dato biométrico recabado sobre su persona” a finales de 2023, invocando el Reglamento de Protección de Datos.
El ayuntamiento se negó, asegurando a su vez que había una excepción a la prohibición genérica de recopilar este tipo de datos en aquellos casos en que “el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones”, según la resolución a la que este medio ha tenido acceso.
El razonamiento del consistorio era que no podía controlar el cumplimiento de los horarios si no hacía a sus trabajadores fichar mediante huella dactilar o técnicas de reconocimiento facial. “Pero podía seguir haciendo el control a través de sistemas internos, de la app o de la web del ayuntamiento, que son métodos menos invasivos”, rebate Montesinos. De hecho, así lo hace desde hace una semana.
Cuando el ayuntamiento rechazó cancelar sus datos, cada uno de los cinco trabajadores interpuso una demanda ante los tribunales. “Cada persona es titular de sus datos para toda la vida. Se pueden ceder y luego pedir el borrado”, subraya Montesinos, quien abre la puerta a posibles reclamaciones económicas si los tribunales les dan la razón. Los dos primeros juicios por este asunto están previstos para mayo y junio.
Presiones en la Policía Local y expedientes en limpieza
Este medio ya informó hace un año de la conflictividad que había generado el sistema, sobre todo en la Policía Local de Marbella. En noviembre de 2023, la Agencia de Protección de Datos publicó una nueva guía que restringía enormemente la recopilación y uso de datos biométricos, dejando fuera de juego el sistema por el que había apostado Marbella. Sin embargo, el consistorio siguió adelante, insistiendo a sus empleados mediante instrucciones internas para que se prestaran a la toma de datos.
Así, en diciembre de 2023 el Intendente Jefe de la Policía Local envió una instrucción a toda la plantilla convocándola a la toma de huellas y un escáner facial, en tono imperativo y sin hacer alusión alguna a la supuesta voluntariedad del sistema. Días después, el mismo mando avisó de que el sistema quedaría implantado a partir del 1 de enero, nuevamente sin mención de que los trabajadores pudiesen seguir optando por otros sistemas alternativos de fichaje.
Meses antes, el ayuntamiento había abierto dos expedientes disciplinarios a dos trabajadores del servicio de limpieza, por “negarse a realizar los fichajes de entrada y salida de la jornada laboral, mediante los medios habilitados por el Ayuntamiento”. El consistorio ha explicado a este medio que se trataba de que utilizaran la app, pero que el expediente no tenía relación con los datos biométricos. Sin embargo, en el pliego de cargos, al que este medio ha tenido acceso, se les imputa que se negaran “a realizar la toma de datos biométricos”.
En su descargo, los trabajadores aportaron su hoja de firmas. No se negaban a fichar, sino que querían hacerlo a la manera habitual o, al menos, no entregar sus rasgos faciales, “manteniéndose en su postura de solo permitir la toma de huella y no de biometría facial, decidiendo continuar con el sistema antiguo de fichaje, a pesar de haber sido informado en comparecencia que los partes de firmas no eran el medio válido de fichaje y que ya no se encontraban vigentes como sistema de control”, según el pliego de cargos.
Los trabajadores se exponían a una posible suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años. El ayuntamiento no ha aclarado qué ha pasado con esos expedientes, aunque asegura que no se ha sancionado a ningún empleado público en relación con el sistema biométrico.
170.000 euros por el sistema
El ayuntamiento marbellí gastó 171.299,70 euros en contratar la instalación y servicio por este sistema. Era el año 2021 y lo justificó en la pandemia: se trataba, decían los pliegos, de modificar los sistemas de control efectivo de la jornada laboral con la “aplicación de nuevas tecnologías que faciliten la protección frente al coronavirus”. Ya había máquinas de huellas dactilares, así que se buscaba implantar sistemas de reconocimiento facial, o el acceso mediante dispositivos móviles de uso personal o tarjetas NFC.
En los pliegos no se recoge ninguna cláusula que sujete el contrato al cumplimiento de la normativa de protección de datos. Por entonces, la Agencia no había publicado la nueva guía y la recopilación de estos datos era más laxa en España que en el resto de Europa, algo que cambió mientras Marbella completaba su implantación para toda la plantilla.
El contrato fue a parar a Atisoluciones Diseño, S.L., y obligaba a instalar 150 terminales de reconocimiento, a 750 euros cada unidad, además de a un servicio de mantenimiento. Expiraba en 2023, aunque era prorrogable a 2024 y 2025 si se abonaban 28.549 euros por cada una de esas anualidades.
Posible sanción de competencia
Tras adjudicar el contrato en junio de 2021, la implantación del sistema de control biométrico se produjo a lo largo de 2022 en la mayoría de las dependencias municipales. Pero tanto SEPMA como SEALS llevaron el asunto ante Transparencia, por entender que el sistema vulnera el artículo 18.4 de la Constitución que señala: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
En España, el uso de estos sistemas quedó muy restringido cuando la Agencia de Protección de Datos aprobó una nueva guía en noviembre de 2023, adaptando al fin una directriz europea que ya se aplicaba en la mayor parte del espacio comunitario. Desde entonces, “el responsable [de los datos, aquí el Ayuntamiento de Marbella] debe contar con una norma con rango de ley que autorice específicamente utilizar datos biométricos para dicha finalidad”, según su lee en esa guía. Los biométricos se consideran, además, datos “de alto riesgo”.
Sin embargo, y pese a las advertencias sindicales, el Ayuntamiento de Marbella hizo caso omiso del documento y no sólo mantuvo el sistema que ya aplicaba en la mayoría de los departamentos, sino que lo extendió a la Policía Local. Otros lo vieron venir y pararon a tiempo: tras reunirse con los sindicatos, el ayuntamiento de Estepona canceló su puesta en marcha, que ya tenía programada.
La semana pasada se supo que Transparencia ha incoado un expediente sancionador por esta práctica contra el ayuntamiento marbellí, que reaccionó anunciando la suspensión del sistema, pero dejando la puerta abierta a recuperarlo en el futuro.
1