El 13 de marzo de 2007 decenas de personas entraron en un antiguo edificio decimonónico y abandonado del centro de Málaga, que años antes había servido de sede a una sala de fiestas y que el Ayuntamiento había expropiado al precio final de 3,8 millones de euros. Aquella ocupación festiva derivó en poco tiempo en un “centro social y cultural de gestión ciudadana”, al que se llamó La Casa Invisible.
En once años de existencia, la Invisible ha sido una de las vanguardias de la oferta cultural de una ciudad entregada a una imagen de marca, la ciudad de los museos. La Invisible también ha sido germen y nicho de movimientos sociales que han planteado relaciones con el espacio público alternativas al modelo dominante, que en el Centro Histórico de Málaga pasa por un acelerado proceso de turistificación. El Centro se despuebla y se llena de apartamentos turísticos, bares y terrazas. Frente a esto, la Casa Invisible alberga las asambleas de la PAH o del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga, entre otros muchos grupos y asociaciones.
El Ayuntamiento ha tenido una relación turbulenta con el proyecto. Primero lo ignoró, luego lo reconoció, más tarde se sumió en el silencio, luego pareció mirarla con mejores ojos y entabló negociaciones. La declarada intención del Consistorio (con los votos de PP y Ciudadanos) de acabar con La Invisible ha motivado que diversas personalidades hayan suscrito un manifiesto en su apoyo. Amanda Romero, abogada y portavoz de La Invisible, cree que el Ayuntamiento ha realizado un “viraje de 180 grados”, pero no es la primera vez.
El protocolo de intenciones de 2011
El Ayuntamiento suscribió su primer reconocimiento de La Invisible cuatro años después de la ocupación. El 17 de enero de 2011 firmó un protocolo de intenciones con el Museo Reina Sofía y tres asociaciones de La Casa Invisible. Aquel acuerdo autorizaba el uso “transitorio” del local para actividades culturales y sociales, y dejó una foto del alcalde entregando las llaves a los activistas. Al cabo de un año debían reunirse para renegociar la situación con dos alternativas: la firma de un Convenio “para el desarrollo del proyecto cultural a medio plazo”; o, si no se cumplían los objetivos, el desalojo voluntario.
No ocurrió ni una cosa ni otra. Expirado el protocolo, La Invisible obtuvo el visto bueno de Cultura a la cesión, se pidió informe jurídico previo a la aprobación… y ahí paró todo. El Ayuntamiento adujo que el informe jurídico impedía ceder el espacio a quien lo había ocupado, pero los activistas denunciaron que nunca vieron el supuesto informe. Desde entonces, La Invisible ha operado sin título legal para la ocupación del espacio, o en precario.
Después de dos años, los técnicos municipales concluyeron que el edificio no se adaptaba se adaptaba a los requerimientos de seguridad y el Ayuntamiento ordenó el cierre cautelar del inmueble durante la Nochebuena de 2014. El alcalde, Francisco de la Torre (PP), declaró que había tolerado una situación “de hecho y no legal”, aunque en realidad el Consistorio había ignorado varios escritos de la Casa Invisible para reunirse. Ante las protestas que generó la decisión, el patio fue reabierto después de obtener los certificados pertinentes, pero el resto del inmueble quedó cerrado a actividades públicas. Así sigue.
Durante la primera mitad de 2015, el alcalde atraviesa su primera fase de dudas. Primero dice que quiere sacar a concurso el uso del inmueble, pero en septiembre de 2015 anuncia a los activistas y a los grupos políticos que va a iniciar los trámites para la cederles directamente el espacio, según asegura Romero. En octubre de 2015 el alcalde declaró lo siguiente: “Siempre he mencionado el concurso como una de las posibilidades, pero ahora mismo estamos más centrados en la alternativa de la cesión directa”.
Las condiciones del alcalde eran, fundamentalmente, dos: de un lado, que una Fundación creada por los activistas pudiese convertirse en cesionaria del inmueble, para lo cual el ayuntamiento la declara de utilidad pública municipal. Y por otro, que se planteara un proyecto básico de rehabilitación del edificio. Ese proyecto lo realizó un equipo dirigido por José Manuel López-Ossorio, profesor de la Escuela de Arquitectura, y se presentó a los responsables de Urbanismo en julio de 2016. “A partir de ahí volvemos a 2012”, comenta Amanda Romero. Más allá de las reuniones técnicas, el proceso volvió a quedar estancado durante un año, hasta el otoño de 2017.
El cambio de criterio: una horca y un coloquio con exmiembros del GRAPO
Todo cambia con la exposición La Guerra. Espacios-tiempos de conflicto, donde se presenta una obra, que se coloca inicialmente en la fachada y luego se retira. Se trata de una bandera de España anudada en forma de horca. Eran los días posteriores al referéndum en Cataluña, y Ciudadanos decide llevar a Pleno una moción para que el edificio y su gestión salgan a concurso. “El Ayuntamiento no ha tomado decisiones por el complejo del alcalde y no ha solucionado el problema de legalidad”, dice Alejandro Carballo, concejal de Ciudadanos. “Nosotros estamos por la cultura, pero no a cualquier precio”, añade.
“Nuestra sorpresa es que el PP apoyara la moción”, lamenta la abogada de La Invisible, meses después. Los activistas creían que la decisión de optar por la adjudicación directa era firme, pero ante la presión de Ciudadanos, el alcalde reculó esgrimiendo de nuevo el informe jurídico que impediría su cesión a los activistas, y que en realidad tan sólo exige justificar el interés general de la decisión que se adopte. Una nueva actividad en torno a la libertad de expresión, que contaba con la presencia de dos expresos del GRAPO, calificada como “intolerable” por Ciudadanos y luego cancelada, acelera el proceso de desalojo y el inicio del concurso.
El ayuntamiento aduce que se ha incumplido de manera sistemática la orden de no realizar actividades de libre concurrencia porque se realizan actividades en el patio. “La paradoja es que han consentido esa situación, no han resuelto en tres años un recurso que se interpuso para levantar la medida en relación al patio, y llevan todo este tiempo planteando actividades en relación al MAF (Málaga de Festival)”, explica Romero, que asegura que “jamás” se ha notificado denuncia alguna. Este año, como en los dos anteriores, el Festival de Málaga ha programado actividades en el patio previas al festival, con la publicidad activa del ayuntamiento.
“Cada vez que estamos a punto de llegar a un acuerdo el ayuntamiento empieza a bloquearlo, a la espera de cualquier hecho circunstancia que le ayude a intentar justificar por motivos técnicos el desalojo del espacio, porque no se atreve por motivos políticos”, concluye la abogada. El caso es que no se sabe muy bien qué quiere el consistorio para este espacio. “Si insisten en que el adjudicatario se haga cargo de la rehabilitación van a tener que autorizar que haga algún uso mercantil, y a eso nos tiene acostumbrados el ayuntamiento”. El edificio tiene un grado de protección dos, que permitiría mantener la fachada y tirar casi todo lo demás.
“Nosotros insistimos en que prevalecen los acuerdos alcanzados, que no hay nada que impida que se ceda el espacio, y que el acuerdo plenario es una voluntad política pero no necesariamente ejecutable”, advierte Romero. La Invisible ha recurrido la resolución que inicia el expediente de desalojo, pero la cuestión, más que jurídica, sigue siendo política: todo depende de lo el alcalde y su equipo quieren para ese edificio y para la ciudad.