El 7 de noviembre el grupo municipal del PSOE pidió por escrito al ayuntamiento de Marbella todos los expedientes de obras adjudicadas por el consistorio a Codecosol, una empresa del presunto testaferro de Joakim Broberg (hijastro de la alcaldesa) a la que Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, considera una “tapadera” para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Desde entonces han pasado cinco meses, pero el equipo de gobierno no ha entregado ni un solo documento al principal grupo de la oposición, que ha acudido a los tribunales para hacer valer el derecho de sus concejales a acceder a la información municipal.
El último episodio a cuenta de los papeles de Codecosol se vivió la semana pasada y tuvo continuidad en esta. El Miércoles Santo, durante un caldeado Pleno Extraordinario convocado por la oposición para exigir a la alcaldesa aclaraciones sobre su patrimonio, el concejal del PP Javier García blandió un documento con el que presuntamente demostraba que la Fiscalía se estaba oponiendo al recurso judicial del PSOE para acceder a la documentación de Codecosol. Luego, el PP difundió una nota de prensa titulada “La Fiscalía da el enésimo varapalo a Bernal [portavoz del PSOE]”.
En realidad, el documento de Fiscalía, que García mostró de lejos y ofreció a quien quisiera consultarlo, correspondía a un procedimiento y a un juzgado diferente al que estudia la reclamación de los socialistas. El también concejal Félix Romero lo admitió una semana después, achacándolo a un “error” y la “confusión”. Sin embargo, el PP marbellí sigue informando en su web como si fuese cierto que la Fiscalía se alinea con sus tesis. Los socialistas acusan a los populares de “trileros”, y lo cierto es que la Fiscalía no se ha pronunciado.
Encontrar los contratos es “complejo”
Desde hace cinco meses, el equipo de gobierno liderado por Ángeles Muñoz ha desplegado un arsenal de justificaciones, documentos y recursos, entregados a la oposición o al juzgado, para explicar por qué no facilita los papeles de los (al menos) cinco contratos que firmó con Codecosol, por valor de 642.000 euros, como mínimo. Según el PSOE, se trata de excusas que torpedean su derecho.
Hasta ahora, todo lo que ha conseguido el PSOE es una respuesta en la que le dicen que encontrar los contratos con la supuesta tapadera de la trama que afecta a familiares de la alcaldesa es “complejo”. En un escrito remitido de finales de noviembre, Lourdes Martín-Lomeña, jefa del servicio de contratación y muy unida a Muñoz, explicaba que no encuentra los papeles porque el ayuntamiento tramita un “número ingente” de contratos, la mayoría sin informatizar, y que al estar en formato papel y en “diferentes archivos municipales” (en negrita en la respuesta), la búsqueda “está siendo más compleja de lo esperado”. Dos meses después, el concejal Félix Romero anunció que contratarían un servicio de digitalización para los expedientes anteriores a 2017, del que nada ha vuelto a saberse.
El ayuntamiento ha dado también otra explicación hasta cierto punto contradictoria con la primera. Alega que la búsqueda de cualquier expediente que conste en los archivos vinculado a una empresa excede del derecho a la información y hace la tarea imposible en la práctica, porque tramita entre cinco y seis mil contratos menores al año. Buscar los de Codecosol implicaría paralizar el servicio de contratación, según el consistorio, que tiene unos 3.800 empleados. “Lo solicitado implica tener que buscar, por los diferentes archivos, caja por caja, extractando los expedientes de contratación año por año, e intentado buscar los referidos a la citada mercantil, todo ello ante miles de expedientes”. Es decir, que la tarea no sólo “más compleja de lo esperado”, sino inasumible desde el punto de vista legal y práctico.
El PSOE advierte de una posible querella
Hay al menos cinco contratos entre el ayuntamiento de Marbella y Codecosol, suscritos entre 2011 y 2015, y desvelados por este medio, pero podrían ser más. Esta empresa está administrada por Nils Fischer, procesado por la Audiencia Nacional junto a, entre otros, Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, por pertenecer presuntamente a una organización internacional dedicada al narcotráfico. Fischer presumía en su perfil de Linkedin de ser “uno de los principales contratistas del Gobierno local” de Marbella, y los investigadores concluyeron que usaba esa empresa para blanquear dinero del narcotráfico. Fischer sería “hombre de confianza” y “testaferro” de Broberg, presunto líder de la organización en la Costa del Sol.
El PSOE pidió dos veces por escrito al consistorio en las que solicitaba los expedientes de todos los contratos con Codecosol desde 2007. A la vista de las dificultades para obtener los documentos de forma directa, los socialistas acudieron a los tribunales planteando un contencioso para la protección de los derechos fundamentales de la persona. Se trata de un proceso teóricamente rápido, que aquí se plantea contra la inacción municipal: mediante el silencio, el ayuntamiento estaría impidiendo el acceso a documentación a los concejales de la oposición. El juez requirió la entrega del expediente de solicitud de información, pero no de los contratos en sí.
La oposición observa una voluntad sistemática de entorpecer su labor fiscalizadora. En el Pleno extraordinario, tanto los populares como Ciudadanos votaron en contra de la moción socialista que solicitaba la entrega de la documentación “Estamos considerando poner una querella por prevaricación, por negarnos el acceso a un derecho fundamental”, advierte José Ignacio Macías, concejal socialista.
Implícitamente, la Fiscalía también apunta en esa línea en su último escrito ante el juzgado, al señalar que el motivo del consistorio para recurrir la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo del PSOE “carece de relevancia y apoyo legal”. Los abogados del ayuntamiento de Marbella solicitaron fuera de plazo la inadmisión del recurso socialista, alegando que son un despacho externo que acababan de recibir el expediente.
En todo caso, el juez no ha requerido los expedientes de contratación. De momento, tan solo debe valorar si el ayuntamiento está vulnerando el derecho de información de sus concejales entorpeciendo su acceso a documentación.