- La ruptura del pacto con Ciudadanos, la citación judicial de dos concejales y las salidas hacia el gobierno de la Junta de Andalucía debilitan a De la Torre a tres meses de las elecciones
El alcalde de Málaga, el veterano Francisco de la Torre (PP), acaba de dejar atrás su particular semana horribilis. Se le recuerdan pocas rachas peores, a cuenta de asuntos que vienen gestándose desde hace mucho tiempo sin que los haya resuelto. La demora le sitúa ahora ante el peor escenario en el peor momento posible: a las puertas de unas elecciones con un equipo de Gobierno mermado, con dos concejales investigados y una negociación encallada.
Primero fueron los nombramientos de dos concejales como nuevos altos cargos de la Junta de Andalucía; después, la llamada de un juzgado para que otros dos concejales, Francisco Pomares y Teresa Porras, declaren como investigados en un asunto de presunto tráfico de influencias; más tarde, la decisión de Ciudadanos de dar por roto su pacto con el PP; y por último, la difusión de unas grabaciones en las que se oye al gerente de Limasa y a la concejala Porras negociar con los trabajadores el futuro de la empresa de limpieza y recogida de basuras. Todo, en apenas diez días, que están entre los peores que se le recuerdan en sus cinco legislaturas de mandato.
En las grabaciones, emitidas por la Cadena Ser, el gerente Rafael Arjona insinúa a los trabajadores de Limasa la posibilidad de mantener una polémica cláusula de su convenio que permite heredar los puestos de trabajo, incluso cuando se municipalice la empresa. A cambio, les pide discreción: “Cuando veamos que hay silencio se pactará, pero mientras no haya silencio no puedo comprometerme a pactar nada”.
El convenio colectivo de Limasa permite heredar el puesto de un trabajador que se jubila, fallece o recibe la declaración de incapacidad. Esto es posible porque es una empresa mercantil, aunque esté participada por el ayuntamiento al 49%. Si pasase a ser 100% pública esa posibilidad sería ilegal.
La Cadena Ser, que dispone de un bruto de más de hora y cuarto, ha informado de que Arjona menciona nueve veces la posibilidad de que los puestos sigan heredándose. En cinco ocasiones, según la Ser, pide “discreción” o “silencio”. Después, sugiere que en otras empresas públicas como EMASA (aguas) y EMT (transporte) se siguió un proceso similar. De fondo, Teresa Porras añade que “tienen que hacer un examen”.
Las grabaciones se realizaron en una reunión celebrada el 7 de febrero entre la concejala Porras, el gerente Arjona y algunos trabajadores.
El respaldo de De la Torre
Francisco de la Torre ha tardado toda la legislatura en decidir que quiere municipalizar Limasa, cuyo futuro debía haberse resuelto antes de 2017, cuando expiraba el actual contrato. Sin embargo, el contrato se prorrogó y la solución se fue demorando, provocando fricciones en su equipo de gobierno, disputas judiciales con el comité de empresa y una huelga.
Hasta el 15 de febrero, cuando se dieron por rotas las negociaciones, Porras y Arjona venían celebrando reuniones con los trabajadores para explicarles las condiciones en las que se realizaría una eventual municipalización. En uno de esos encuentros se grabó el audio, que inmediatamente desató una nueva tormenta política. Daniel Pérez, portavoz del PSOE, habló de “chanchullos” y de “actitudes poco legales”, y pidió el cese de Porras como concejala responsable de Limasa.
Por su parte, el alcalde respaldó este viernes a Arjona y Porras, porque dijo que conoce cómo piensan de verdad: aunque insinúen otra cosa en los audios, el alcalde dice estar convencido de que ambos creen, en realidad, que a los puestos públicos debe accederse en condiciones de igualdad, por mérito y por capacidad. Para el regidor, hay extractos que no se oyen bien y que matizarían las polémicas afirmaciones y promesas que Arjona hizo en presencia de la concejala.
Pleno extraordinario, sí; moción de censura, no
Precisamente Teresa Porras es también protagonista del otro gran quebradero de cabeza de la semana para De la Torre. Porras, Francisco Pomares (concejal de ordenación del territorio) y José Cardador (Gerente de Urbanismo) han sido citados a declarar como investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El juez quiere aclarar si facilitaron por acción u omisión el archivo de decenas de expedientes de infracción urbanística abiertos a los vecinos de Villas del Arenal.
Este asunto ha provocado la ruptura del acuerdo de investidura con Ciudadanos, que hasta ahora había sostenido muchas de las iniciativas del gobierno popular. Desde que Juan Cassá, portavoz naranja, anunciara la ruptura este lunes, Ciudadanos ha votado en contra la expropiación de unos terrenos que iban a servir para que la Universidad Católica de Murcia implantase parte de un nuevo campus universitario vinculado al deporte. También está en el aire el apoyo a los Presupuestos, a pesar de que Ciudadanos y PP pactaron su contenido a finales de diciembre.
Todos los grupos de la oposición piden el cese de Porras, Pomares y Cardador, pero De la Torre se niega. El asunto dará lugar a un Pleno extraordinario, que el regidor debe fijar antes de la primera semana de marzo. El rechazo a los concejales investigados y la ruptura del pacto Ciudadanos-PP no cuajará en una moción de censura porque ni PSOE ni Ciudadanos la ven eficaz a tres meses de las elecciones, pero sí caldeará el ambiente en el tramo final de mandato más amargo que recuerde De la Torre.