El artista urbano Invader, investigado por el juzgado de Instrucción 6 de Málaga por colocar sus mosaicos en puntos declarados Bien de Interés Cultural, ha implicado en el supuesto delito contra el patrimonio histórico a Fernando Francés, ex alto cargo de la Junta de Andalucía. Francés siempre ha negado que conociese las intenciones de Invader de colocar sus mosaicos, a pesar de que fue el Centro de Arte Contemporáneo (que por entonces dirigía) quien invitó al artista para preparar una exposición. Invader ha aportado correos electrónicos que desmienten a Francés, y prueban que la intervención artística fue concertada. Ambos, Invader y Francés, están siendo investigados.
En la primavera de 2017 Invader colocó 29 mosaicos en diversos lugares de Málaga, incluidos 15 en varios puntos del Centro Histórico, catalogado en su conjunto como Bien de Interés Cultural, uno en el Palacio de Salinas y otro en el Palacio Episcopal, que son inmuebles protegidos. La acción motivó la queja inmediata del Obispado, sobre cuya sede se había colocado una flamenca de ocho bits, y la presentación de una querella por la Fiscalía por un posible delito contra el patrimonio histórico.
Fernando Francés era entonces director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC), y había programado una muestra de Invader para la temporada siguiente. Durante los días en que el artista llevó a cabo su “invasión”, Francés publicó fotos con él y cuando saltó la polémica defendió que se trataba de una intervención valiosa para la ciudad. Sin embargo, nunca admitió que hubiese actuado en connivencia con Invader, y su abogado pidió el archivo de la causa contra él, lo que ahora es rechazado por el juez.
Invader declaró por videoconferencia el pasado septiembre después de tres intentos fallidos, y ha acabado aportando al sumario correos electrónicos que demuestran la fluida comunicación que existió con el equipo del CAC para preparar su acción. Con esos documentos, el artista alega que el CAC (centro público de gestión privada) y el ayuntamiento “conocía, apoyaba y financiaba” la “invasión”.
La más polémica de las figuras, la flamenca colocada en el Palacio Episcopal, fue retirada hace un par de semanas.
Al menos cuatro correos para preparar la “invasión”
Según consta en un auto judicial adelantado por EFE y Málaga Hoy, y cuyo contenido ha podido consultar eldiario.es/Andalucía, entre el equipo de Invader y el equipo de Francés se cruzaron al menos cuatro correos electrónicos para organizar la “invasión”.
En uno de ellos, la directora del MAD de Antequera (adjudicado a la misma empresa de Francés que gestiona el CAC) preguntó por el material adhesivo para los mosaicos y ofreció ayuda para el montaje de los mosaicos; en otro se pide un coche para transportar los materiales; en otro se informa de que Francés acepta posponer “la invasión” a 2017; y en otro, ya en mayo de 2017, se anuncia la próxima invasión y se pide al equipo de comunicación del CAC que no publique ninguna foto de los “space invaders” antes de hacerla oficial.
En los correos recogidos en el auto judicial no se hace mención a los lugares donde se colocarían los mosaicos. La resolución también recoge la identidad de Invader, que hasta ahora se mantiene en el anonimato ante el público.
El PSOE pide la rescisión del contrato del CAC
Las revelaciones hechas por Invader no dejan en buen lugar a Francés, exdirector del CAC y alto cargo de la Junta de Andalucía hasta agosto. Francés fue nombrado Secretario General de Innovación y Museos de la Junta de Andalucía en febrero. Para evitar la incompatibilidad, diluyó su peso en la propiedad de la empresa adjudicataria del CAC. Lo hizo al límite del plazo legal y tras una serie de operaciones societarias opacas para ocultar que seguía vinculado a la empresa.
Francés acabó dimitiendo de su cargo en agosto, lastrado por los escándalos: a los mosaicos de Invader se sumaron la denuncia de una artista, de la que ha sido absuelto por falta de pruebas, y las críticas por la gestión de la huelga de las orquestas andaluzas.
Daniel Pérez, portavoz municipal del PSOE, pidió este jueves al ayuntamiento que rescinda el contrato con Gestión Cultural y de Comunicación, la empresa adjudicataria del CAC, que Francés dirigía y de la que fue propietario. No está claro cuál es su participación ahora. Cuatro días antes de que Francés diluyera su participación en ella, esta empresa se hizo contra pronóstico con el nuevo concurso para gestionar el CAC durante cuatro años por 13 millones de euros. Lo hizo a pesar de tener el tercer peor proyecto, superando a la empresa mejor valorada por una diferencia de once euros.
En su día, la oposición pidió la revocación de la concesión por las posibles incompatibilidades de Francés, la “trama político-empresarial” de sus sociedades y la confusión que generaba el propio pliego. “Así son los pliegos”, respondió entonces la concejala de Cultura. Pérez ha recordado esta polémica para reforzar su petición de que se rescinda el contrato.