Jueces, magistrados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia de Málaga han sido convocados a concentrarse “en defensa de la independencia judicial” frente a la sede de los juzgados de la capital de la Costa del Sol este miércoles, 15 de noviembre, coincidiendo con el comienzo del debate de investidura de Pedro Sánchez. La iniciativa parte de un acuerdo entre la presidenta de la Audiencia Provincial, el decano de los jueces de Málaga, el fiscal jefe y la secretaria coordinadora, según han informado fuentes judiciales.
La convocatoria, hecha pública “por indicación de la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga”, tendrá lugar frente a la Ciudad de la Justicia malagueña, y emula otras conocidas este lunes, como las de Córdoba o Sevilla. En este último caso, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, citó mediante una circular a los magistrados y jueces a una concentración este martes en los bajos del edificio de la Audiencia de Sevilla “para rechazar las referencias” que se hacen en el acuerdo entre PSOE y Junts “al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias”.
José María Páez, juez decano de Málaga, se ha mostrado muy crítico con la ley de amnistía en sus recientes intervenciones en público. “Me da cierta vergüenza lo que está pasando. No podía pensar que íbamos a llegar a este punto. Estoy muy preocupado”, declaró hace unos días en un programa de la televisión local 101TV. Aunque aún no se conocía el texto de la proposición de ley, Paéz recalcó que “el sólo concepto de la amnistía no entra dentro de la Constitución”, y dijo confiar en que el Tribunal Constitucional o la justicia europea la declaren “ilegal”.
Lourdes García Ortiz es la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga desde hace seis años. Afiliada históricamente a la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia, es esposa del presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes, de la Asociación Francisco de Vitoria.
Juezas y Jueces para la Democracia se ha desmarcado de las concentraciones ante sedes judiciales convocadas en Córdoba, Sevilla y Salamanca porque “no garantizan” que los magistrados mantengan “una imagen de imparcialidad y neutralidad”.
No es el único pronunciamiento conocido este mismo martes. Minutos después de conocerse la convocatoria en Málaga, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla ha comunicado un acuerdo por unanimidad para adherirse “en su integridad” al comunicado de las asociaciones judiciales del 9 de noviembre pasado, al acuerdo de igual fecha adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, así como a los comunicados de los Presidentes de Audiencias Provinciales, Jueces Decanos, Salas de Gobierno de otras Comunidades Autónomas y Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
Las cuatro principales asociaciones judiciales, tanto conservadoras como progresistas, emitieron el jueves pasado un comunicado conjunto en el que criticaban la posible creación de comisiones parlamentarias para investigar el supuesto 'lawfare' contra políticos y partidos independentistas catalanes, una de las medidas contenidas en el pacto entre PSOE y Junts para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. En la misma línea se manifestó la Comisión Permanente del CGPJ ese mismo día, “ante las inadmisibles referencias, que lo son tanto semántica como sustantivamente, al lawfare y judicialización de la política” contenidas en el acuerdo entre PSOE y Junts.
Además de la adhesión expresa a los pronunciamientos ya conocidos de otras instituciones del poder judicial, el Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía incluye otros dos puntos declarativos en su comunicado de este martes. Por un lado, “indica” que “los jueces actuamos siempre sometidos al imperio de la ley y en salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, reconocidos en nuestra Constitución”. Y además, “recuerda” que “el principio de separación de poderes constituye un pilar fundamental de nuestro Estado democrático de Derecho, a la par que es una de las exigencias básicas en los Estados que forman parte de la Unión Europea, que debe respetarse y preservarse desde todas las instituciones públicas”.
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