Víctor Navas, alcalde de Benalmádena (PSOE), recibió del juzgado una mala noticia la semana pasada: la persona que le llamó “tonto del culo” (en mayúsculas) en un post de Facebook no ha sido condenada.
El juzgado de primera instancia 4 de Torremolinos ha absuelto al ciudadano Manuel Cruz (también conocido como El Vocero de Benalmádena, su seudónimo en redes) frente a la pretensión de alcalde Navas, que pedía que se declarara que Cruz vulneró su derecho al honor y le abonara 2.500 euros como compensación. La Fiscalía se oponía a esta petición por entender que prevalece la libertad de expresión.
La jueza no solo absuelve a Cruz, sino que condena a Navas a pagar las costas del proceso. El alcalde de Benalmádena (70.204 habitantes) ha anunciado públicamente que recurrirá la sentencia, aunque en declaraciones a este medio asegura ahora que se lo está pensando. “No estoy de acuerdo con la interpretación del juzgado. La libertad de expresión es opinar lo que se quiera, siempre desde el orden y el respeto. ¿Alguien se imagina que se lo hubiesen llamado a un juez, a un policía o a un maestro? A ver si voy a tener que pedir perdón porque me han insultado”, protesta.
Pero la historia tiene más miga que un insulto soez.
En primer lugar, el asunto tiene calado político porque el ayuntamiento de Benalmádena asumió en 2017 el pago al abogado del alcalde, Sergio Torralvo, a quien le fueron adjudicados en 2017 tres contratos menores (3.933 euros en total) por el ejercicio de “acciones municipales”, uno de ellos (por 1089 euros) bajo el epígrafe “por publicación en Facebook de insultos contra el alcalde”. Torralvo, que ahora es concejal (socialista) dijo en el Pleno que no ha percibido nada desde que es edil, que en total ha cobrado unos 1400 euros y que del caso de los insultos ha percibido sólo 159 euros.
En el mismo Pleno, el alcalde admitió que imputó al Ayuntamiento el coste de demandar a Cruz porque éste había descalificado “a la institución”. “Al señor alcalde le han insultado con connotaciones supremacistas, porque decir que es tonto del culo y subnormal viene a ser lo mismo”, dijo el alcalde. “Me han insultado por ser alcalde, no por ser Víctor Navas”.
La jueza, que admite que la expresión “puede resultar molesta y disgustar al destinatario”, da la razón a Manuel Cruz: prevalece el derecho a la libertad de expresión porque el improperio “guarda relación directa” con la acción del alcalde y con un asunto que afectaba a la esfera privada del demandado, que no perseveró en el insulto. Además, ni la difusión de la frase fue extraordinaria ni consta que “haya tenido efecto alguno en la consideración social del receptor”. La cuenta del Vocero tiene hoy 872 seguidores y el post tampoco es que fuera un gran éxito: hoy tiene 52 comentarios (casi todos de cuatro o cinco usuarios) y ha sido compartido dos veces.
En alguna ocasión, el Tribunal Supremo ha establecido que no existe un “derecho al insulto”, y que un cargo público no tiene por qué soportarlos, a no ser que la libertad de expresión se ejercite para contribuir al debate político. Esto es lo que entendido la jueza de Torremolinos, que cita al Tribunal Constitucional para hacer notar que el límite es difuso y depende del caso: “La simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse, sin más, con un atentado al honor”.
La jueza también cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha exigido a España que interprete más restrictivamente aún los límites de la libertad de expresión cuando los aludidos son políticos, porque la protección de “su reputación” se equilibra con “los intereses del libre debate de las cuestiones políticas”.
“Esto es reprochable. Ser político no justifica que te insulten”, lamenta Navas: “Podrá ser la ley, pero de justicia no tiene nada”. La resolución culmina un proceso que arrancó hace más de cinco años en los juzgados, pero que en realidad tiene su origen mucho antes: hace una década.
Por entonces, Manuel Cruz era un filón muy apreciado por Víctor Navas en su estrategia por alcanzar la alcaldía de Benalmádena. Cruz tenía sentido crítico, pluma afilada y predicamento en Facebook, desde donde atizaba sin miramientos al gobierno municipal, por entonces en manos del PP. Lo hacía con su propio nombre o bajo un seudónimo, El Vocero de Benalmádena, pero todo el mundo sabía quién era El Vocero.
Navas surtió a Cruz de pistas, documentos o informaciones que él no quería o no podía divulgar, y que servían para denunciar irregularidades o sospechas sobre la gestión municipal de los populares. Cruz, a cambio, veía cómo aumentaba la popularidad del Vocero, convertido en ariete de referencia contra las corruptelas locales. “Mantenía una estrecha colaboración, tanta como para tener cerca de 500 correos electrónicos suyos en los que me proveía de documentación”, asegura hoy Cruz.
El alcalde dice ahora que Cruz El Vocero sólo era uno más de los “cientos” de vecinos que le escribían para hablar de política: “No he colaborado con él en nada”. Hay documentos que prueban lo contrario: en 2017 admitió en un juzgado (que le investigaba por presunta revelación de secretos) que había remitido a El Vocero correos de un tercero que denunciaba la persecución municipal (entonces en mano del PP). Calificaba entonces a El Vocero como “un medio de comunicación veraz e independiente de Benalmádena”. En tuits de 2013 lo consideraba un paladín de la transparencia.
Todo empezó a cambiar en 2015. Tras aquellas elecciones municipales, Víctor Navas se hizo con la alcaldía con el apoyo para la investidura de Ciudadanos, IU, Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y Alternativa Por Benalmádena. Aunque CSSP y Ciudadanos no integraban formalmente el gobierno, aquello en la práctica era un “pentapartito”, que desde el principio se vio abocado a la ingeniería política para mantener la cohesión.
Navas creó la figura de “delegados especiales” para aplicársela a los cinco concejales de CSSP y Ciudadanos, en teoría en la oposición. Estos cinco ediles rasos cobraban el mismo sueldo que los concejales de gobierno (44.559 euros), lejos de los 12.209 euros de quienes estaban verdaderamente en la oposición. El alcalde admitió que esto respondía a la necesidad de dar “estabilidad política” y “blindarse” ante posibles mociones de censura, y en 2016 acabó por integrarlos en el equipo de gobierno.
El Vocero, que había dejado de publicar tras las elecciones, denunció entonces que Navas estaba incumpliendo su promesa de regeneración, y empezó a ser muy crítico con el regidor. Abrió así la espita del enfrentamiento, a veces a cara descubierta, y otras a través de perfiles anónimos en redes sociales, que se trasladó a algunos plenos municipales y acabó ante los tribunales.
El primero en denunciar fue Cruz. “Un usuario de las redes me dijo que el alcalde estaba enviando documentos míos, como el expediente en el comedor social. Decía que comía sin corresponderme porque era amigo del concejal”, rememora. Su denuncia se archivó.
Además, el Vocero encontró una pista jugosa: el alcalde parecía servirse de perfiles ajenos para difundir información sobre él en su propio muro de Facebook. ¿Cómo lo supo? Descubrió que el correo de recuperación de uno de estos perfiles era v*********@b**********.es: el mismo número de letras que el nombre y apellidos de Víctor Navas y una dirección que encaja con el dominio corporativo del ayuntamiento. Era el alcalde o una fabulosa coincidencia.
El regidor contraatacó denunciando a Cruz, a propósito de un post en Facebook publicado el 26 de enero de 2017. En mayúsculas y acompañando una foto de su toma de posesión, el texto empezaba diciendo: “El alcalde de Benalmádena es tonto del culo”. Repetía el insulto dos veces, para denunciar que el alcalde había usado documentos personales suyos, un asunto que se abordó en el Pleno.
Navas presentó su demanda más de un año después de la publicación del post y hasta la desestimación han pasado casi cinco años: “Todo el mundo te dice que eso no va a ninguna parte, pero hasta que el juzgado no resuelve no lo sabes”. El enfrentamiento ya ha tomado un cariz personal: hace días, el Vocero divulgó en un pantallazo el teléfono particular de un concejal del equipo de gobierno. Él asegura que quería denunciar el mal uso del móvil corporativo y que borró de inmediato, pero le ha valido una denuncia a la Policía. Por eso, cree que hay una consigna para amedrentarle mediante denuncias. “Van a saco”.
También se siente “acosado” el alcalde, que en el Pleno dijo que detrás de los insultos hay “mucho más”. Pone como ejemplo el hecho de que Cruz informe a periodistas y asegura que tiene material que prueba el acoso hacia él. “Yo siento que se me ha insultado y que es un acoso permanente”.
Dice Cruz que el Vocero se retirará cuando pasen las elecciones: “Yo sigo haciendo oposición y criticando lo que él hace. No soy periodista pero hago la labor de informar desde 2012”. Seis años después de publicarse, el texto de la discordia sigue siendo accesible.
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