Los trabajadores del CIO Mijas reciben su nómina tres años después de cobrar por última vez
Los cinco trabajadores del CIO Mijas que acumulaban 36 nóminas impagadas cobraron, por primera vez en mucho tiempo, el pasado 31 de agosto. Esta es la primera consecuencia de su integración en el Servicio Andaluz de Empleo, después de un largo tira y afloja con la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. El cobro de parte de la nómina de agosto no ha desbloqueado, sin embargo, el pago de las 36 nóminas atrasadas, que los trabajadores están reclamando con éxito en los tribunales. El propio consejero de Empleo, Javier Carnero, había calificado de “lamentable” la situación de estos cinco trabajadores y el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, concedió que “tienen razón” en sus demandas.
“Estoy un poco en las nubes… por cobrar mi nómina”, comenta Juani García, una de esos cinco trabajadores. Ha cobrado la parte proporcional de la nómina desde el 7 de agosto, fecha en la que el CIO se integró en el SAE. García se declara “como un niño en septiembre, antes de empezar el colegio”, y dice que con lo que vaya cobrando tendrá que pagar a los asesores que justifiquen ante Hacienda el ingreso de todas las nóminas atrasadas, cuando este se produzca. Además, tendrán que pagar a amigos o familiares que les han prestado durante estos años para su día a día: “Ten en cuenta que son tres años sin cobrar nada, y hemos tenido que subsistir”.
De las 36 nóminas atrasadas nada saben, aunque dicen contar con la promesa de que no habría problemas una vez que los tribunales se pronunciaran en firme con un solo caso. La primera sentencia firme la pronunció, ya hace meses, el Tribunal Superior de Justicia. Pero aunque la demandante en aquel caso ya ha cobrado parte de lo que se le adeudaba, los otros cuatro siguen a la espera.
La definitiva integración en el SAE se produjo el pasado 7 de agosto, una vez que se publicó en el BOJA. El lento proceso de liquidación e integración en el SAE, que se ejecutó para todas las escuelas consorcio de la Junta de Andalucía, sufrió un especial retraso en el caso del CIO Mijas. La liquidación empezó en mayo de 2015 y todavía en junio de este año el consorcio (Junta y ayuntamiento) rechazó el balance de los liquidadores, que acusaron a la administración autonómica de tener “tirado” un patrimonio de 30 millones de euros. Poco después fueron sustituidos por un nuevo liquidador, que concluyó el balance final, paso previo a la integración de todos los activos y pasivos del antiguo consorcio en el SAE, firmada el 2 de agosto.
Tres años y medio de calvario
El CIO Mijas era una escuela pública de hostelería y turismo, participada por la Junta de Andalucía (80%) y el ayuntamiento de Mijas (20%). En marzo de 2014 se graduaron los últimos alumnos, y entonces empezó un calvario que incluye el abandono y saqueo de las instalaciones y el impago a sus cinco trabajadores de hasta 36 nóminas, todo ello en medio de una investigación judicial por la justificación de las subvenciones. Los trabajadores han aguantado todo este tiempo acumulando deudas con familiares y bancos, y superando episodios de ansiedad y depresión.
Unos vándalos llegaron a destrozar parte de las instalaciones, que hace sólo cuatro años integraban un centro de excelencia con un equipamiento de primera calidad, que allí sigue. Los trabajadores presentaron entonces, a comienzos de mayo, una querella contra altos cargos de la Junta de Andalucía por un presunto delito contra sus derechos laborales y contra la seguridad social. La querella señalaba al actual Director General de Formación para el Empleo, Manuel García, su antecesor, Carlos Cañabate, el delegado territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Mariano Ruiz, y sus antecesores, Patricia Alba y Francisca Montiel. Los trabajadores denunciaban que su trabajo, al que seguían acudiendo, no reunía los requisitos mínimos de seguridad y salubridad, y por eso apuntaban al empleador, al que también acusaban de no ingresar las cotizaciones sociales. Aún no se sabe si ha sido admitida.
Una vez integrados los trabajadores, la intención declarada de la Junta de Andalucía pasa ahora por poner en funcionamiento el centro, en el que se invirtieron en su día más de 40 millones de euros. Los trabajadores dicen que ven voluntad, pero la inversión para retomar las actividades no será pequeña. “Necesita adecentarse bastante, y ahora da mucha pena verlo así”, dice Juani. El lugar ha estado abandonado y sin vigilancia y mantenimiento durante casi tres años, y está compuesto, además de por unas completas y casi lujosas instalaciones para la formación, por un hotel y una residencia para estudiantes, con gimnasio, spa y piscina.
