El caso Malaya, la mayor gran operación contra la corrupción, cumple 10 años

El caso Malaya, la mayor operación, o al menos, la gran primera contra la corrupción en un consistorio, que afectó de lleno al Ayuntamiento de Marbella (Málaga), provocando su disolución, cumple el próximo martes diez años desde que se produjeron las primeras detenciones. Tiempo en el que la lucha contra la corrupción se ha extendido por todo el territorio nacional y en el que los principales protagonistas de la era GIL en Marbella están en prisión.

La que luego se ha conocido como operación Malaya se inició el 29 de marzo de 2006 con el arresto tan sólo ese día de una veintena de personas, entre ellas el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, o la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe. El número de detenidos se elevó hasta más de 100 personas en sucesivas fases, aunque finalmente fueron 95 los acusados que fueron juzgados en un proceso que comenzó el 27 de septiembre de 2010.

Fueron 199 sesiones de juicio oral celebradas en la Audiencia de Málaga, con un tribunal formado por los magistrados José Godino, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, que emitió el 4 de octubre de 2013 una sentencia, en la que se condenó, entre otros, a los principales acusados, como el citado cerebro de la trama, la exalcaldesa, el exregidor Julián Muñoz, exconcejales, como Isabel García Marcos o Tomás Reñones, abogados y empresarios.

En esa resolución, el tribunal concluyó que hubo un “sistema de corrupción generalizada” instaurado en el Ayuntamiento de Marbella “bajo el poder de hecho ejercido por Juan Antonio Roca”, como venía sosteniendo el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero. Consideró probado el reparto de dinero y una “absoluta dejación de funciones” por parte de los exediles, “aquietándose a los tejemanejes del señor Roca”, que exigía dinero a los empresarios.

El caso supuso una nueva forma de combatir los delitos cometidos por funcionarios de la administración local y, por tanto, de afrontar las investigaciones sobre la corrupción política, según coinciden los expertos. Pero también se innovó a la hora de celebrar este tipo de macrojuicios con cerca de 100 acusados y en la forma de abordar determinados tipos delictivos, como el blanqueo vinculado a la corrupción.

El Tribunal Supremo confirmó en julio del pasado año 2015 lo importante, tanto en cuanto a las penas impuestas como a los argumentos para condenar y los delitos, modificando sólo el tipo de cohecho, que consideró vinculado a una resolución urbanística realizada, lo que supuso un agravamiento de las condenas impuestas a los exconcejales.

En estos momentos, 23 condenados, incluido Julián Muñoz, aunque en su caso por otras causas, están en distintas prisiones de España cumpliendo las penas de más de dos años de cárcel impuestas, dentro de la ejecución de la sentencia. Hay dos personas que están busca y captura, tras haber huido, otras dos que están enfermas y se está decidiendo sobre ellas, y una pendiente de su ingreso en Italia.

Por otro lado, la Audiencia de Málaga tienen la intención de recaudar la mayor cantidad de dinero posible, sustituyendo por multas la pena de prisión en los casos posibles en los que la condena sea inferior a los dos años de cárcel. En paralelo, se ha habilitado una web, que posiblemente será presentada públicamente a finales de la próxima semana, según han señalado a Europa Press fuentes judiciales, en la que se han puesto a la venta bienes intervenidos a Juan Antonio Roca. Tras el caso Malaya ha habido otros en los que se ha perseguido la corrupción en Marbella, como Saqueo I y Saqueo II o el caso Minutas.