Cuando se cumple un año de que la Audiencia de Málaga hiciera pública el 4 de octubre de 2013 su sentencia del caso Malaya, la mayor causa contra la corrupción juzgada hasta ahora, las personas que fueron condenadas en esta primera instancia están pendientes de que el Tribunal Supremo decida si confirma las condenas o no y si mantiene las mismas penas que impuso la Sala malagueña, si las rebaja o si, por el contrario, las eleva.
Pero los acusados tendrán que esperar al menos hasta finales de enero de 2015 para conocer qué ocurrirá con los recursos contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, que condenó a 51 personas, entre ellas el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, al que se le impusieron 11 años de prisión; a la exalcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe, condenada a seis años de cárcel; así como a empresarios, abogados y otros exediles.
Los acusados confían en la justicia y en que prosperen sus recursos. Así, los que fueron concejales, aunque preocupados porque en su caso se unen los conceptos de política y corrupción, están “esperanzados” en que el Supremo se estudie a fondo los recursos y vea que hay motivos para revocar la sentencia, aunque sea en parte. De hecho, la Sala de lo Penal se comprometió a dar respuesta a todos los argumentos esgrimidos por las defensas, según fuentes del caso.
Esta sentencia será importante desde el punto de vista de la jurisprudencia que sentará en cuanto al delito de blanqueo vinculado a la corrupción, puesto que ha sido de las primeras que ha abordado esta relación delictiva, han indicado fuentes jurídicas a Europa Press. Así, han precisado que el Supremo podrá poner límites en este tipo delictivo, bien en el sentido de hacer una interpretación restrictiva o bien amplia.
En cuanto al delito del cohecho pasivo para acto injusto no realizado por el que han sido condenados los exediles de Marbella, como Yagüe o la exsocialista Isabel García Marcos, el Alto Tribunal también lo tendrá que analizar, puesto que el tipo de cohecho que para la Sala de Málaga ha quedado probado ha sido atacado por las defensas, aunque también cuestionado por las acusaciones de la Fiscalía y de la Junta de Andalucía.
El juicio en Málaga comenzó el 27 de septiembre de 2010, tras más de cuatro años de instrucción. La vista oral duró casi dos años y contó con unas 200 sesiones. El Tribunal tardó prácticamente un año en dictar su resolución --que tuvo más de 5.000 folios--, debido a la complejidad y el volumen del asunto. De hecho, esas son las causas del Supremo para prorrogar su plazo para resolver los recursos hasta el próximo año.
En las vistas por los recursos, las defensas pidieron la absolución de sus clientes y alegaron nulidades. También recurrió la Junta de Andalucía, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que criticó la “blandura” y el “buenismo” de la sentencia de Málaga y mantuvo que es “difícil” encontrar otro caso en el que “se hayan echado al bolsillo tales cantidades”, por lo que pidió más pena para la mayoría de los acusados. Para Roca solicitó 18 años.
Coincidiendo con la Abogacía del Estado, en la vista de los recursos, el fiscal reclamó que se elimine de la sentencia las referencias a que las multas y los bienes decomisados se destinen a pagar la deuda del Ayuntamiento, que tuvo que ser disuelto cuando en 2006 se produjeron las primeras detenciones por esta causa. El ministerio público considera que debe “aplicarse la legalidad vigente” y ser devueltos al Tesoro Público.