Las comparecencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la comisión de investigación, en 10 respuestas

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, más incómodo, y José Antonio Griñán, un “jubilado”, como se describió, dispuesto a marear dialécticamente a los diputados, han pasado la tarde de este lunes por la comisión de investigación sobre las subvenciones de formación para el empleo en unas comparecencias que, lejos de revelar nada nuevo, han sido usadas por la oposición para recuperar el foco mediático sobre la corrupción y por el PSOE-A para refrendar su tesis: no ha habido fraude con estos fondos públicos, puede haber habido irregularidades pero no ilegalidades, y en todo caso, la situación en esta comunidad autónoma no difiere de los casos destapados en otras que también tienen procesos en los tribunales.

Esta última cuestión y otras relacionadas con la legislación creen que podrían haber sido clarificadas por la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, por lo que su decisión de no comparecer ha sido recurrentemente usada por los socialistas para dejar en evidencia a los populares por el sonado plantón del pasado 16 de mayo, aprovechando incluso sus turnos de palabra para plantear las preguntas que le hubieran hecho si se hubiera presentado, en lugar de interrogar a los expresidentes, uno de los cuales, José Antonio Griñán, ha ironizado un buen rato sobre lo “reveladora” que hubiera sido su presencia y hasta le ha alabado sus cambios en la legislación.

En el que ha sido un nuevo “paseíllo” por el Parlamento de Andalucía, ya entrenados por el que tuvieron que pasar para declarar en los juzgados por el caso ERE, que también los hizo coincidir en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía de hace tres años, los expresidentes han llegado puntuales a sus citas. En las más de cinco horas que han sumado las dos comparecencias han intentado reiterar sus explicaciones a varios diputados sobre qué trámite pasaba por el Consejo de Gobierno y cuál no, y sobre qué tenían conocimiento directo y qué estaba delegado en sus consejeros.

También exdiputado y exsenador, han precedido a Susana Díaz -que comparece este martes- en la comisión de investigación creada para buscar posibles responsabilidades políticas de la gestión de estas subvenciones desde 2002 -cuando se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas- hasta hoy, periodo en el que se han gastado en torno a 3.000 millones de euros en la materia. Estos 10 puntos resumen sus valoraciones en cada uno de los aspectos sobre los que más han redundado los comisionados con sus preguntas:

¿Recibieron alertas de los interventores?

Manuel Chaves, en la tercera comisión de investigación por la que pasaba, ha sido tajante en este tema: “En mi mandato nunca se produjo ninguna alerta sobre deficiencias”. Cuando le han preguntado por el hecho de que haya informes de la Cámara de Cuentas que ya hablaban de problemas en 2004, se ha remitido a que cada año se reunía con sus responsables para hacer balance y “jamás” oyó de ellos nada referente la formación y que en sus informes “había recomendaciones para mejorar la gestión”, como “siempre hace” este órgano, por lo que no era una llamada de atención.

Por su parte, el exsenador ha matizado en respuesta a Juan Moreno Yagüe (Podemos): “La primera alerta que se tiene es cuando ya no estoy en la Junta de Andalucía, con las subvenciones a UGT-A. Previamente no hubo alertas suficientes para iniciar un procedimiento”. En respuesta a Teresa Ruiz Sillero (PP-A), ha declarado que nunca le llegó ningún informe de la Cámara de Cuentas sobre el tema. Ella le ha recordado que en febrero de 2013 llegó el de los consorcios escuela y él “decidió eliminarlos para tapar esas irregularidades”, lo que ha crecido al expresidente: “¿Quién le ha dicho que le di la orden de liquidarlos? ¿Dónde di esa orden?”... y así varias veces para acorralar a la diputada.

¿Hay ilegalidades?

“Nunca firmé una decisión ilegal (...), nunca tuve conocimiento de irregularidades, en caso de que las hubiera, (...)”, ha aseverado Manuel Chaves. Para continuar en otro momento del interrogatorio: “¿Que hubo irregularidades? No lo sé. Es posible. Pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún fraude”. En esta línea, ha insistido mucho en que pretender culpar a la Junta de Andalucía de las irregularidades, e incluso de las “posibles ilegalidades”, que se detecten “es como ir contra la Agencia Tributaria por los morosos” con el fisco.

Mientras, Teresa Ruiz Sillero, cuando se dirigía a José Antonio Griñán, ha comenzado describiéndole “el paralelismo en el modus operandi entre la formación y el caso ERE”, para preguntarle luego que “cuándo tuvo conocimiento del fraude”. Él le ha replicado que “primero que habrá que determinar si hubo fraude y luego si lo cometió la Junta de Andalucía o fue contra la misma”. En esta línea, les ha recriminado a los populares que “si han partido de que había fraude, entonces no sé para qué pidieron la comisión de investigación”. Para apostillarle: “Que haya una investigación en los tribunales tampoco significa que haya fraude”. Sólo ha admitido que pudiera haber “alguna deficiencia” y en todo caso con la administración como perjudicada.

¿Hacen autocrítica?

Los dos han reconocido -más Manuel Chaves que José Antonio Griñán- que su gestión pudo ser mejorable. “No soy tan soberbio para señalar que no me he equivocado. Cambiaría muchas cosas en mi vida. En la política y en el resto. (...). Pero la gestión ha sido positiva y las políticas activas de empleo jugaron un papel fundamental para la tasa de empleo y en la formación de un sector para el que no teníamos mano de obra cualificada”, ha defendido el primero, quien en todo caso no ha querido “rasgarse las vestiduras” con esto.

“Esto es una comisión de investigación, no de autocrítica. Yo tengo muchos aspectos criticables de mi gestión. El gran problema es que en un momento determinado no hay suficientes recursos humanos para todas las funciones”, ha apuntado por su parte el exsenador, que ha insistido en apuntar a que no podía dotar de más medios a los departamentos porque, con la crisis, el Gobierno de España limitó las contrataciones.

¿Por qué se generalizaron las exoneraciones?

Los dos expresidentes han indicado que ellos no firmaron exoneraciones -por las que se otorgaban nuevas subvenciones a beneficiarios sin haber comprobado la justificación del uso de las recibidas previamente- y han coincidido en remarcar que, en todo caso, esta figura “es una garantía” de la norma de la Junta de Andalucía que no existe en otras comunidades autónomas. En este sentido, en Andalucía se otorga el 75% de la subvención, y el 25% restante cuando se ha justificado, pero la realidad es que sin haberse cerrado este proceso se permitía optar a nuevas ayudas.

Preguntado sobre si se valoró que las exceptuaciones fueran masivas, porque bajo su mandato hubo más de 3.500, José Antonio Griñán ha admitido que “no específicamente” y ha recordado que eso era competencia de los consejeros. Sí ha aprovechado para apuntar también el problema de recursos humanos en la Junta de Andalucía por las restricciones del Gobierno de la Nación, lo que conllevaba dificultades para comprobar todas las justificaciones.

¿Y la Faffe?

“No contrataba a la gente de la Faffe (...). No era mi competencia ni mi trabajo”, ha respondido Manuel Chaves cuando la parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet le ha preguntado sobre la “agencia de colocación” de determinadas personas en las que cree que se convirtió la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. En todo caso, ha dudado de que la continuidad de este órgano “tuviera una intencionalidad malsana o perversa”.

“Fue una decisión del Parlamento de Andalucía integrarla en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)”, ha respondido José Antonio Griñán cuando Teresa Ruiz Sillero le ha insinuado que fue para “tapar irregularidad y un agujero de 448 millones de euros”. Él le ha replicado que “en absoluto” tiene conocimiento de ello y ha ironizado con la “obsesión por las tapaderas” de la parlamentaria. “Nosotros no destruimos ordenadores”, se ha burlado.

¿Y los nombramientos polémicos?

Manuel Chaves ha sido profusamente interrogado por el periodo de un mandato en el que nombró a dos consejeros en la materia, José Antonio Viera y Antonio Fernández, en los que ha dicho que tiene todavía “plena confianza”, pese a que como él se han visto salpicados por el caso ERE e igualmente ya han pasado por esta comisión de investigación.

Mientras, a José Antonio Griñán se le ha echado en cara el caso de su “delfín”, el que fuera vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco, quien dimitió cuando se conoció que una empresa de su mujer recibió este tipo de subvenciones. “Se fue por razones personales que no voy a declarar”, le ha replicado a Teresa Ruiz Sillero, a la que también ha puntualizado que ni Rafael Velasco ni Susana Díaz son sus “puntos débiles”, sino “los fuertes”.

¿Por qué ha habido baile de competencias?

José Antonio Griñán, como encargado de hacer el traspaso de estas competencias de Empleo a Educación, ha sido preguntado varias veces para ver qué peso tuvo en la decisión el hecho de que hubiera ya tribunales indagando posibles irregularidades en la gestión de estos fondos públicos. “No creo que haya un incendio con esto porque entonces estaríamos devastados”, ha comentado cuando se le ha usado esta expresión de un exalto cargo que ya ha pasado por la comisión de investigación, y que usó esta metáfora para justificar un “caos” de papeles por la mudanza. “Los movimientos de expedientes no producen ni deben ningún entorpecimiento en la gestión y estaba perfectamente claro en qué momento tenía cada uno adjudicadas las competencias. He visto hacer miles de traspasos y no veo problema ninguno en ello”, ha remachado.

¿Hacían negocio con esto las empresas?

Manuel Chaves ha incidido en que la creación de la Faffe y los consorcios escuela, independientemente de los problemas que tuvieron luego, tenía como objetivo poner en marcha “una potente red pública para la gestión de estas políticas”. En la misma línea, ha defendido que la Junta recurriera a la empresa privada para estos cursos porque no tenía recursos para ofrecerlos directamente. Tras considerar “muy interesante” el debate que ha iniciado con estos diputados en referencia a la privatización de estos servicios, lo ha comparado la necesidad de recurrir a estas empresas con la concertación sanitaria o educativa, a la que también se ha visto obligada a recurrir la administración.

José Antonio Griñán ha comentado también que es “imposible” que todo en este sector sea público. “Quizá no debía mojarme tanto pero creo que la participación de estas empresas es buena. Por ejemplo si la hacen los empresarios, los sindicatos, los agentes con la capacidad suficiente para movilizar recursos que luego se integren en empresas de un determinado sector”, ha continuado, poniendo el ejemplo de los parques tecnológicos.

¿Por qué se subvencionaba a quien no cumplía los requisitos?

Un momento llamativo ha sido cuando José Antonio Griñán se sometía a las preguntas de Marta Bosquet, a la que el expresidente le ha contestado que no era posible acceder a estas subvenciones si había deudas con la hacienda pública. Sin embargo, la diputada le ha invitado a leerse el artículo 6 de una orden emitida bajo su mandato “en la que se establece la posibilidad esas cuestiones si tiene gran repercusión en la mejora de la empleabilidad”, a lo que él la ha interrumpido: “Eso no es posible por ley”. Marta Bosquet lo ha celebrado: “Le invito a que se lea la orden que se dictó bajo su mandato (…) porque la Junta de Andalucía contravino la ley con esto”.

¿Hubieran parado las subvenciones como Susana Díaz?

“No podemos hacer abstracciones”, ha comentado Manuel Chaves ya en los últimos minutos de su comparecencia cuando desde el PP-A le han planteado si él hubiera hecho lo mismo que Susana Díaz: mantener paralizadas estas subvenciones, que fueron concedidas por última vez en 2011. “Es una decisión política de la presidenta de la Junta de Andalucía y no sé los elementos y los factores que han concurrido para ello. Pregúnteselo a ella mañana” [por este martes].

“Lo valoro como un gesto de responsabilidad y ella ya lo explicará”, ha comentado José Antonio Griñán, pese a que el PP-A le ha insistido en que el parón incide directamente en las dudas de la gestión durante su periodo. Sin embargo, se ha negado a cuestionar la decisión de la presidenta.