El principal reto del año 2019 para la Memoria Histórica en Andalucía es navegar a contracorriente. Más aún de lo normal en el país de la desmemoria. El presunto futuro Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos necesita los votos de Vox para formar mayoría. En la investidura y para gobernar. Y está por ver si naranjas y azules asumen otra de las líneas rojas de la extrema derecha: la “derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica”.
En materia memorialista queda en el aire la médula espinal: la búsqueda de los desaparecidos forzados. Abrir fosas comunes y cunetas para que los familiares de víctimas del terror fascista puedan cerrar el duelo. El deber de memoria del Estado, como obliga Naciones Unidas, en manos de un puñado de diputados. ¿Seguirá la Junta de Andalucía al frente de estas políticas públicas?
Por ahora ninguno de los actores se ha pronunciado al respecto. Es un asunto en la sombra. No como otra bandera de la formación ultra, la batalla contra las leyes de igualdad que estalla amenazando el pacto a tres bandas, según los postulantes.
Las víctimas del franquismo y las asociaciones memorialistas dan por hecho que la el Gobierno andaluz pasará de colaborar a obstaculizar. O al menos a asumir el dogma de los “cero euros” que el expresidente Mariano Rajoy aplicó para España. Pero tienen claro, también, que nada va a frenar el deseo de verdad, justicia y reparación. “Vamos a seguir”, repiten, “el miedo ya ha pasado”.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada sin ningún voto en contra: PSOE, Podemos e IU votaron a favor mientras PP y Ciudadanos se abstenían. La bisagra de la cita electoral del 2D dibuja un arco parlamentario en el que no tendrá continuidad el consenso de la pasada legislatura. La agenda política de la región marcará si gana el dogma anti Memoria Histórica de la ultraderecha patria.
Abrir fosas y cunetas
Las víctimas andaluzas del terrorismo franquista van a seguir buscando a sus desaparecidos forzados. La exhumación de las fosas comunes es la base de la reivindicación memorialista. El derecho a cerrar el duelo de las familias casa con el deber de Memoria de cada país. La cuestión es si van a seguir contando con el apoyo de la Junta de Andalucía.
La última legislatura ha sido la más productiva en este sentido. En números redondos han sido unas 500 víctimas exhumadas en 35 intervenciones. Y la previsión multiplicaba los recursos destinados a estas políticas públicas para los siguientes ejercicios. Ante la incertidumbre, ya hay diputaciones y ayuntamientos que activan presupuesto para intervenciones arqueológicas. O el Estado, que pondrá en marcha su propio plan nacional de exhumaciones.
¿Seguirá siendo Andalucía la región que más fosas busca? ¿Caerán en saco roto las 27 nuevas intervenciones aprobadas por la Junta en otros tantos pueblos andaluces? ¿Habrá presupuesto? Están a la espera familias de Grazalema y Rota (Cádiz); Carcabuey, La Carlota, Peñarroya-Pueblonuevo, Rute, Villanueva de Córdoba, La Victoria y San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba); Alfacar, Galera y Salobreña (Granada); Santiago de Calatrava y Jaén (Jaén); Antequera, El Burgo, Montejaque, Pizarra y Guacín (Málaga); y en Cañada Rosal, Carmona, Lebrija, Mairena del Alcor, Osuna, Real de la Jara, El Viso del Alcor y Gines (Sevilla).
La ley andaluza de Memoria
Porque, ¿y si la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía sirve para paralizar las exhumaciones? Andalucía tiene la potestad de abrir fosas y cunetas porque asume el deber del Estado. Todo correcto, según organismos internacionales como la ONU.
Queda descrito en el artículo 8 de la ley, sobre 'Localización, exhumación e identificación de las víctimas'. Que dice, en su punto tercero, que estas “actividades” deber “ser autorizadas por la Consejería competente en materia de memoria democrática”.
¿Y si el departamento al que corresponda prohíbe buscar nuevas fosas? O no autoriza, dilatando los procesos. ¿Y si ni siquiera existe una consejería que asuma la actual política pública memorialista?
O, más allá, ¿y si aplica el régimen sancionador que establece la ley andaluza? Están consideradas como 'infracciones muy graves' la “realización de excavaciones sin la autorización prevista” o la “remoción de terreno” donde hay “certeza de la existencia de restos humanos de víctimas desaparecidas”.
Y esto conlleva las sanciones más altas: multa entre 10.001 a 150.000 euros. Sería dar la vuelta al marco legal. Usar una protección como amenaza. Todo está por ver.
Acabar con la Memoria Histórica
Pero el aliado preferente de PP y Ciudadanos quiere más. El programa electoral de VOX exige fulminar de la ley. Acabar con la Memoria Histórica. Una reivindicación que está en el top ten de la 'reconquista' que promulga la ultraderecha.
“Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones”, continúa la propuesta. Y remata VOX con un clásico, la falsa equidistancia: “No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España”.
Si los ultras no piden hoy la entrega de esa cabeza ideológica en bandeja de plata, lo hará mañana. PP y Ciudadanos, si acaban dando forma a un flamante Ejecutivo andaluz, tendrán en su mano el cumplimiento, o no, de un marco legal que coloca a Andalucía a la vanguardia del país en el cumplimiento de los derechos más elementales para las víctimas del franquismo.
En el aire está que el Gobierno andaluz siga colaborando a la hora de abrir fosas y cunetas. Y, partiendo de esa médula espinal, la dotación presupuestaria para el I Plan Andaluz de Memoria Democrática que prevé doblar el dinero destinado a estas labores arqueológicas.
Los últimos presupuestos para intervenir tumbas ilegales con víctimas del terror franquista fueron 238.000 euros en 2017 y 413.000 un año después. Para el periodo 2019-2022 estaba previsto sumar más de 5 millones de euros. Una actuación sin precedentes.
El proyecto diseña las líneas a seguir por la Junta de Andalucía con apuestas como la investigación o el reconocimiento a las víctimas de la represión franquista con una mirada especial “sobre las mujeres”. O la declaración de nuevos Lugares de la Memoria, entre otras propuestas y la activación de nuevas subvenciones, siempre con la colaboración entre las diferentes administraciones públicas, universidades andaluzas y asociaciones de derechos humanos.
La aplicación efectiva del programa viene asociada a su vez con el reciente Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía que también prevé construir una suerte de 'Comisión de la Verdad'.
Todo está en el aire, por ahora. A merced del espíritu de la abstención de PP y Ciudadanos. O en manos de la “derogación” de la extrema derecha. Con la colaboración anunciada de algunos ayuntamientos y diputaciones que asumirán el posible vacío del nuevo Gobierno andaluz. Y con una única cosa clara: las víctimas del franquismo no van a parar. El miedo quedó diluido entre generaciones y solo hay un camino: verdad, justicia y reparación.