El notable aumento de llegadas de migrantes en pateras a las costas españolas este año contiene un dato a tener muy en cuenta: el número de menores extranjeros atendidos por la Junta de Andalucía se ha incrementado en un 240% respecto al año 2016. Son los los llamados 'menores extranjeros no acompañados' (MENA), que viven bajo la tutela de la administración hasta que cumplan la mayoría de edad. Su incierto futuro no será fácil a partir de entonces, pero la situación a la que se enfrentan tras el peligroso tránsito hacia Europa tampoco es sencilla.
El año 2017 ha marcado un punto de inflexión en las costas respecto a las llegadas de menores extranjeros no acompañados, si bien ha ido aumentando siempre en los útimos años. Según la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado de 2016/2017, en 2016 llegaron 588 menores en patera a las costas españolas, 414 en 2015, 223 en 2014 y 159 en 2013.
La Junta presume de haber destinado más de 3,7 millones a su atención tras la puesta en marcha de un plan de emergencia. La consejera Sánchez Rubio reclama al Gobierno central que se comprometa con Andalucía “de una vez por todas” y le ha pedido que establezca “las partidas necesarias de financiación que hasta ahora estamos financiando con fondos propios, en momentos donde debido a la demanda es difícil asumir las necesidades con los recursos normalizados y programados presupuestariamente”.
“Trasciende a la propia comunidad autónoma y es ya una cuestión del Estado”, dijo recientemente en una comisión parlamentaria. Los datos oficiales dicen que Andalucía cuenta con 2.335 plazas en 226 centros. Más de 300 plazas han sido habilitadas en los dispositivos de emergencia. En los centros hay más de 2.100 menores tutelados por la Junta, de los que unos 800 son menores extranjeros no acompañados.
“La situación de los centros de protección de la Junta de Andalucía es preocupante debido a la saturación de los mismos, que se muestran incapaces de atender a los menores bajo su tutela con las condiciones que exige la ley”. Lo denuncia Save the Children, que incluso ha reclamado la extensión del acogimiento familiar a menores llegados en patera. Málaga Acoge también se ha mostrado muy implicada con la situación de los menores internados en la cárcel-CIE de Archidona (Málaga).
El episodio del camping
“El sistema de protección de la Junta de Andalucía, que no está preparado para acoger a tantos menores en tan poco tiempo”, más de 2.000 este año. En el pasado verano, uno de los momentos en que se suelen dar más llegadas, hubo un punto de inflexión cuando la Junta se vio obligada a habilitar un camping en Tarifa (Cádiz). Tras su paso por 'El Jardín de Las Dunas' de Tarifa, unos 60 menores migrantes fueron reubicados en una unidad de acogida temporal de emergencia ubicada en Arcos de la Frontera, también en Cádiz, gestionada por una entidad colaboradora de la Junta.
La organización observa necesario “un plan de reubicación” en el resto de España de los MENA residentes en Andalucía, Ceuta y Melilla. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2016 estaban protegidos por las diferentes autonomías 3.997 de estos menores, de los cuales más de la mitad se encontraba en alguno de estos tres territorios (1.072 en Andalucía, 999 en Melilla y 246 en Ceuta). “Este plan de reubicación es fundamental para proteger a los menores frente a la explotación por parte de las redes de trata que puedan operar en sus entornos”, añaden.
Según Save the Children, los recursos de acogida en Andalucía, Ceuta y Melilla se encuentran “sobreocupados e incluso hay menores durmiendo en la calle, fuera del sistema de protección”. En el caso de las ciudades autónomas, las oportunidades de inclusión son limitadas en territorios tan reducidos, argumentan la organización, por lo que hay niños que prefieren pasar como adultos para así llegar a la península y continuar su proceso migratorio.
La pretensión de la Junta de Andalucía es que el Gobierno español tome partida en esta materia ayudando a la financiación de las plazas, como está haciendo ya con Ceuta y Melilla, y que como institución competente en materia de relaciones Exteriores aborde con Marruecos esta situación desde el prisma de la lealtad institucional.
A vueltas con los “billetes”
También relativo a los MENA, y de nuevo desde Catalunya, se ha acusado a la Junta de enviar menores a Barcelona. La administración andaluza considera una “tremenda barbaridad” que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona piensen que los educadores de los centros de menores de Andalucía están comprando billetes para los menores inmigrantes con destino a Barcelona. “2.800 menores están tutelados y atendidos en Andalucía, y allí tienen 20 y los tienen además sin atender”, ha criticado la consejera, que aseguró que “no vamos a permitir de ninguna manera que nos vengan a decir que los MENA que llegan allí van mandados desde aquí”.
No es la primera vez. Hace algo más de un año, una consejera catalana acusó a la Junta de Andalucía de “mirar hacia otro lado” con los menores no acompañados. El Parlamento andaluz llegó a aprobar una declaración institucional en la que rechazaba las expresiones “xenófobas y ofensivas” de Dolors Bassa, que respondió a una pregunta de Ciudadanos sobre los jóvenes que esnifan pegamento en Barcelona.
Tras su localización y, en tanto se determina su edad, los MENA en Andalucía son trasladados a un C.A.I. (Centro de Acogida Inmediata). Según la información facilitada por Save the Children a este periódico, en estos centros se les realiza, en un plazo de tres meses, un estudio/diagnóstico/pronóstico que se compone de una ficha técnica de identificación y un protocolo de observación inicial.
En los primeros quince días tras el ingreso en el centro se realiza un Informe Educativo Inicial, el Proyecto Educativo Individualizado, un Informe Social, un Informe Psicológico, un informe Evaluativo Interdisciplinar y la Propuesta de Medida Protectora a adoptar con el menor.
En los Centros de Acogida Inmediata es recomendable garantizar la presencia de mediadores interculturales; comprobar el cumplimiento de los plazos establecidos para la emisión del Proyecto Educativo Individualizado; agilizar los trámites iniciales respecto al menor y dar prioridad a los menores más próximos a la mayoría de edad para que cuenten con un proyecto educativo y documentación; así como la obtención de todos los datos de los MENA.
La existencia de estos centros permite una intervención rápida y directa con los MENA a su llegada. En ellos conviven menores en situación de desamparo españoles y extranjeros.
Posteriormente, se traslada al menor a un Centro de Acogimiento Residencial Básico. Pese a que la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor otorga preferencia al acogimiento familiar de los menores respecto al residencial, este tipo de acogimiento es minoritario o residual en el caso de los MENA.
En estos centros se persigue facilitar la integración social y laboral de los menores procedentes de la inmigración.