4.000 millones de euros y tres litigios contra el Estado en los tribunales: claves de la cumbre Pedro Sánchez-Susana Díaz

Susana Díaz llega este lunes a Moncloa con viejas reivindicaciones de Andalucía para el presidente del Gobierno de España, pero esta vez el interlocutor es otro: Pedro Sánchez, líder del PSOE. Todo el mundo en el Ejecutivo andaluz vaticina que este encuentro será más fructífero que el que Díaz tuvo con Mariano Rajoy hace meses, aunque aquel no se negó a abordar la reforma de la financiación autonómica, y Sánchez le ha dado carpetazo en cuanto ha llegado a la presidencia. Dice el nuevo mandatario que no hay tiempo material en una legislatura que se antoja corta y convulsa, y dicen los socialistas andaluces que es más honesto afirmar esto, que prometer cosas que nunca se cumplen (en alusión a Rajoy).

Díaz llega a Moncloa con mucha presión política y mediática, como siempre cada vez que se reúne con su íntimo adversario en las primarias por el control del PSOE. Es la cuarta presidenta autonómica que Sánchez recibe en Moncloa, pero la primera de su formación política. Antes que ella, pasaron el president de la Generalitat, Quim Torra, y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu (en orden de antigüedad de aprobación de estatutos). La andaluza lleva bajo el brazo el contundente mandato del Parlamento andaluz, que hace pocos meses aprobó casi por unanimidad (101 de 109 diputados) un acuerdo para reformar el modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014. 

El documento, que elaboró en su día la ex consejera y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclama 16.000 millones de euros más para las comunidades, 4.000 de ellos para Andalucía. Ese acuerdo, que Díaz impulsó personalmente y en el que depositó todo su capital político hasta las elecciones andaluzas, viene firmado por PSOE, PP, Podemos e IU. También cuenta con el respaldo de todo el tejido asociativo, la patronal y los agentes sociales andaluces. Era un potente instrumento político de presión contra Rajoy, pero ahora tendrá que ponerlo a prueba con Sánchez. Sus rivales políticos vigilan de cerca su entrevista de este lunes en Moncloa, si recula levemente respecto a ese acuerdo, PP, Podemos e IU se ensañarán con Díaz, y la acusarán de haber traicionado a Andalucía. El PP, en especial, lo hará con saña, con la legitimidad que les da el haber firmado el acuerdo cuando el interlocutor era Rajoy.

La presidenta andaluza también lleva deberes más concretos: un aumento de inversiones estatales para infraestructuras clave en Andalucía, como el eje ferroviario Algeciras-Bobadilla; y fondos para un plan extraordinario de empleo, asuntos que el Ejecutivo andaluz lleva años reclamando sin éxito al Gobierno central. Andalucía sufre un 25% de paro.

En los tribunales

Esto es lo que más se conoce previamente de la reunión de hoy. Pero hay más cosas pendientes. Según fuentes de la Consejería de Presidencia, el Gobierno central y la Junta de Andalucía mantienen vivos al menos tres litigios en los tribunales, recursos interpuestos por una Administración contra la otra, heredados todos de la etapa de Rajoy. La presidenta Díaz tendrá la oportunidad de negociar con Sánchez los puntos de mayor fricción entre el Estado y la comunidad andaluza. Ninguno de estos recursos en los tribunales está ahora mismo en el epicentro del foco político y mediático, sin embargo, son asuntos de enorme relevancia, y fueron temas de constante crispación con el anterior presidente del PP.

Ahora que ambos mandatarios son del mismo signo político, se abre la puerta para sustituir la confrontación y las denuncias en los tribunales por la negociación, como Sánchez ha pretendido hacer en Cataluña. En Andalucía los tres recursos judiciales que enfrentan al Estado con la Junta son éstos: 

Multa de Bruselas

En febrero de 2017, el Gobierno de Rajoy derivó a las comunidades autónomas una multa de 262,8 millones de euros que la Comisión Europea acababa de imponer a España por no haber adaptado correctamente a la legislación estatal una directriz europea para determinar las superficies aptas para pastos en las campañas de 2009 a 2013. La factura para Andalucía de la llamada “corrección financiera por pastos” fue de 63,7 millones de euros, pero la Junta lo recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que acordó la suspensión cautelar de su ejecución.

La Religión en Primaria

Andalucía, como otros gobiernos autonómicos, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE, la ley de educación del Gobierno de Rajoy, por considerar, entre otras cosas, que segregaba a los alumnos más buenos de aquellos con más dificultades de aprendizaje. Perdió el recurso cuando el Tribunal Constitucional avaló el contenido de esta norma. Pero la Junta también había recurrido el desarrollo de esta ley. En 2014 impugnó en los tribunales el Real Decreto que establece el currículo básico de educación Primaria que, entre otras cosas, convirtió la Religión en una asignatura evaluable, que computaba tanto para pedir una beca como para promocionar de curso. 

La Junta quiso amortiguar esta decisión aprobando una orden que facilitó a los colegios la posibilidad de reducir el horario de Religión de 90 a 60 o 45 minutos a la semana, una opción que aplicaron el 65% de las escuelas de Andalucía. La orden de la Consejería de Educación fue recurrida por los obispos andaluces ante el TSJA, que recientemente la declaró nula. La Junta volvió a elevar un recurso de casación que está pendiente aún de sentencia. Este pulso entre Gobierno y Junta a cuenta de la asignatura de Religión en Primaria derivó en un conflicto irresuelto, tres años después, que aún afecta a la plantilla de profesores que imparte esta asignatura. Desde el curso 2015/2016, año en el que los colegios andaluces reducen la carga lectiva de Religión, el Ministerio de Educación viene pagando a maestros de esta materia por horas que ya no imparten. 

Una investigación interna de la consejería reveló hace poco que “al menos” el 12% de profesores de Religión en Andalucía (263 docentes) sigue cobrando pese a no tener horario lectivo completo, puesto que el anterior Ministerio y las Diócesis andaluzas acordaron “renovarles automáticamente”, ignorando que en muchas escuelas se había recortado la asignatura a la mitad. El Gobierno de Susana Díaz asegura haber elevado un informe al Ministerio denunciando estos hechos, y advierte de que “no puede comprobar” si otros 1.895 docentes “cumplen con la jornada por la que están contratados”. La Junta admite que se está produciendo “un perjuicio a las arcas públicas” que puede alcanzar los 18,9 millones de euros de gasto en la renovación de horas contratadas de Religión que no se imparten desde 2015.

El gasoducto de Doñana

El tercer litigio pendiente tiene que ver con el medioambiente y el polémico gasoducto de Gas Natural que se empezó a construir en las proximidades de Doñana. La Junta elevó recientemente un recurso contencioso administrativo contra la negativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de revisar las declaraciones de impacto ambiental de los cuatro subproyectos de extracción y almacenamiento de gas natural en el entorno del Parque Nacional. La consejería del ramo había hecho un requerimiento oficial para que el Gobierno de España revaluara los cuatro subproyectos a tenor de los informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Geológico y Minero de España, “que alertaban de determinados peligros” que no habían sido tenidos en cuenta, como los riesgos sísmicos. 

Es un recurso menor, que no entra en el fondo del asunto, ya que el Ejecutivo de Susana Díaz se inclina por desmantelar el proyecto y evitar que el tubo de más de 70 kilómetros termine de construirse en el subsuelo de Doñana. No obstante, el conflicto que hay detrás de este cruce de reproches entre Gobierno central y Junta es mayor, porque si finalmente hay acuerdo entre ambas administraciones para frenar el gasoducto, podrían enfrentarse a una indemnización multimillonaria si la multinacional responsable del proyecto presenta demanda en los tribunales.