Interior niega estar negociando con la Junta de Andalucía la cesión de datos de inmigrantes en situación irregular que exige Vox
Vox tardó cinco minutos en pedir a la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos que colaborara “en la repatriación de los 52.000 inmigrantes ilegales”. Lo planteó mientras el autodenominado “Gobierno del cambio” tomaba posesión el pasado 22 de enero. Nueve meses después, los tres partidos han avanzado en esa línea, no de forma explícita, pero hablan ya en los presupuestos andaluces para 2020 de “continuar negociando” con el Ministerio del Interior un convenio para compartir archivos de la Junta y ordenar “adecuadamente los flujos migratorios”. Pero en el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska “no consta” que el Gobierno andaluz se haya puesto en contacto con el Ministerio a este respecto. La Consejería de Presidencia de la Junta, a la que se adscribiría el “órgano de coordinación” para tal fin, informa de que está “a la espera” de que se forme el nuevo Gobierno de España y no pueden asegurar que se haya mantenido un contacto formal dirigido a avanzar en ese pretendido convenio de colaboración.
Es decir, pese a que la Junta de Andalucía alude a “continuar negociando” dicho acuerdo, ninguna de las partes confirma que se haya dado paso previo alguno en ese sentido. En todo caso, como ya publicó este periódico, la ley prohíbe la cesión masiva de datos sanitarios de inmigrantes a la Policía pues inclumpliría “el principio de proporcionalidad”. La cesión directa de esta información por parte de la Junta de Andalucía a la Policía con la finalidad de expulsarlos no está permitida en la actualidad por la legislación española de protección de datos.
“Si han cerrado un acuerdo entiendo que habrán analizado la legalidad y detalles de esos extremos”, insisten desde el Ministerio. Desde la Junta, se limitan a trasladar que “es complicado avanzar en nada con un Gobierno en funciones” pero que, cuando pasen las elecciones generales del 10 de noviembre, “se marcará una agenda” para establecer el anunciado convenio entre las administraciones autonómica y estatal, señalan fuentes de Presidencia. En el acuerdo para 2020 “se expresa que se suscribirá ese convenio”, insisten desde la Junta, pero ninguna de las partes indica que se haya abordado realmente el asunto.
“La expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales”
El tema viene de atrás. La pretendida expulsión de “inmigrantes irregulares” por parte de la extrema derecha se contemplaba en las exigencias primeras de Vox al PP, que denunciaba que la Junta “encubre la inmigración irregular, pues posee la documentación necesaria para la expulsión de 52.000 inmigrantes ilegales y no la comparte con la Policía”. El desarrollo previsto supondría aportar a la Policía los ficheros de Servicio Andaluz de Salud (SAS) donde están registradas las personas que tienen acceso a la atención sanitaria normalizada a pesar de estar en situación administrativa irregular en virtud de una cifra (52.000 inmigrantes) que está usando Vox, y que sale precisamente del sindicato policial UFP como cifra de personas en situación irregular con tarjeta sanitaria, según difundían en un comunicado en diciembre de 2018.
Aquella propuesta primera de Vox no se incluyó de forma concreta en los acuerdos de Gobierno, pero dejaba a las claras uno de los postulados de los de Santiago Abascal. El acuerdo suscrito entre PP y Vox el pasado 9 de enero para investir al nuevo presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ejecutado una semana después, señalaba que se trabajará “decididamente” para cumplir varios objetivos, entre ellos “apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral”.
Pero la cuestión se retomaba con fuerza en el acuerdo presupuestario alcanzado en junio por PP, Cs y Vox en Andalucía, apostando ya claramente por un “órgano de coordinación” para “apoyo económico y de gestión”. Exactamente decía: “Tramitación de una propuesta de convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el cual se proceda al apoyo económico y de gestión de la administración de la Junta de Andalucía para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de inmigración irregular, de forma que se cree un órgano de coordinación en dicha Secretaría General para tal objetivo, y permita mejorar la coordinación con el resto de Consejerías y entidades de la Junta de Andalucía en las materias y objetivos que se desarrollen en el Convenio”. En unos meses ya se había pasado de pedir “colaboración” con la Policía a incluir el concepto de “inmigración irregular” en los presupuestos de la Junta de Andalucía.
“Gestión conjunta” de los archivos de la Junta
Ahora, el punto 27 del acuerdo presupuestario entre PP, Ciudadanos y Vox para el año que viene, con un lenguaje también algo confuso, se apuesta para 2020 por “continuar negociando” con el Ministerio del Interior y “remitir una propuesta de convenio de colaboración” para la creación de un “órgano de coordinación” dependiente de la Secretaría General de Interior de la Consejería de Presidencia para “la coordinación y gestión conjunta de la información que obre en los archivos de la administración andaluza”.
El objetivo final, según se desprende de este punto suscrito por los tres partidos, es “luchar contra las mafias que trafican con personas, para ordenar adecuadamente los flujos migratorios irregulares de acuerdo con lo que establecen las normas nacionales y europeas y, por último, garantizar las mejores condiciones de trabajo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra la inmigración irregular”.
Paralelamente, un total de 125 organizaciones se han puesto de acuerdo para emitir un comunicado el pasado viernes y advertir a la Junta de Andalucía que emprenderán “todas las vías administrativas y judiciales” a su alcance si se sigue adelante con el citado punto 27 del acuerdo entre los tres partidos.
