El Gobierno andaluz de PP y Cs hereda un desvío del déficit de 160 millones del último año de Montero como consejera de Hacienda

En el ajedrez, los dos rivales suelen alternar el color de sus fichas en cada partida: a veces a uno le toca las piezas blancas y otras veces las negras, pero el juego no cambia. En la política andaluza está ocurriendo algo parecido: el PSOE ha pasado a la oposición después de 37 años en el poder y el PP ha entrado en el Gobierno, pero algunas estrategias de oposición del PSOE son un calco de las que usó el PP durante años, y ciertas maniobras de contraataque del Gobierno popular son herencia aprendida de los socialistas. El juego no cambia.

Un ejemplo nítido es el rifirrafe a cuenta de los dineros que Andalucía reclama al Estado para financiar sus servicios públicos y diseñar su política presupuestaria. Este martes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, arremetió contra la ministra de Hacienda en funciones, la andaluza María Jesús Montero, a quien acusó de “desprecio a Andalucía”, “agravio comparativo” y “enorme deslealtad” por adelantar a la Comunidad Valenciana 250 millones de euros del “extra FLA”, un cajón del Fondo de Liquidez Autonómica para las regiones que se desviaron del objetivo de déficit en 2018 (el tope estaba en el 0,4% del PIB). Cuando elevó su “queja formal” al Gobierno, Moreno debía saber que Andalucía no estaba entre las comunidades incumplidoras, porque el Ministerio de Hacienda publica cada año, en el mes de mayo, el dato del déficit por comunidades, y Andalucía había rozado el objetivo: 0,41%.

Sin embargo, la ministra ha respondido a las denuncias de “agravio comparativo” del presidente andaluz con un jarro de agua fría: la Intervención General del Estado revisa cada año el dato del déficit publicado en mayo, y presenta los datos definitivos en octubre. A veces se confirman, otras se corrigen al alza y otras a la baja. En los pasillos del Congreso, preguntada por las acusaciones de Moreno, Montero ha revelado que el dato definitivo que se publicará en octubre corrige al alza el déficit de Andalucía en 2018, que vuelve a entrar en el grupo de regiones incumplidoras que pueden acogerse a los préstamos del extra FLA (en mayo sólo se desviaron la Comunidad Valenciana y Murcia). Para corregir ese desfase, el Gobierno ofrece a Andalucía un préstamo de 160 millones de euros similar al que se le adelantará a Valencia, un crédito sujeto a unos intereses más severos que los que percibía Andalucía a través del FLA ordinario (para aquellas que cumplían el objetivo de déficit).

El presidente andaluz, indignado, ha replicado que no lo quiere, que la responsable de ese desvío del déficit en el ejercicio de 2018 es la propia ministra, que entonces era consejera de Hacienda en Andalucía y gestionaba las cuentas públicas [Montero fue consejera hasta junio de 2018, cuando promete como ministra]. “Nosotros nunca hemos pedido el FLA, así que Montero anuncia que nos da un dinero para tapar el déficit de 2018 que ella misma creó como consejera en Andalucía, pero ese recurso no nos sirve para garantizar servicios públicos de calidad”, ha dicho Moreno este miércoles.

La situación está cargada de ironía. El último acto de Montero como consejera andaluza de Hacienda fue solicitar al Ministerio del ramo el poder abandonar parcialmente el FLA para volver a financiarse en los mercados privados, síntoma de que la economía andaluza estaba creciendo. Luego ella misma, ya como ministra, fue quien autorizó esa salida. Ahora es ella la que señala a Andalucía el camino de vuelta al vagón de las comunidades que incumplen el déficit (acogidas al extra FLA), por un descuadre entre ingresos y gastos que el nuevo Gobierno de PP y Cs ha heredado del último ejercicio de mandato socialista.

Rebujina de conceptos

En realidad la queja del presidente andaluz al Ministerio de Hacienda por el préstamo que va a conceder a la Comunidad Valenciana mezcla conceptos financieros distintos, no comparables, pero da igual. Se trata de dinero y de coyuntura política (estamos en precampaña para las generales y el Gobierno andaluz de PP y Cs está cuadrando sus primeros Presupuestos Autonómicos íntegros para 2019).

Andalucía reclama al Gobierno de Pedro Sánchez una factura de 1.350 millones de euros por otros conceptos de financiación autonómica, que nada tienen que ver con el FLA: 837 millones de las entregas a cuenta de 2019 y 513 millones de la liquidación del IVA de 2017. En ambos casos, se trata de dinero que recauda Montero en Andalucía por la tributación de impuestos estatales. En ambos casos, el cálculo está hecho por el Ejecutivo socialista, consignado en el proyecto de Presupuestos Generales de 2019, que la mayoría del Congreso tumbó, precipitando las elecciones del pasado 28 de abril.

Ahora la Junta exige cobrar ese dinero antes de final de año y el Gobierno central responde que no puede pagarlo porque está en funciones, amparándose en un informe de la Abogacía del Estado que limita los poderes de un Ejecutivo en funciones, y que ya esgrimió en el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 por las mismas razones. Montero advierte de que las cantidades actualizadas de las entregas a cuentas de 2019 y del IVA de 2017 decayeron cuando el Congreso tumbó el proyecto de Presupuestos de este año. “El actual consejero de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, era diputado en el Congreso y votó contra aquellas cuentas”, dicen desde el Ministerio.

Pese a todo, Andalucía percibirá las entregas a cuenta de 2019, aunque no estarán actualizadas según la última recaudación, de modo que la cantidad que llegará será sensiblemente inferior a la que reclama la Junta. La diferencia entre los cálculos de 2018 y los de 2019 es de 2.100 millones de euros para las comunidades. Andalucía, según datos del Ministerio, recibirá 301 millones más que el año pasado, “a pesar de que las entregas a cuenta están sin actualizar”. La cifra no llegará a los 837 millones que la Junta esperaba recibir. En el caso de la devolución del IVA de 2017 pendiente de pagar, el departamento de Montero ve prácticamente imposible poder abonarlo hasta que no se forme el Gobierno. “Es inviable aprobarlo vía decreto ley”, dicen.

Confrontación

La partida de ajedrez entre Madrid y Andalucía por la financiación autonómica es un asunto arenoso y complejo -a veces incluso para los propios políticos-, pero es importante porque determina el margen de autogobierno de esta comunidad. La capacidad de hacer política depende del dinero del que dispongas para hacerla. Y los impuestos estatales que gestiona Madrid, aunque tributen en Andalucía, tienen mucho que ver con ese margen. De modo que ahora mismo, esta reclamación política del Gobierno de Moreno al Ejecutivo de Sánchez es de máxima urgencia, porque en Andalucía PP, Ciudadanos y Vox han empezado a negociar el Presupuesto Autonómico de 2019, el primero diseñado íntegramente por un Gobierno no socialista.

El último golpe del presidente andaluz a la ministra de Hacienda incluye a la Comunidad Valenciana, gobernada por el socialista Ximo Puig. Moreno, que reconoce la “infrafinanciación” que sufre esta “región hermana”, añadió el componente partidista para acusar a Montero de primar a una región del PSOE frente a otra de PP y Ciudadanos. Sin embargo Murcia también está liderada por un presidente popular y también recibirá un adelanto del extra FLA (72 millones de euros) por ser región incumplidora del déficit.

El lunes, Ximo Puig aseguró que Montero, además del dinero del extra FLA, le había prometido 450 millones de euros de la actualización de las entregas a cuenta para el último trimestre del año. Esto es lo que enfureció a la Junta andaluza y a otras comunidades, porque en teoría el Ministerio de Hacienda niega esa actualización al resto de regiones amparándose en que el Gobierno está en funciones, y la Abogacía del Estado advierte de que un Gobierno en funciones no puede adoptar medidas que condicionen económica y políticamente al siguiente Ejecutivo. El departamento de Montero “ni confirma ni desmiente” las cifras que ha dado Puig, recogidas por la agencia Efe en un teletipo. El Ministerio asegura que, gracias a la mejora de la economía y a una mayor recaudación, Andalucía terminará recibiendo una cifra parecida a la que prometían los no natos Presupuestos Generales de 2019.

La ministra asegura que no ha descartado de plano la actualización de las entregas a cuenta que recibirán las comunidades, dice que está “monitorizando” la situación financiera de las regiones y que busca una fórmula para mejorar los pagos pendientes. Pero el contexto político lo dificulta. La única fórmula que ahora mismo baraja el Ministerio es que se conforme un Gobierno en España y apela a la oposición para que faciliten ese escenario, ya descartado ante la inminencia de una repetición electoral el próximo 10 de noviembre. La Junta andaluza se ha tomado esta propuesta como un “chantaje intolerable”. “Si no me dejan ser presidente, no le doy el dinero que le pertenece. Es lamentable”, dicen.

A la gente todo este asunto, por importante que sea, le llega como un totum revolutum de números y consignas políticas cargadas de electricidad: “deslealtad”, “traición”, “agravio”, “desprecio” con Andalucía. Ocurre cada vez que el Gobierno de Madrid es de signo político distinto al andaluz y, a veces, ocurre también cuando el mismo partido pilota las dos administraciones. Moreno era líder de la oposición con el PP cuando se sumó al pacto de PSOE, Podemos e IU, suscrito por el Parlamento andaluz, que pedía al Gobierno central (entonces de Mariano Rajoy) un nuevo sistema de financiación autonómica. La fórmula planteaba inyectar 16.000 millones extra a las comunidades, de los cuales 4.000 millones irían para Andalucía. Ese croquis de números y demandas lo hizo la entonces consejera de Hacienda, María Jesús Montero, a la que el destino (y una moción de censura a Rajoy) convirtió en ministra y, por ende, remitente directa de su propia exigencia como consejera. Es un intercambio de fichas, pero el juego es el mismo.