A Juan Manuel Moreno no le gustan los cambios en su Gobierno, porque sugieren pérdida de estabilidad y esa es una máxima sobre la que sustenta todo su peso político. Sin embargo, la salida inminente de su consejera de Agricultura, Pesca y Medio Rural, Carmen Crespo, para formar parte de la lista del PP a las elecciones europeas de junio ha abierto el debate de sopetón. Moreno no descarta ahora hacer cambios de más calado en su Ejecutivo, confirman fuentes de su entorno.
El presidente de la Junta ha explicado este jueves en el Parlamento que no sustituirá de inmediato a Crespo y que sus competencias serán “delegadas” en otro consejero, que mantendrá a gran parte del equipo con el que ha trabajado la almeriense. La decisión de no cubrir el hueco de la titular de Agricultura con otro nombre de fuera del gabinete no tiene antecedentes.
Moreno quiere tomarse un tiempo para valorar si es necesario aprovechar la salida de Crespo para acometer una crisis de Gobierno de más calado, sustituyendo a otros consejeros por nuevas caras que den un impulso renovado a la acción política de la Junta en la segunda mitad de la legislatura.
La dirigente almeriense, veterana en el Ejecutivo y en el PP andaluz, tiene que dimitir antes del lunes, día en el que se oficializa su candidatura a las europeas, porque la ley electoral establece que no pueden ser “elegibles los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas” al Parlamento Europeo. Crespo dimitiría, previsiblemente, antes de la reunión semanal del gabinete andaluz del próximo martes, en la que se hará efectivo el traspaso de competencias a otro departamento. Fuentes de San Telmo matizan, sin embargo, que “hay disparidad de criterios jurídicos” sobre este asunto y que aún no está cerrada la decisión del todo.
Moreno no ha querido confirmar que el receptor de esas políticas de Agricultura y Agua sea el actual consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco. La opción transitoria pasaría por delegar en el titular de Presidencia, Antonio Sanz, hasta que el presidente resuelva si acomete una crisis de Gobierno mayor.
La excepción de incompatibilidad que afecta a la candidatura europea de la consejera de Agricultura -que mantendrá su acta como parlamentaria andaluza- no perjudica, en cambio, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que encabeza la lista del PSOE y prevé compaginar su doble rol, como muy tarde, hasta el 16 de julio, cuando se reúne el pleno del Parlamento europeo en sesión constitutiva. Si los eurodiputados elegidos en los comicios del 6 al 9 de junio no han tramitado su acta antes de esa fecha, ya no podrán participar en el primer pleno de la Cámara.
Los tiempos en España los marca la Junta Electoral Central y no hay un plazo cerrado a priori. En las europeas de 2019, el plazo para que las autoridades españolas notificasen al Parlamento Europeo quiénes son los eurodiputados elegidos fueron las dos semanas siguientes a las elecciones de aquel año.
Cambios en la Consejería de Salud
Moreno ha entrado este jueves en la sesión plenaria del Parlamento andaluz acompañado de la consejera de Agricultura. El presidente ha querido resaltar el valor de Crespo para las listas del PP en las europeas, gracias a su conocimiento del campo andaluz y de las necesidades de Andalucía de políticas hídricas más contundentes, que tengan en cuenta la “singularidad” de esta región ante el cambio climático.
Tanto en círculos de Gobierno como en la dirección del PP andaluz suena, desde hace semanas, el nombre de la consejera de Salud, Catalina García, como una de las que abandonaría el Ejecutivo de Moreno, asediada por las críticas de la oposición y de los sindicatos médicos a la gestión de su departamento con las abultadas listas de espera.
Fuentes del Palacio de San Telmo aseguran que García ya ha sido informada de los planes del presidente para sustituirla, pero oficialmente todo es un cierre de filas con la consejera, cuya destitución sería vista por la oposición de izquierdas como una victoria política que Moreno no quiere conceder en este momento.
El malestar “estructural” y pospandémico de la sanidad andaluza es la primera trinchera donde se bate el Gobierno de mayoría absoluta de Moreno con los grupos de la oposición. Las listas de espera para operarse y para una consulta con el especialista rebasan el millón de pacientes -alcanzan un 12,5% de la población andaluza a 31 de diciembre- y una cifra récord de 53.000 personas que ha superado el plazo máximo legal para una cirugía, incumpliendo el decreto de garantías de la propia Junta.
El Ejecutivo andaluz ha tratado de poner coto a esta situación anunciando dos planes de choque en los últimos seis meses, sin que ninguno de ellos haya visto la luz por ahora. Los acuerdos marco para estabilizar los conciertos con la sanidad privada -licitados el pasado octubre con un presupuesto estimado para cuatro años de casi 800 millones de euros- han quedado pausados por la lentitud del procedimiento y la urgencia política de agilizar las derivaciones de pacientes a la privada.
En febrero, la Junta decidió reactivar los contratos sin publicidad ni concurrencia -a dedo- con clínicas privadas para embridar las listas de espera antes de final de año, pero se interpuso una huelga de letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que paralizó este nuevo procedimiento dos semanas. Hasta final de mayo, según fuentes de la consejería de García, no se podrán cerrar los contratos con estas clínicas, de modo que el objetivo de reducir la lista de pacientes pendientes de operación un 60% de aquí a final de año está en entredicho.
En estos seis meses ha habido más de una decena de dimisiones y ceses en la cúpula de la Consejería de Salud, la polémica arrastrada de los contratos de emergencia autorizados durante lo peor de la pandemia que la Junta prorrogó durante dos años y medio -hasta junio de 2023- triplicando el presupuesto inicial; y capítulos específicos como el salto del ex viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán a la aseguradora privada Asisa tres meses después de su cese.
Este asunto, tras revelar este periódico que Guzmán adjudicó 44 millones de euros en contratos a dedo a la empresa que después quiso ficharle zamarreó el Gobierno andaluz, que tuvo que abrir una investigación interna y postergar unos meses el fichaje de su ex número dos en Salud. El run run en la gestión sanitaria del Ejecutivo de Moreno ha rearmado a una oposición que pocas veces logra arrugar el traje al presidente de la Junta. Es una constante en los duelos parlamentarios, donde PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía han pedido la dimisión de la consejera.