El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno descarta suspender la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley registrada por PP y Vox en el Parlamento para legalizar cultivos de regadío en Doñana, pese a las amenazas de la Comisión Europea de imponer multas millonarias a España si permite que ésta prospere “en los términos que han sido anunciados”.
La carta de la Comisión Europea dirigida al embajador del Gobierno de España ante la UE advierte de que si la iniciativa andaluza sale aprobada del Parlamento andaluz -en un plazo acotado de tres meses- “se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia”, dice la misiva, hecha pública este martes.
El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, ya se adelantó a la misiva amenazando a la Junta con recurrir la proposición de ley ante el Tribunal Constitucional. “Son negacionistas de la protección ambiental”, ha dicho este martes Ribera. El delegado del Gobierno en Andalucía ha añadido que si Bruselas termina sancionando a España, las multas millonarias tendrá que pagarlas la Junta.
En la misiva, fechada el 17 de marzo, la responsable de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE, Florika Fink-Hooijer, avisa de que “la aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo [cuando la proposición de ley se registra en el Parlamento andaluz] -agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana”.
El Gobierno de Moreno ha defendido con contundencia que la iniciativa de PP y Vox “no afecta en nada al acuífero de Doñana”, como sostiene la carta, y ha responsabilizado al Ejecutivo de Pedro Sánchez del varapalo de la Comisión Europea. “El interlocutor principal de Bruselas es el Gobierno de España, y si está trasladando esa idea, no me extraña que tenga esa impresión. La interpretación que está haciendo la Comisión Europea de la proposición de ley no es correcta”, ha sentenciado el portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco.
Aunque el discurso del portavoz del Ejecutivo de Moreno se ha dirigido en todo momento al Gobierno de Sánchez, Fernández Pacheco ha terminado reconociendo que está “convencido de que la Comisión Europea conoce el contenido íntegro de la proposición de ley” y que “se la habrá leído”.
Es la segunda vez que PP y Vox registran en la Cámara, por la vía de urgencia, una iniciativa legislativa encaminada a solucionar un problema enquistado desde hace años: la reordenación del territorio en la corona norte de Doñana, para autorizar el cultivo a un puñado de agricultores -unas 600 familias afectadas- en una zona donde han proliferado los regadíos ilegales con agua esquilmada del Parque Nacional.
La primera proposición de ley de las fuerzas conservadoras llegó al Parlamento a las puertas de las elecciones andaluzas -que ganó Moreno con mayoría absoluta-, la segunda se ha registrado a dos meses de las municipales del 28 de mayo. La primera vez, la Comisión Europea envió una carta al Gobierno de España amenazándole con sanciones millonarias si la propuesta andaluza salía adelante, la segunda vez ha ocurrido exactamente lo mismo.
Entre una y otra ha pasado un año, y ahora el Ejecutivo de Moreno impulsa la misma iniciativa, pero con modificaciones al texto original, incorporando propuestas del PSOE y del Ministerio de Transición Ecológica, y subrayando los principios medioambientales para preservar Doñana. Ese plus de proteccionismo no ha convencido a Bruselas. Tampoco las reuniones bilaterales que altos cargos de la Junta mantuvieron con el Gobierno de Sánchez y con la Comisión Europea. El pasado 8 de febrero, el viceconsejero y el director general de la Consejería de Medio Ambiente se reunieron en Bruselas con el director de biodiversidad, Humberto Delgado, a quien trasladaron el texto de la proposición de ley y el compromiso de Moreno por salvaguardar Doñana.
Todo ha sido en vano. La situación está como hace un año, con un ambiente mucho más enconado, si cabe, entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. El portavoz y consejero de Medio Ambiente expresaba este martes su frustración por el mensaje que traslada Bruselas en su misiva, que entiende es fruto de una “interpretación errónea” o, quizá, de una traslación interesada por parte del Ministerio de Transición Ecológica. “La carta hace referencia al acuífero de Doñana, y la proposición de ley dice literalmente que no se podrá sacar agua de ahí, solo se habla de agua en superficie a futuro. Me ofrezco a acompañar a la ministra a Bruselas a decirles que esta ley no va del acuífero de Doñana”, ha subrayado Fernández Pacheco.
La Comisión Europea ha dado un mes de plazo a España para despejar cualquier duda al respecto, dejando claro de antemano que “tomará en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”. Mientras tanto, la iniciativa seguirá su curso parlamentario, impulsada por PP y Vox, que cuentan con una mayoría holgada suficiente para sacarla adelante.
La bronca de Bruselas por la desprotección del Parque Natural -la segunda en un año- agita un avispero político que puede afectar a los intereses de España en la UE, cuando está a punto de asumir su presidencia rotatoria. Están en juego fondos europeos, la consideración de Doñana como Parque Natural y patrimonio de la Humanidad, y el prestigio de la marca de los frutos rojos que se cultivan legalmente en la provincia de Huelva, y que representan la piedra angular de la economía de esta comarca.
Todos admiten que el cruce de acusaciones entre administraciones, la guerra entre agricultores con riego legal y los ilegales, los ecologistas y los candidatos a la Alcaldía en los municipios onubenses afectados complica la solución. “El Gobierno de España no está en posición de dar lecciones ambientales a la Junta de Andalucía”, ha remarcado hoy el portavoz, tras recordar que la carta de la Comisión Europea alude a la condena de la justicia europea a España por no haber acotado las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana.
En aquel dictamen, el Tribunal Europeo concluyó que el Gobierno debió haber adoptado medidas mucho antes para evitar la alteración del hábitat natural protegido, amenazado por el cultivo de frutos rojos, piedra angular de la economía en la comarca onubense. La nueva misiva reincide en la idea de que “El Reino de España no había adoptado aún todas las medidas necesarias para cumplir con lo dispuesto en la sentencia lo antes posible”.
Las discrepancias de fondo entre Gobierno y Junta esconden un juego de palabras: la ley no promete agua, pero sí recalificaría terrenos para el cultivo, permitiendo a sus dueños reclamar permisos de riego a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Estado.
El PP andaluz asegura que el acuífero de Doñana no se tocará, solo habrá riego con agua en superficie: algo que ahora no es posible, porque faltan las infraestructuras necesarias para llevar el agua hasta allí, y esas obras dependen del Estado. En realidad, el agua del acuífero de Doñana también sale del agua en superficie, el problema de fondo es que no hay agua. Andalucía, como España, vive una grave crisis de sequía y los pantanos están a menos del 30% de su capacidad.
En una coyuntura de sequía y falta de lluvias, Moreno intensifica su discurso verde y su compromiso con el medio ambiente, promete infraestructuras hidráulicas estratégicas para el territorio, y demanda a Madrid más fondos para acelerar esas obras. Pero la comunidad científica, empezando por el director del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, ya ha trasladado al presidente andaluz que la proposición de ley que impulsa su grupo y Vox en la Cámara es “descabellada”.
La nueva proposición de ley añade aportaciones que hizo el PSOE-A durante la tramitación de la primera ley -la creación de una oficina técnica que revise caso a caso las hectáreas afectadas- y también “un corta y pega” (en palabras del PP) de la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica para meter la norma andaluza bajo el paraguas de la Ley Forestal de ámbito estatal.
Los populares supeditan la futura ampliación de regadíos a la culminación de unas obras hidráulicas que garanticen el agua en superficie, “nunca del acuífero de Doñana”, que está siendo esquilmado ahora por muchos de los agricultores afectados.
Esas obras de trasvase de agua, desaladoras, etc -entre ellas la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre- no están empezadas, ni siquiera el trámite administrativo de licitación. En el caso de la presa de Alcolea, además, un informe de Medio Ambiente determinó que el agua está contaminada y no puede usarse, por tanto, para el riego de cultivos.
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