El Parlamento andaluz ha sido escenario este jueves de un hecho inédito: el PP de Juan Manuel Moreno ha llevado a la Cámara iniciativas legislativas que emanan de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, una norma sin apenas protagonismo ni carga presupuestaria desde que los populares llegaron a la Junta de Andalucía, hace cuatro años.
Es la primera vez que llevan al Pleno de la Cámara propuestas sobre políticas memorialistas desde que se aprobó la nueva Ley estatal de Memoria Democrática, que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox han prometido derogar en cuanto lleguen a la Moncloa. ¿Cómo ha ocurrido esto?
Todo parte de una proposición no de ley de Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, para que el Parlamento andaluz inste a desclasificar los archivos secretos sobre la muerte de Manuel José García Caparrós, un joven malagueño asesinado a los 19 años de un balazo, durante la concentración de un millón y medio de andaluces que se manifestaban exigiendo una autonomía plena, el 4 de diciembre de 1977 (4D). Su iniciativa ha sumado aportaciones del PP y del PSOE y ha sido respaldada por todas las fuerzas de la Cámara, a excepción de Vox.
Para que esto ocurriera ha sido fundamental la connivencia del Gobierno de Moreno, siempre distante o receloso de las políticas memorialistas. Pero esta vez, el PP andaluz ha negociado y pactado con el grupo mixto andalucista, que sólo cuenta con dos diputadas, y ese acuerdo tiene un valor político simbólico.
Los populares no sólo han aceptado reconocer a Caparrós como víctima del tardofranquismo “por su lucha a favor de la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y democráticos”, en aplicación de la nueva Ley estatal de Memoria Democrática, aprobada en octubre con revuelto de la bancada popular.
También han enriquecido la proposición no de ley de Adelante con tres enmiendas de adición que emanan directamente de la Ley andaluza de Memoria Histórica, y que la gaditana ha aceptado encantada. Así, el PP ha propuesto incluir al joven malagueño en el “censo de víctimas” del franquismo, señalar el punto en el que lo mataron como “lugar de memoria” y señalar también como “sendero de memoria” el recorrido en el que sucedieron los hechos, hace 45 años.
La iniciativa ha recibido el respaldo mayoritario de la Cámara en presencia de las tres hermanas de Caparrós, que siguieron el debate desde la tribuna de invitados, excepto cuando intervino el portavoz de Vox, momento en el que se ausentaron en señal de protesta.
Hace apenas unos días, el Gobierno de Moreno declaró el 4 de diciembre día oficial de la bandera andaluza, respondiendo a una solicitud que le hizo el ex fundador del extinto Partido Andalucista, Alejandro Rojas Marcos. A una semana para que se conmemore esa efeméride, el presidente ha aceptado recibir el próximo lunes en el Palacio de San Telmo a Purificación, Dolores y Francisca Caparrós, que llevaban cuatro años pidiéndole una cita, desde que fue investido en la pasada legislatura.
El grupo mixto Adelante Andalucía sólo tenía cupo para presentar una sola proposición no de ley en este periodo de sesiones, dada su exigua representación en la Cámara, y ha optado por dedicársela a la memoria de García Caparrós. En realidad, Rodríguez ya había tanteado el terreno para ver si había agua en la piscina antes de tirarse.
La gaditana preguntó al presidente sobre la posibilidad de ese reconocimiento en el último Pleno, hace 15 días, y éste se mostró receptivo: “Estaremos pendientes de qué posibilidades tenemos de reconocer a quienes sufrieron el final de la dictadura franquista en sus carnes”, le había dicho, al tiempo que admitió ser “consciente de aquéllos que perdieron la vida en la defensa de la autonomía, de la democracia”.
La iniciativa de Adelante Andalucía tiene un fuerte componente andalucista que entronca con la identidad del partido de Teresa Rodríguez, pero también con el perfil autonomista que trata de consolidar el presidente Moreno, para irritación de la bancada socialista.
Ese andalucismo es el que ha propiciado el encuentro entre dos formaciones políticas tan alejadas desde el punto de vista ideológico, pero más llamativo aún es que Moreno haya decidido ir más allá de lo que proponía Rodríguez, valiéndose de una ley denostada por el PP nacional y que Vox ha intentado derogar tres veces en esta Cámara.
La Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática fue aprobada por el Parlamento andaluz sin votos en contra en 2017. Fue la primera vez que el PP se abstenía ante una norma memorialista en España, entendiéndose entonces como un esfuerzo de consenso con las fuerzas de izquierdas. Aunque un año después el mismo partido pactara con Vox y firmara un acuerdo político con la ultraderecha que incluía su derogación (acuerdo que no se ha cumplido aún).
Las enmiendas de adición del PP a la propuesta de Adelante Andalucía merecen un análisis de detalle: piden, en primer lugar, que García Caparrós “sea incluido en el ”censo de víctimas“ por su lucha y defensa a favor de las libertades del pueblo andaluz, ”hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, el 11 de enero de 1982“, en virtud de la citada Ley de Memoria.
Lo llamativo de esto es que, hoy por hoy, no existe ese “censo de víctimas” en Andalucía. Éste será una realidad si el Gobierno de Moreno trabaja, efectivamente, en el reglamento que debe desarrollar la Ley andaluza de Memoria, pendiente desde su entrada en vigor. En los casi cuatro años de la pasada legislatura no se hizo. Ahora, según fuentes de la Consejería de Cultura que dirige Arturo Bernal, se está trabajando en dicho reglamento.
Los populares añaden otro punto más a la iniciativa de Rodríguez, instando a la Consejería de Cultura, “competente en materia de memoria democrática”, para que “inscriba en el inventario de lugares de memoria democrática de Andalucía el espacio comprendido en al esquina de la confluencia de las calles comandante Benítez y Alameda de Colón de la ciudad de Málaga”, como lugar en el que fue “herido mortalmente” García Caparrós, y a “crear posteriormente el sendero de los hechos acontecidos”.
Y, por último, incluyen otro artículo proponiendo que todos los documentos públicos relacionados con su muerte se recopilen y constituyan “patrimonio documental de Andalucía en materia de memoria democrática, en el marco del Plan Andaluz de Memoria”, autorizando a los ciudadanos para consultarlo. El referido Plan lleva en estado de hibernación desde que los populares gobiernan.
El PP andaluz ha dado este paso adelante en un momento complejo, porque llas políticas de Memoria Histórica están en el disparadero del debate público. El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido derogar la reciente reforma de la ley estatal, aprobada por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados el mes pasado. Y Vox tiene en este momento registrada en el Parlamento andaluz una proposición de ley para forzar a Moreno a derogar su homóloga ley andaluza de Memoria (es la tercera vez que lo hacen).
El presidente de la Junta no se ha pronunciado sobre la nueva Ley estatal de Memoria, ni siquiera cuando la hermandad de la Macarena tuvo que exhumar los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano, un mandato también de la legislación andaluza que dejaron sin ejecutar los últimos gobiernos andaluces de PSOE y PP.
La proposición no de ley defendida por Teresa Rodríguez también solicitaba al Gobierno central la “desclasificación de toda la documentación” relativa a la investigación sobre el asesinato de García Caparrós, algo que ya intentó Unidas Podemos, sin éxito, en una iniciativa similar dirigida al Congreso. La Ley de Secretos Oficiales lo impidió. El PP ha corregido la redacción de esta petición, pero el fondo se mantiene.
El PSOE también presentó una enmienda para retirar este punto, alegando que el Gobierno de Pedro Sánchez ya tiene un borrador de reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que permitirá conocer la investigación sobre la muerte del malagueño. Adelante no ha aceptado la enmienda socialista, pero sí la del PP, porque consideraba que apelaba a la responsabilidad tanto de la Junta como del Gobierno central.
Los socialistas presentaron otras dos enmiendas, instando a una declaración de reparación y reconocimiento personal tanto a García Caparrós como a sus familias, ambos considerados “víctimas” del franquismo conforme a la nueva Ley estatal de Memoria. Ambas han sido aceptadas e incorporadas con el respaldo del PP y de Por Andalucía.
Los populares sí han corregido la definición de “víctima” del texto original de Rodríguez -“víctima de la violencia política en pie de igualdad con las víctimas del terrorismo”- al considerar que se aludía a la “cláusula Bildu” que negoció con el Gobierno en la legislación estatal para llevar la condición de víctima más allá de la muerte de Franco, hasta 1983. En realidad, esa premisa ya está recogida en la ley andaluza [abarca desde la II República hasta 1982], precisamente para incluir a quienes participaron en la lucha por la autonomía, de la que el joven malagueño se convirtió en icono.
En su lugar, han propuesto una redacción alternativa: que el Gobierno conceda al malagueño la consideración de “víctima” conforme “a la legislación estatal vigente y conforme a las directivas europeas y su desarrollo reglamentario”. Teresa Rodríguez ha aceptado esta corrección a su texto, porque consideraba que “ampliaba” su propuesta y que, implícitamente, el PP estaba asumiendo la definición de víctima que recoge la nueva Ley estatal de Memoria Democrática.
La gaditana ha cerrado el debate con cierta emoción en la voz, reconociendo que le parece “emocionante escuchar con convencimiento al portavoz del PP-A, Bruno García”, hablar de García Caparrós. “Esto nos hace avanzar, está bien, da esperanza”, ha dicho, congratulándose por haber alcanzado “un consenso sobre la necesidad de empezar a hacer justicia con nuestro pasado, con nuestra memoria”. La gaditana se ha dirigido a las tres hermanas del malagueño: “Su lucha no es sólo una lucha familiar, es una lucha de todos para empezar a abrazar nuestro pasado”.
Cada año, la comparsa de Los Majaras en El Puerto de Santamaría (Cádiz) canta que “un 4D muere un malagueño”. Cada año desde hace 40 años. “Lo contrario de la verdad no es la mentira, es el olvido”, había dicho en su intervención el diputado de Por Andalucía, José Gómez Jurado.
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