El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, está promocionando su comunidad como la segunda “con menor presión fiscal de España”, vendiendo una reforma íntegra de los tributos cedidos que prometió en 2018, cuando aún aspiraba a desbancar al PSOE andaluz tras 37 años en el poder, pero que no ha podido poner en marcha en su totalidad hasta ahora.
El lunes Moreno se fue a Madrid a anunciar un paquete de rebajas fiscales que aprobará este martes el Consejo de Gobierno, entre ellas, la supresión del impuesto de Patrimonio, que en 2021 abonaron 20.661 contribuyentes con rentas superiores a los 700.000 euros, y supuso una merma de 120 millones de euros para las arcas públicas.
Andalucía es la segunda comunidad, después de Madrid, que elimina este gravamen; no en vano, el propósito declarado de Moreno es competir fiscalmente con la capital de España. Pero la presa patrimonial del dirigente andaluz no son los madrileños, sino los catalanes –dentro del país–, más las grandes rentas de portugueses y británicos que veranean y pasan gran parte del año en la costa andaluza, aunque tributen en sus territorios. En paralelo, eso sí, la Junta y al unísono el PP están exigiendo al Gobierno central que aumente la financiación de las comunidades para sustentar las políticas públicas que dependen de ellas.
Horas antes de que el Consejo de Gobierno apruebe este martes el decreto ley que recoge las bajadas de impuestos –Patrimonio, IRPF y canon del agua–, Moreno regresó a un foro de empresarios, organizado esta vez por el diario Abc, para geolocalizar a los receptores potenciales de su reforma fiscal: Catalunya, en el interior; Portugal y Marruecos, en el extranjero. “Les digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de Sucesiones y Donaciones, aquí no. En Cataluña hay impuesto de Patrimonio, aquí no”, ha subrayado Moreno, para luego rematar con una frase que fue aplaudida con entusiasmo por los asistentes al acto: “Y además aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España”.
Una estimación de 7.200 nuevos contribuyentes
Es la primera vez que el presidente andaluz y “barón de barones del PP” asocia su propuesta fiscal con el proceso independentista catalán, un asunto espinoso por el que transita de puntillas su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo. Moreno promociona Andalucía para atraer inversión exterior y lograr que los grandes patrimonios de España y de los países vecinos muden su domicilio fiscal a su comunidad, y para convencer resume su oferta en cuatro ítem: “bajada masiva de impuestos, simplificación burocrática que limitan el crecimiento de empresas, seguridad jurídica y credibilidad”.
La referencia al independentismo catalán, hoy encallado en las disputas internas de los partidos catalanistas que integran el Govern, remite indirectamente al momento más convulso del procés. En 2017, tras el referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre, docenas de empresas de Cataluña trasladaron su domicilio social fuera de esta comunidad a otras regiones, principalmente a Madrid y la Comunidad Valenciana, según datos del Colegio de Registradores. Muchas de esas empresas, además de entidades financieras, movieron también su domicilio fiscal por temor a la Hacienda catalana.
El contexto político ya no es el mismo. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene un diálogo fluido con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, y su formación es una aliada parlamentaria que da estabilidad al Ejecutivo. El independentismo ha perdido fuelle en los últimos años y los partidos que lo abanderan, principalmente ERC y Junts, escenifican a diario un pulso y tensiones internas que desquebrajan el bloque secesionista.
Con todo, el contexto de fondo sigue transmitiendo inseguridad jurídica e incertidumbre a los inversores, según fuentes próximas a Moreno, de ahí que el presidente andaluz haya lanzado su anzuelo fiscal en Catalunya, con esperanza de captar a unos 7.200 nuevos contribuyentes solo en el primer año en vigor de la supresión del impuesto de Patrimonio. Es el balance que ha hecho el Gobierno andaluz, convencido de la pérdida de ingresos por este gravamen será compensada por lo que paguen por IRPF e impuestos indirectos los nuevos contribuyentes que se muden a Andalucía [con un impacto estimado de 125 millones de euros].
La curva de Laffer
Además, advierten desde la Junta andaluza, también evitará que otros 5.000 directivos de empresas ahora afincados en esta comunidad se marchen a Madrid, como ocurrió el año pasado con diez de los 20 primeros pagadores del impuesto de Patrimonio, según Moreno. “Se lo cobramos una vez, a la siguiente ya se habían marchado”, ha insistido este martes.
En el frontispicio ideológico del PP está la llamada curva de Laffer, aplaudida por muchos economistas liberales, discutida por otros tantos socialdemócratas: menos impuestos, más consumo, más actividad económica. Moreno defiende con ahínco que bajando la presión fiscal se consiguen más contribuyentes, y en esta tesis no solo habla claramente de competir fiscalmente con Madrid, también con los vecinos Portugal y Marruecos. No es la primera vez que el presidente andaluz ofrece la Costa del Sol como reclamo para grandes fortunas de estos países, y también de Reino Unido, donde pasan largas temporadas, pero siguen con el domicilio fiscal en el exterior.
La victoria incontestable de Juan Manuel Moreno en las elecciones del 19 de junio le otorgó una mayoría absoluta que le permite bajar todos los impuestos de competencia autonómica. Empezó a hacerlo en la pasada legislatura, cuando su Gobierno dependía de Ciudadanos y de Vox, con los que discrepaba en muchos aspectos, pero compartía la misma filosofía económica y fiscal. Pero Moreno no ha desarrollado su propuesta fiscal en su totalidad hasta ahora, con un gobierno en solitario, que permite amortizar el relato político y económico exclusivamente al PP. La reforma fiscal de Moreno es la de Alberto Núñez Feijóo, avanzadilla desde Andalucía para las elecciones generales del año que viene.
Bajada del IRPF y presupuestos para 2023
Junto a la supresión de Patrimonio, la Junta deflactará el IRPF un 4,3% en los tres primeros tramos autonómicos, hasta rentas de 40.000 euros [la rebaja del tramo mayor, por encima de los 60.000 euros, fue la primera en aprobarse durante su primer mandato]. En conjunto, todas las rebajas fiscales impulsadas por el Ejecutivo de Moreno han supuesto una merma a las arcas públicas de 900 millones de euros, “dinero que se queda en el bolsillo de los andaluces en un momento grave de inflación y pérdida de poder adquisitivo”, subraya el presidente andaluz.
Los Presupuestos Autonómicos de esta comunidad para el año que viene superarán los 45.000 millones de euros, unos 5.000 millones más que las cuentas prorrogadas de este año. Es el presupuesto más expansivo de la historia autonómica, lo cual permite a Moreno defender que los servicios públicos –sanidad, educación, dependencia, etc– no se verán afectados por la caída de ingresos pareja a su rebaja fiscal; aunque tanto la Junta y como el PP exigen más financiación al Gobierno central.