Moreno presidirá el Comité de Regiones de la UE con la migración, la sequía y el campo en el foco de la agenda andaluza

El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, será elegido presidente del Comité de las Regiones (CR), el órgano consultivo de la Unión Europea (UE) que agrupa a regiones y municipios, a propuesta del PP europeo y tras cerrar un acuerdo con el Grupo Socialdemócrata para repartirse la presidencia durante el presente mandato de cinco años.

Moreno presidirá el CR la mitad de ese periodo -dos años y medio- y la otra mitad recaerá en la dirigente socialista húngara, Kata Tütto, vicealcaldesa de Budapest. La votación será el próximo 20 de febrero pero, salvo sorpresa, el acuerdo de los dos grandes grupos mayoritarios del Parlamento europeo garantiza la presidencia rotatoria de ambos.

El Ejecutivo andaluz ha dado máxima importancia a la elección de Moreno, el primer español que preside el Comité de Regiones de la UE desde el popular Ramón Luis Valcárcel, expresidente de Murcia [2012-2014]. Antes que él ocupó el puesto el exalcalde de Barcelona, Pascual Maragall [1996-1998].

La portavoz de la Junta, Carolina España, ha anunciado la candidatura propuesta por el PP europeo como una señal inequívoca del peso específico de Andalucía en las instituciones europeas, aunque otras fuentes en el Palacio de San Telmo han preferido poner el foco en el peso de Juan Manuel Moreno en el seno del PP de España, frente a otros barones regionales como la madrileña Isabel Díaz Ayuso. “Andalucía se dota de más prestigio e influencia en las instituciones europeas”, ha subrayado la portavoz.

En realidad, el peso específico de un presidente de una comunidad autónoma en el marco de una supraestructura política como la UE es relativo, aunque todos los inquilinos del Palacio de San Telmo han hecho de sus viajes a Bruselas una prolongación de su agenda andaluza -reivindicaciones, quejas, etc- y, a menudo, de su estrategia de confrontación con el Gobierno de España. Andalucía, con una superficie de más de 87.000 kilómetros cuadrados -en torno al 20% de España- es la cuarta región más extensa de la UE.

Tiene una población de 8,5 millones de habitantes y una economía doméstica sustentada en dos pilares: el turismo y el sector agroalimentario. De ahí la importancia de que un andaluz comande el Comité de las Regiones de la UE, no sólo por la preocupación innata que tiene Andalucía cada vez que se negocia la Política Agraria Común (PAC). La región también es frontera sur de la UE, tiene un protagonismo capital en las políticas migratorias, porque suele ser la puerta de entrada de quienes cruzan el Estrecho desde el Magreb y el África subsahariana.

Desde que es presidente de la Junta, Moreno ha viajado recurrentemente a Bruselas para reivindicar políticas agroalimentarias, políticas migratorias y, de un tiempo a esta parte, un especial estatus para Andalucía ante la crisis de sequía, al ser una de las regiones de la UE más expuestas al cambio climático.

El pasado octubre, el presidente andaluz ya acudió al Comité de Regiones a reclamar una mayor financiación europea para obras hídricas, para vivienda y para redes eléctricas en su comunidad, advirtiendo de que la sequía no era sólo un problema de Andalucía, sino de toda Europa.

También fueron sonados sus roces con la Comsión Europea a cuenta de la polémica ley para amnistiar regadíos ilegales junto a Doñana, que Bruselas condenó con amenazas de multas millonarias, y que finalmente retiró tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno de España para repartir ayudas a agricultores y municipios del entorno del Parque Natural.

Ahora, en su papel de presidente del CR, Moreno deberá equilibrar las reivindicaciones y expectativas de todas las regiones y municipios de la UE que están representados en este órgano consultivo. Un equilibrio complejo, si se tiene en cuenta que algunas comunidades españolas, léase Cataluña o Euskadi, están ahora defendiendo y negociando con el Gobierno de Pedro Sánchez algunas viejas aspiraciones para recuperar influencia en las instituciones europeas -llevar las lenguas cooficiales catalana, vasca y galega a Bruselas y Estrasburgo-, a las que el PP de Moreno se ha opuesto frontalmente.

En ese sentido, el pasado noviembre, el presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, presentó el llamado Plan Bruselas, cuyo objetivo era precisamente recuperar el peso de Cataluña en el debate europeo, trasladando tanto reivindicaciones normativas como de obtención de fondos europeos y la flexibilización de las ayudas que reciben los ayuntamientos (los alcaldes se quejan de la lentitud en los trámites).

El Gobierno de Sánchez se ha comprometido con sus socios de investidura a pelear para que Bruselas acepte reconocer el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la UE, donde ahora mismo están reconocidas 24 lenguas. En agosto de 2023, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, solicitó por carta a la presidencia del Consejo de la UE que incorporase las tres lenguas cooficiales en España al régimen lingüístico de la Unión, con categoría de idiomas oficiales y de trabajo.

El catalán, el euskera y el gallego ya se usan a menudo en acuerdos y convenios administrativos de todas las instituciones europeas, confirman fuentes del Europarlamento. Incluso en el Comité de las Regiones de la UE, que ahora presidirá Moreno, existe el “derecho de petición” en esas lenguas, al que se han acogido dirigentes catalanes, vascos y gallegos en el pasado.

Aun asumiendo el coste de las traducciones en el Europarlamento -como hace Irlanda con el gaélico-, la primera reacción de la Comisión Europea fue recelar de una propuesta que podría despertar las mismas reivindicaciones en otros territorios de la UE que tampoco cuentan con su lengua materna en las instituciones europeas, como en el caso del belga o del maltés).

En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó un acuerdo administrativo para que pudieran utilizarse en algunas situaciones. Así, prevé que haya interpretación pasiva (aquella en la que el intérprete comprende la lengua y la traslada a otra lengua) en las reuniones ministeriales del Consejo de la UE y en las plenarias del Comité de las Regiones si previamente se realiza una solicitud “con antelación suficiente”.