Moreno rescata al número dos de Arenas como consejero de Presidencia y hombre fuerte de su nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno aumenta de 11 a 13 consejerías más la presidencia: tendrá más consejeras (siete) que consejeros (seis), contará con cuatro independientes, pero sobre todo con una presencia significativa de cargos orgánicos y veteranos dirigentes del PP andaluz -incluida su secretaria general, Loles López-, y tendrá un signo continuista. Ciudadanos ha sido barrido del gabinete por completo, sólo una de los cinco consejeros naranjas permanece: Rocío Blanco, consejera de Empleo; a quien los populares consideraban cuota propia.

El peso mayor político del nuevo Ejecutivo andaluz recae en la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, un departamento que hasta ahora gestionaba la mano derecha y amigo personal de Moreno, Elías Bendodo. Quien hereda el puesto de más confianza es Antonio Sanz, que ya ocupaba la viceconsejería de este departamento la pasada legislatura. Sanz es un veterano dirigente del PP andaluz, lugarteniente y persona de confianza del ex presidente del PP-A, Javier Arenas, con quien compartió las legislaturas de oposición más duras contra los gobiernos del PSOE.

Diputado, senador, delegado del Gobierno en Andalucía y coordinador de la campaña de Soraya Sáenz de Santamaría que perdió contra Pablo Casado en el último congreso del partido. Su trabajo de fontanería en la retaguardia ha sido muy celebrado por los alcaldes en más de una crisis -incluida la pandemia- durante el mandato anterior. Los socialistas lo reconocen como su bestia negra, la voz denunciante del PP en todos los capítulos del caso de corrupción de los ERE, que terminó con la cúpula de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el banquillo, condenados por prevaricación y malversación [precisamente el fallo del recurso que han interpuesto ante el Tribunal Supremo se conocerá esta semana].

La renovación del Ejecutivo de Moreno es del 75%, aunque era de prever porque se daba por segura la salida de siete de los 11 consejeros del anterior gabinete: cuatro de los cinco titulares nombrados por Ciudadanos y tres del PP que han sido reasignados a otras funciones incompatibles con su labor en la Junta: Bendodo deja Presidencia para centrarse en su puesto de coordinador general del PP nacional; Juan Bravo abandona Hacienda para ser vicesecretario de Economía del partido; y Jesús Aguirre ha salido de Sanidad para presidir el Parlamento andaluz.

Moreno ha mantenido un mutismo absoluto sobre los nombres de sus consejeros hasta el día de hoy, evitando cualquier filtración a la prensa. El presidente andaluz sólo había anunciado que sería un gabinete “de gestión”, con “dos o tres perfiles políticos”, y muy centrado en la economía para encarar la crisis que se avecina por la escalada inflacionista y la guerra en Ucrania. Pero la primera foto del Gobierno retrata una invasión notable de la dirección orgánica del PP en el Palacio de San Telmo, con la elección de veteranos dirigentes (hijos políticos de Arenas, pero también muy próximos a Bendodo, que deja su impronta en el nuevo gabinete).

Repite Marifrán Carazo en el mismo puesto que tenía, consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda; Patricia del Pozo, que cambia Cultura por el departamento de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; Carmen Crespo se mantiene en su departamento que pasa a llamarse Agricultura, Pesca, Ganadería, Agua y Desarrollo Local (se desgaja Medio Ambiente que tendrá una cartera propia); Blanco continúa en Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Cuatro mujeres del anterior Gobierno que permanecen en el nuevo.

El resto son nombres nuevos, pero con mucha ascendencia en el PP. El hasta ahora alcalde de Almería y secretario provincial, Ramón Fernández Pacheco, será el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul; el ex portavoz parlamentario del PP y ex alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, será el titular de Justicia, Administración Local y Función Pública; Carolina España, otra arenista que ahora es diputada en el Congreso y fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Málaga, es la nueva consejera de Hacienda y Economía (se fusionan dos competencias que estaban separadas); la secretaria general del PP andaluz, Loles López, entra en el Ejecutivo como consejera de Integración Social, Juventud e Igualdad de Oportunidades, lo que antes era Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Las primeras preguntas -y críticas de la oposición- le han llegado precisamente por haber eliminado un departamento específico para políticas de igualdad de género. Moreno ha defendido que el departamento de López tendrá las mismas funciones, aunque desde Por Andalucía, Inma Nieto, le afea que haya borrado su nombre del Consejo de Gobierno “sin necesidad de responder a las presiones de Vox”. El presidente había empezado su intervención destacando que su nuevo gabinete tiene “más consejeras que consejeros”, y lo explicó con estas palabras: “No es fruto de ninguna imposición legal ni de una necesidad, sino porque en nuestra sociedad afortunadamente las mujeres han adquirido capacidad, formación y la posibilidad de poder competir en el ámbito público y privado de una manera brillante”.

Cambios orgánicos en el PP

La entrada de López en el Ejecutivo andaluz le obligará a delegar el control orgánico en el recién nombrado coordinador general del PP andaluz, Antonio Repullo, una figura que Moreno creó nueva en el último congreso en previsión de la designación como consejera de su número dos en el partido. El presidente andaluz ha descartado la celebración de otro congreso para reajustar la ejecutiva -“tuvimos el último en noviembre”-, dejando claro que las funciones de la secretaria general serán asumidas “con naturalidad” por Repullo.

Aunque no se especifique en el nombre de la consejería, el departamento de López gestionará las políticas de mujer y lucha contra la violencia machista, que Moreno ha preferido llamar “igualdad de oportunidades”. También mantiene todas las iniciativas relacionadas con las familias que, hasta ahora, estaban en la nomenclatura de la Consejería de Salud (una exigencia de Vox en el acuerdo político que firmó con el PP para apoyar su investidura en 2019, y que Moreno ha desmontado sin hacer grandes efectismos). “Las políticas de familias, en plural, son fundamentales y seguirán”, ha advertido.

El resto de nombres son más técnicos, profesionales del mundo de la empresa y la universidad. Jorge Paradela, licenciado en Económicas, ex alto ejecutivo de Heineken ahora vinculada al Sevilla Fútbol Club, será el consejero de Industria y Energía; Arturo Bernal, que gestionaba la empresa pública Extenda y fue director general de turismo y planificación en la Costa del Sol, asume la consejería de Cultura, Turismo y Deporte (áreas que hasta ahora están distribuidas en tres departamentos distintos). Moreno lo incluye entre los independientes, pero fue un hombre de la confianza de Bendodo cuando presidía la Diputación de Málaga.

Sanz no es el único viceconsejero que es ascendido al primer escalafón. La número dos de Jesús Aguirre en el departamento de Salud, Carolina García, ocupará ahora su puesto, dando continuidad a la gestión de la pandemia y otras crisis sanitarias que han afectado a Andalucía los últimos años. Esta área incorpora las competencias de Consumo. El presidente de la Conferencia de Rectores de España (CRUE) y ex rector y catedrático de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, será consejero de Universidad e Innovación. El presidente andaluz ha querido mantener separadas las competencias sobre la educación reglada de la universitaria, y darle una cartera específica a ésta última que antes no tenía.

Los nuevos consejeros jurarán o prometerán el cargo este martes, minutos antes de la primera reunión del Consejo de Gobierno. La Junta todavía tiene que hacer modificaciones reglamentarias y legales para reajustar el decreto de estructura del nuevo Ejecutivo, que se conocerá en los próximos días.

Ha quedado desierto, por ahora, el nombre de la persona que ocupará la portavocía de la Junta de Andalucía, que seguirá dependiendo de la consejería de Presidencia, junto con la Dirección de Comunicación de la Junta. Moreno ha aclarado que aún no lo había decidido, que no lo consideraba “prioritario”, pero que lo decidirá antes del primer Consejo de Gobierno de este martes. Fuentes próximas al presidente advierten de que un consejero o consejera puede compatibilizar su puesto con el de portavoz de la Junta, como sucedió en el mandato anterior.

La comparecencia del presidente, este lunes en San Telmo, se ha retrasado más de una hora. Cuando le han preguntado por la razón, Moreno ha admitido que le ha costado encontrar y convencer a profesionales para que dieran el paso en política, y que algunos han rechazado su oferta. Algunas “bajas” han sido por problemas de salud, pero sobre todo “por el severo régimen de incompatibilidades” que tiene la Junta de Andalucía, con unos salarios muy inferiores a los que se percibe en la empresa privada [alrededor de 60.000 euros al año cobran los consejeros, más complementos y ayudas para desplazamiento y vivienda].

El regreso de Arenas

El regreso de Antonio Sanz a la primera fila del Gobierno andaluz es el movimiento más arriesgado que acomete Moreno, porque con él reaparece un largo historial del PP asociado a Javier Arenas -fue su mano derecha durante años- y sus muchos años de oposición hostil a los gobiernos socialistas. 

Sanz fue quien coordinó la campaña de Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso nacional del PP que le enfrentó (y perdió) contra Pablo Casado. En política ha ocupado todo lo que puede ocupar un eterno número dos que despliega un perfil duro para reblandecer la imagen de su líder (labor que ha desempeñado Bendodo en esta legislatura junto al moderado y centrista Moreno). Sanz fue diputado muchos años, senador, presidente del PP de Cádiz y delegado del Gobierno en Andalucía. 

En las elecciones de 2018 no fue en las listas electorales del PP por primera vez en años, porque fueron confeccionadas por la dirección nacional de Casado. Moreno lo rescató para su Gobierno como viceconsejero de Presidencia, número dos de Bendodo, en un puesto en el que ha gestionado como buen fontanero muchos incendios políticos y territoriales. 

Los alcaldes andaluces, de todo signo político, han recurrido a él cada vez que sobresalía una crisis que necesitase el apoyo de la Junta, y su trabajo ha sido muy reconocido en ese papel. Para la dirección del PSOE, en cambio, siempre fue la bestia negra, el portavoz de todos los episodios del macrofraude de los ERE que terminó por aplastar a los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados por prevaricación y malversación de fondos.

Tiempo récord

Moreno ha puesto en marcha el nuevo Gobierno andaluz en tiempo récord. Apenas un mes desde las elecciones del 19 de junio, en las que logró una mayoría absoluta de 58 diputados [tres más de los necesarios], el presidente de la Junta ha cumplido su cronograma de empezar a funcionar lo antes posible con un nuevo equipo con la vista puesta en aprobar los Presupuestos autonómicos para 2023.

La guerra en Ucrania y el posterior encarecimiento de los precios del gas, el petróleo y los alimentos ha desbocado la inflación por encima de los dos dígitos, golpeando fuertemente el bolsillo de las familias, a las pequeñas empresas y la tasa de empleo, siempre por debajo de la media nacional. Moreno ha tenido en cuenta las sombras que se ciernen sobre la economía andaluza para conformar un Gobierno “de gestión”, con un peso significativo en la política de rebajas fiscales y la búsqueda de inversión exterior para generar más empleos.

El de ahora es un Ejecutivo andaluz muy distinto al de 2019. El PP llegaba al Palacio de San Telmo después de 37 años haciendo una oposición infructuosa al PSOE. En esos años, una de sus críticas recurrentes iba dirigida a la “mastodóntica” estructura del Gobierno, con especial virulencia hacia las empresas del sector instrumental, bautizadas peyorativamente como “administración paralela”. Se formó un Ejecutivo de coalición PP-Ciudadanos con el compromiso de jibarizar esa estructura, lo cual se tradujo en una reducción del número de consejerías: de las 13 del último gabinete de Susana Díaz a los 11 departamentos que compartían los populares (seis) con los naranjas (cinco).

En la práctica esto se tradujo en una acumulación de competencias dispares e inconexas dentro de la misma macroconsejería, cuyo máximo exponente fue el departamento del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, responsable de Turismo, Justicia, Administración Local y Regeneración Democrática. Tras lograr la mayoría absoluta, lo primero que admitió Moreno fue que ese esquema de Gobierno fue un error, fue inoperante en muchos momentos, y que tener más consejerías no significaba necesariamente tener más gastos, porque los segundos y terceros niveles de los macrodepartamentos que hicieron multiplicaban el número de personal necesario.