Tras semanas de huelga y a 11 días para las elecciones municipales del 28 de mayo, los sindicatos sanitarios de Andalucía le han ganado el pulso al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, que este miércoles ha aceptado retirar la atención primaria de la polémica orden que permite concertar la consulta al médico de cabecera con la sanidad privada, fijando por primera vez un precio a las derivaciones.
Se trata de un preacuerdo que abarca mejoras laborales, aumento de personal y compromiso de gasto extra para los próximos tres años de legislatura -hasta 180 millones de euros-, aunque el punto más destacado haya sido la “eliminación de la palabra primaria” de la orden de tarificación, en palabras de la consejera de Salud, Catalina García. El preacuerdo aún debe sellarse en la mesa sectorial prevista para el 22 de mayo de la próxima semana y que ha contado con el respaldo de CSIF, UGT, CCOO y Satse, pero no con el del Sindicato Médico Andaluz (SMA).
Fuentes de la Consejería de Salud confirman a este medio lo que ya avanzaban los sindicatos: que la atención primaria queda fuera de los acuerdos con la sanidad privada. Dicho de otro modo, la orden que establecía pagar por primera vez por recurrir a la medicina privada en caso de necesidad, se guarda en un cajón y queda reducida a una simple actualización de los precios que ya abona el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por usar los recursos concertados en los hospitales desde hace décadas.
A este punto se ha llegado después de que la consejera de Salud y la directora general de personal mantuvieran esta mañana una reunión con los sindicatos del sector con el fin de alcanzar un acuerdo para desbloquear las huelgas de médicos que se vienen convocando semanalmente desde hace casi dos meses.
No obstante, García ha explicado en los pasillos del Parlamento que “retirar la palabra primaria” de la orden no entierra del todo la posibilidad de que la Junta derive, por primera vez, las consultas del médico de cabecera a la sanidad privada. “Este gobierno no lo va a hacer, pero la ley lo permite, a través de un contrato. La orden sólo era un marco legal que establecía los precios”, avisa.
Los sindicatos y la oposición de izquierdas también reclamaban que se eliminase la opción, también novedosa, de que médicos de la sanidad privada realicen operaciones o pruebas en instalaciones públicas del SAS. Ese aspecto de la orden se mantiene intacto. García ha puesto el ejemplo del enorme déficit de anestesistas que hay en Andalucía -y en España- para justificar este recurso.
El acuerdo, adelantado por Diario de Sevilla, parte de una propuesta de la consejería, en la sexta reunión que mantienen con los sindicatos del sector en cuatro meses, y ha convencido a todas las organizaciones con representación en la mesa sectorial, excepto al SMA (el mayoritario entre los facultativos). La orden aprobada por la Consejería de Salud en febrero permite, por primera vez, derivar a pacientes de atención primaria a clínicas privadas, pagando un precio de 65 euros la primera consulta a dichas empresas, 150 euros la consulta al especialista y 90 euros las consultas posteriores. El texto, que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hace tan sólo dos meses y medio, también habilita jurídicamente a los médicos privados a trabajar por primera vez dentro de hospitales públicos, para realizar operaciones y pruebas previamente concertadas por la Administración pública.
Sin embargo, de lo publicado en el BOJA a lo que se va a plasmar en un acuerdo sectorial la próxima semana -salvo sorpresa mayúscula- hay cambios sustanciales. Ya no se hablará de pagar por la atención primaria haciendo uso de la sanidad privada y sólo se matizarán los precios que estaban desactualizados desde la década de los 90 para los servicios contratados por los hospitales. Los sindicatos Satse, UGT, CCOO y CSIF, en declaraciones a elDiario.es Andalucía, valoran positivamente el preacuerdo alcanzado. Califican de “muy buena noticia” que la consejera haya aceptado una de las principales reivindicaciones del colectivo -y de toda la oposición de izquierdas- para sacar la atención primaria de la orden de tarificación de precios de Salud, que abría la puerta a privatizar las consultas al médico de cabecera.
Al mismo tiempo, se trata de la primera derrota política en el marco sanitario del segundo mandato de Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía. No en vano, desde que se publicase la orden en febrero, la oposición de izquierdas en bloque exigió su retirada, alegando que se trataba de una “privatización encubierta” del médico de familia, y los sindicatos sanitarios presionaron con convocatorias de huelga semanal y movilizaciones en las calles que han logrado tener eco en el Gobierno andaluz primero con algunas matizaciones y ahora con la retirada definitiva de la atención primaria de la norma.
Más allá del preacuerdo que aleja el fantasma de la “privatización” de la atención primaria, la mesa técnica de este miércoles también ha conseguido importantes avances en la mejora del colapso asistencial que sufren los centros de salud. Salud se ha comprometido también a invertir, al menos, el 25% del presupuesto sanitario en mejorar la primaria, trabajará por reducir los cupos que soportan los médicos de cabecera -especialmente en zonas como Málaga, Almería o Sevilla- y se han cerrado varios aumentos de plantilla en diferentes categorías.
La batería de pactos para mejorar la atención primaria es mucho más amplia, pero se resume en el convencimiento de que Andalucía necesita contar con más profesionales y para ello es necesario que cuenten con las mejores condiciones laborales posibles. Por eso, otro de los aspectos sobre los que se ha avanzado es el de la limitación de agendas a 35 pacientes por día en el caso de los médicos de familia y 25 de pediatras, punto sobre el que el SMA y Salud llegaron a un acuerdo en enero, pero que ha sido imposible de aplicar, hasta el punto de que el Gobierno andaluz le ha ofrecido a los galenos la posibilidad de no firmarlo y seguir atendiendo las agendas que han tenido hasta la fecha.
Por otro lado, CSIF, CCOO, UGT y Satse han acordado con la Consejería de Catalina García que los 12.000 sanitarios de refuerzo que aún quedan de la época Covid extiendan sus contratos hasta el próximo mes de septiembre y que, a partir de esa fecha, se establezcan nuevas negociaciones para estabilizar sus plazas. En todo caso y pese a la euforia que supone sobre todo la retirada de la orden que privatizaba en parte la atención primaria, los sindicatos se muestran cautos a la espera de que Salud cumpla con el preacuerdo y el pacto quede finalmente sellado la próxima semana.
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