Ha pasado ya un tiempo pero las heridas no han llegado a cerrarse. Perder un hijo, dicen, es lo más duro que te puede pasar. Que pierda la vida a quien se la has dado, algo contra natura, supone un dolor que ya acompaña para siempre, al margen de las circunstancias. Pero las circunstancias en las que murieron los hijos de Victoria (58) y Mari Ángeles (54) fueron especiales. Jesús y Adrián murieron dentro de la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera, en su celda. “El Estado era el último responsable de ellos”, sostienen.
Los datos del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura desvelan que en 2020 un total de 204 personas fallecieron dentro de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. “Mi hijo no estaba en la calle y ustedes fueron también responsables”, lamenta aún Victoria, pese a haber transcurrido tres años y medio desde que su hijo murió. Ahora, y tras otros recientes fallecimientos en el mismo centro penitenciario, han unido sus voces para que el Gobierno de España aumente el control sobre la expedición sin control de fármacos dentro de prisión, que está produciendo un elevado número de muertes por sobredosis en los centros penitenciarios.
Ambas atienden a este periódico cerca de la estación de autobuses de Plaza de Armas de Sevilla. Procedentes de Alcalá del Río y San José de La Rinconada, han coincidido en la Asamblea de Familiares de Personas Presas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), encargada de poner una queja en ese sentido ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. “Desde que dejaron de estar en nuestras manos, ellos son los responsables”, insisten. “Se supone que tienen que velar por su seguridad. Si a tu hijo le pasa algo en el colegio, ¿quién es el responsable”, incide Victoria. Las investigaciones que ambas pidieron fueron archivadas y ahora solo pretenden que se regule ese tipo de situaciones dentro de los muros de las prisiones.
A Mari Ángeles se lo había anunciado ya su hijo: “Mamá, de aquí saldré con los pies por delante”. “Es lo que menos te esperas que pueda pasarle a tu hijo”, apunta Victoria. “Nunca cuando está en manos de unos funcionarios del Estado”, añade Mari Ángeles. A sus hijos los encontraron muertos “en su chabolo”, dicen en pura jerga penitenciaria. “Eso es un negocio, un coto privado de caza con muy poco de esa reinserción de la que hablan”, resume Mari Ángeles del paso de su hijo por varias cárceles andaluzas. “No es un sitio para reinsertarse, más bien para quitarse desechos de la sociedad en vez de ayudarlos”, sentencia Victoria, que insiste en la “impotencia” que sintió y sigue sintiendo, y que le quiebra por una sola vez la voz cuando se despide de vuelta a Alcalá del Río, al recordar aquel momento, al revivir el recuerdo de su hijo.
El relato de Mari Ángeles tiene un buen principio pese a conocer el trágico final. Pidió un módulo terapéutico y “mejoró muchísimo” en mes y medio, allá por 2016, realizando un curso de mantenimiento de edificios. Una “alegría” que entrara en la cárcel, asegura sincera. Las cosas, no obstante, se fueron torciendo y el joven, que entonces contaba con 26 años, denunciaba que le pegaban y que le registraban la celda para encontrarle droga, como a veces ocurría, reconoce su madre. “Lo enfilaron, porque no se callaba y era muy osado. Le tenían sentenciado”. En la prisión de Huelva, recuerda de otro pasaje, “le registraban todos los agujeros del cuerpo casi a diario”. “Él prefería morir de pie que vivir de rodillas, me decía siempre, y murió de pie”.
Pese a estar “limpio” en aquellos días, un regreso a Sevilla I le provocó una sobredosis tras la “fiesta de bienvenida” de otros presos. De vuelta a Morón, llegó a autolesionarse varias veces para que lo llevaran al hospital y no tener que padecer el día a día en la cárcel. A su madre, en los vis a vis, le decía que le daban “palizas” en la celda de aislamiento, tanto a él como a otros presos. Así las cosas, un presentimiento maternal presagiaba lo peor. “Me desperté aquella noche a las 2h, justo cuando el forense determinó que había muerto mi hijo, pese a que se dieron cuenta al no acudir al recuento de las 8h”, relata Mari Ángeles. Sobredosis de metadona, dijo la autopsia de aquel octubre de 2019. “Se lo habían cargado, como él me había avisado”.
Edema pulmonar, parada cardíaca, asfixia. “Igual que el mío”, apunta Victoria, quien detalla que en la autopsia de su hijo se encontró una “enorme lista” de medicamentos “de todo tipo”. “¿Quién le administró todo eso si no lo tenía prescrito?”, se pregunta. Su hijo también había acudido en sus primeros tiempos carcelarios al módulo terapéutico y le iba “muy bien”, pero volvió a las andadas durante una de sus salidas de prisión y la relación entre ellos se torció. “Yo no voy a pasar mi vida de cárcel en cárcel porque a ti te dé la gana”, trataba de reconducir a su hijo, que pasó sus últimos días de vida en la celda con su padre, separado de su madre desde tiempo atrás.
“Sabía que su padre le iba a traer problemas”, recuerda. Su nieta, de 18 años actualmente, le decía que cada vez estaba peor cuando la llamaba. “Soñé que mi hijo iba a morir”, dice. Una “entrada masiva de droga”, según le dijeron después de su muerte, precedió su final. “Ustedes son unos incompetentes”, le achacó entonces al director de la prisión. Victoria señala que hubo “dos versiones” en la muerte de su hijo. Pese a que su caso se reabrió, finalmente hubo también 'carpetazo' a la “investigación” judicial, que ella pone entre comillas. A estas madres solo les queda “hacer ruido”. Mari Ángeles se quedó “satisfecha” cuando, un año después de la muerte, cesaron al director de la cárcel de Morón. “A nuestros hijos no lo vamos a recuperar, pero que no pase más veces. No tenemos nada que perder porque ya los perdimos”, dicen.
La asamblea de madres y familiares de personas como fueron Jesús o Adrián comprenden que cada persona privada de libertad es responsable de sus actos y que a cada una se le informa e indica cómo debe tomar la medicación, pero saben también de primera mano que “hay personas internas que no tienen la capacidad de suministrarse su propia medicación ya que se la toman toda de golpe o la venden en el patio, lo que supone un problema bastante grave, porque muchos la compran sin saber que una administración inadecuada de la medicación les puede costar su vida”, sostiene la asociación.
Muchas personas presas presentan problemas de salud mental, en concreto el 40% según el último estudio de la Asociación Ámbit, o bien patología dual (enfermedad mental y drogadicción) lo que impide se encuentren en disposición de suministrarse su propia medicación. Denuncia la asamblea de APDHA que “no se tiene control sobre los fármacos que se dispensan, y mucho menos con la especialmente peligrosa, como la metadona y los psicofármacos, dejando a la suerte de los propios internos la dispensación de la misma”.
Según indican las familias, “es frecuente que la medicación se recete sin previo diagnóstico de un profesional cualificado debido, entre otros motivos, a la falta de personal y a la necesidad urgente de que se renueven y amplíen las plantillas de los servicios de asistencia sanitaria”, que se encuentran en una situación “alarmante y absolutamente precaria”, según evidencian los últimos datos del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT) en su informe publicado en el año 2021, que sostiene que “el acceso a la atención psiquiátrica de los presos sigue siendo inadecuado”. “Nos decían que había pocos funcionarios”, recuerdas Mari Ángeles y Victoria.
En la queja se solicita el aumento de la plantilla de los servicios médicos con el objetivo de que las personas presas vean respetado su derecho a la salud y se demanda aumentar la atención psiquiátrica a través de conciertos con el Servicio Andaluz de Salud, y transitoriamente, y hasta que esto se logre, aumentar las horas de psiquiatra contratado, permitiéndole un mínimo de 30 minutos por cada atención, como ocurre en los sistemas de agenda electrónica en los centros de salud mental para la población general.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran que el Gobierno se ha puesto en contacto con esta asamblea de familiares para trasladarles que abordan todas las cuestiones que han planteado y para decirles que “aún no están las autopsias definitivas” relativas a los últimos fallecimientos de los que daban cuenta, explicándoles que se van a mantener “reuniones para evaluar de manera individualizada cada fallecimiento” en el interior de los recintos penitenciarios desde las perspectivas “sanitaria, de seguridad y de las circunstancias personales” de cada preso. Resaltan las fuentes las campañas de sensibilización puestas en marcha por el Gobierno para evitar el paso de sustancias al interior de las prisiones.
Por otro lado, fuentes penitenciarias apuntan que en 2018 se produjeron en España 61 muertes por reacción a sustancias psicoativas y que en 2020 la cifra se redujo a 30. Los datos de 2021 aún no están cerrados, señalan las mismas fuentes, que también destacan que, de acuerdo al último informe Space, del Consejo de Europa, la media europea de fallecimientos en general en centros penitenciarios es de 47,7 por cada 10.000 internos, siendo en España en concreto de 28,4 por cada 10.000 internos.
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