Hace un año, durante una ansiada visita a su familia en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), Maloma Morales fue secuestrada por su propia familia. La ciudadana española de origen saharaui se convertía así en un triste buque insignia: el de las mujeres saharauis retenidas ilegalmente por sus familiares biológicos, tras pasar años acogidas en España.
Después de una larga campaña de denuncia pública, el colectivo de familiares de acogida ha conseguido esta semana un importante apoyo institucional: una reunión en el Congreso de los Diputados con miembros de todos los grupos parlamentarios, en la que estos se han comprometido a trabajar por la libertad de estas mujeres, que tienen permiso de residencia en España, nacionalidad española o se encuentran bajo la tutela de la administración pública.
De este modo, la familia adoptiva de Maloma Morales y las de acogida de Darya Embarek, Nadjiba Mohamed y Koria Badbad han tenido la ocasión de documentar esta violación de derechos humanos en los campamentos de refugiados de Tinduf ante diputados del PP, PSOE, Esquerra, Unidos Podemos, PNV, Nueva Canarias y Compromís.
Mujeres privadas de libertad de movimiento
Según un comunicado oficial, los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores han sido informados de “los impedimentos” que sufren estas jóvenes para “la libre circulación entre los campamentos saharauis de Tinduf y el territorio español, tras haber participado con anterioridad en el programa de acogida ‘Vacaciones en paz’”.
Los parlamentarios subrayan que se trata de familias que tuvieron a niñas saharauis acogidas durante años en sus casas, “a las que tras regresar a los campamentos de Tinduf (Argelia) se les impide volver a contactar o viajar de nuevo a España, a pesar de que las chicas son ya mayores de edad”. Las cuatro han manifestado abiertamente que quieren regresar a España y que desean poderse mover libremente.
Las familias les han expuesto que “no es entendible que España apoye al Frente Polisario en su exigencia de libertad para el pueblo saharaui, cuando el propio Frente Polisario no respeta las libertades individuales de sus ciudadanos”.
Asimismo, les han subrayado a los diputados que “no es admisible que los partidos poliÌticos y el Gobierno de España no adopten posturas de defensa de los Derechos Humanos de mujeres españolas o residentes legales en nuestro paiÌs, que estaÌn retenidas contra su voluntad desde hace años y que no se apoye desde nuestras instituciones oficiales a las familias españolas que las defienden”.
Según fuentes del colectivo, las familias están “esperanzadas al ver una voluntad política de abrir nuevas vías operativas para que todas las mujeres retenidas recuperen sus derechos a decidir libremente”.
Las familias denuncias que los casos han tratado de ser silenciados por las autoridades saharauis en reiteradas ocasiones. En el dossier que las familias afectadas han presentado en el Congreso de los Diputados, subrayan que el Frente Polisario “niega taxativamente la situacioÌn, pese a los reiterados llamamientos y denuncias puÌblicas de muchas de ellas. Las autoridades saharauis justifican estas privaciones ilegales de libertad con el argumento de que es una ”cuestioÌn familiar en la que el Gobierno no puede interferir porque se deben respetar las tradiciones“.
Casos bajo la lupa internacional
Organismos internacionales como Naciones Unidas o Human Rights Watch han denunciado e intercedido para que estas mujeres pueden ejercer su derecho a moverse con libertad. “Las cuatro han sido privadas de libertad por razones de discriminacioÌn basada en su sexo, al amparo de una concepcioÌn social muy vinculada a tradiciones tribales, que se sustenta sobre la falta de autoridad del Frente Polisario para hacer cumplir sus propias leyes”, señalan las familias.
El propio secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, definió los secuestros de Darya, Nadjiba y Maloma como “violación de los derechos humanos” y expuso en su informe anual sobre el Sáhara de este año que “durante mi reunioÌn con el Sr. Abdelaziz (ex presidente saharaui, fallecido en mayo), planteeÌ los casos de tres joÌvenes mujeres retenidas contra su voluntad por sus familias en los campamentos de refugiados a lo largo de diferentes periÌodos. El Sr. Abdelaziz prometió prestar especial atención a la resolución de dichos casos, y me recordó que ya se habían puesto en marcha los procesos correspondientes”.
Desde Human Rights Watch han seguido muy de cerca el caso y mantienen que “retener a un adulto contra su voluntad equivale a privación ilegal de la libertad, independientemente de si los captores son familiares que sienten un profundo afecto por esa persona. El Polisario debería asegurar que estas mujeres puedan ejercer su libertad de circulación y que los actos pasados y futuros de privación ilegal de la libertad sean castigados como delitos”.