Tras la crisis económica de 2008, marcada por la especulación inmobiliaria que generó el endeudamiento de las familias y las políticas de austeridad, la crisis sociosanitaria del COVID-19, y la actual crisis de inflación, en España llueve sobre mojado sobre la creciente precariedad económica de las familias y el acceso a una vivienda digna.
Por todas las razones anteriores y muchas más, alquilar se ha convertido en una carrera de obstáculos, ya que se basa en requisitos y condiciones económicas o laborales impuestos en gran parte por las agencias inmobiliarias, pese a la nueva regulación de la actual Ley de Vivienda que contempla nuevas medidas para paliar esta situación. Las inmobiliarias son las encargadas de tramitar la mayor parte de las ofertas de alquiler, cada vez con mayor demanda, escasez de viviendas y una subida de precios que afecta a todo tipo de inmuebles y barrios de la ciudad, en especial los que han sufrido en los últimos años procesos de gentrificación.
Y aunque la problemática de la vivienda en España afecta a toda la población, sus consecuencias son más graves para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o procesos de exclusión social. También para las personas migrantes y/o racializadas, que encuentran grandes dificultades, tanto para acceder a una vivienda digna como para simplemente participar como cualquier vecino/a en el proceso previo de criba en el que se ha convertido el alquiler de un piso, una casa o una habitación.
Discriminación y falta de igualdad de trato
Según numerosos testimonios, así como diversos estudios, como un reciente informe de Provivienda y Andalucía Acoge sobre ‘Discriminación Racial en el ámbito de la vivienda y los asentamientos informales’, desde el momento en el que una persona migrante o racializada contacta con una inmobiliaria y menciona un nombre que suena a “extranjero”, aparecen las primeras dificultades y negativas a continuar con el proceso. Posteriormente, si se superan estos primeros sesgos cognitivos, estereotipos, estigmas y prejuicios, este tipo de empresas solicitan una serie de requisitos, documentación y procedimientos que acrediten la situación económica de la persona o familia, en la que muchas personas migrantes por su propia situación administrativa y/o de vulnerabilidad no tiene acceso y no puede aportar.
Por todo ello, la educación, la sensibilización y la concienciación social es tan importante, porque supondría un punto de partida en el que los propios agentes inmobiliarios detectarían esos sesgos y los evitarían de raíz, facilitando el acceso a este derecho social a todas las personas sin diferencias de trato por su nacionalidad, sus rasgos físicos o su etnia.
Asimismo, siguiendo con el lento y complejo proceso de poder alquilar una casa o un piso, en el caso de aportar estos documentos anteriormente mencionados, los siguientes requisitos se intensifican en el caso de las personas extranjeras, simplemente por el hecho de serlo. Un ejemplo simple puede ser solicitar documentación como vida laboral, nómina, ingresos anuales, contratos, avales, cuentas bancarias, como paso previo incluso a visitar el inmueble. Eso sí, no sin antes avisarte del cobro de alguna comisión que sustituya a los anteriores honorarios actualmente prohibidos por ley. En este sentido, algunos casos apuntan ya al cobro de honorarios por apoyo a la búsqueda de vivienda, asesoramiento o intermediación, entre otras cuestiones.
Por lo tanto, en el mercado privado, en general, los prejuicios y estereotipos sobre las personas de determinadas nacionalidades y rasgos, pueden suponer que se queden fuera de las posibilidades de alquilar una vivienda y tengan que recurrir a redes de contactos, en caso de que existan.
Todo esto provoca que un gran número personas migrantes en situación de vulnerabilidad no puedan alcanzar estabilidad y seguridad residencial, y tengan que vivir hacinadas en pisos compartidos, en infraviviendas o en situación de calle. Según datos del INE (2022) el 49,9% de las personas sin hogar en España es de origen extranjero.
¿Qué ocurre con el sistema de vivienda pública?
Paradójicamente, el sistema de vivienda pública (del que se esperaría una respuesta más garantista, flexible en cuanto a los criterios de selección para acceder a una vivienda o adaptada a realidades más vulnerables), igualmente establece unos procedimientos que pueden ser directa e indirectamente discriminatorios para la población migrante.
Además, este sistema se ha centrado tradicionalmente en la provisión de viviendas públicas de compraventa, dejando fuera a todas aquellas personas que no pueden acceder a un crédito hipotecario o alcanzar los ahorros necesarios. Este proceso deja al margen a todas aquellas personas que tienen empleos precarios o inestables, y especialmente a las personas en situación administrativa irregular.
La vivienda es un pilar fundamental de nuestra vida, nos proporciona estabilidad para desarrollarnos como personas, además de ser un espacio de seguridad e intimidad. El derecho de todas las personas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, independientemente de su situación socioeconómica, está recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución Española. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas explica que el derecho a una vivienda no se debe interpretar única y estrictamente como cobijo, sino que debe concebirse como “el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad”. Por ello, urge a los poderes públicos llevar a cabo planes y políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente de aquellas personas que lo tienen más difícil.
Tras la crisis económica de 2008, marcada por la especulación inmobiliaria que generó el endeudamiento de las familias y las políticas de austeridad, la crisis sociosanitaria del COVID-19, y la actual crisis de inflación, en España llueve sobre mojado sobre la creciente precariedad económica de las familias y el acceso a una vivienda digna.
Por todas las razones anteriores y muchas más, alquilar se ha convertido en una carrera de obstáculos, ya que se basa en requisitos y condiciones económicas o laborales impuestos en gran parte por las agencias inmobiliarias, pese a la nueva regulación de la actual Ley de Vivienda que contempla nuevas medidas para paliar esta situación. Las inmobiliarias son las encargadas de tramitar la mayor parte de las ofertas de alquiler, cada vez con mayor demanda, escasez de viviendas y una subida de precios que afecta a todo tipo de inmuebles y barrios de la ciudad, en especial los que han sufrido en los últimos años procesos de gentrificación.