Desde que, hace ya más de quince años, empecé a trabajar el derecho de extranjería, siempre he tenido la sensación de que los políticos y legisladores cerraban los ojos a una realidad indiscutible e incuestionable como es que los movimientos migratorios no piden permiso para entrar, sino que fluyen en función de la situación social y económica de cada momento.
Nuestra Ley de Extranjería, desde su nacimiento en 1985, parte de la idea de la necesidad de regular estos flujos migratorios ante el cambio social que se estaba produciendo en España. Pasamos de ser un país emisor de emigrantes a ser un país receptor de inmigración, atraída en muchos casos por la burbuja económica española que nos colocó, a lo largo de los años 90 y siguientes, a la cabeza de los países receptores de emigración en Europa.
La norma legal se ha visto sometida a varias reformas en espacios muy cortos de tiempo, y desde 2004 en adelante los cambios introducidos lo que han hecho es limitar y restringir, aún más, los derechos de los inmigrantes.
A diario vemos pasar por nuestro servicio jurídico a montones de personas inmigrantes que buscan nuestra ayuda para las que la respuesta siempre es la misma: “lo siento”, “no es posible”... y lo que hacemos es dar instrucciones de cómo actuar para que, a través del tiempo, podamos ayudarles a regularizar su situación administrativa. La Ley de Extranjería y su Reglamento se han convertido en instrumentos incapaces de dar respuesta a los cientos de personas que se encuentran actualmente indocumentados en suelo español.
Como decía, el legislador siempre ha tenido en mente esa situación, bastante irreal, en la que la persona inmigrante es contratada en origen y regulariza su situación al llegar a España, y va y viene en función de las necesidades de empleo. Sin embargo nada más lejano de la realidad. Desde los inicios de la crisis económica que dieron lugar a la desaparición de los “cupos de difícil cobertura”, los migrantes tienen serias dificultades para regularizar su situación legal en España. Prácticamente a día de hoy, solo utilizamos en el llamado régimen general, el conocido a pie de calle como “arraigo social”, una autorización de residencia por circunstancias excepcionales que requiere, además de muchos otros requisitos, acreditar tres años de estancia continuada en suelo español. Sí, tres años continuados sin documentación. Aun cuando cualquier empresa quiera contratar a esa persona inmigrante y sea plenamente solvente y cumplidora de sus obligaciones, no podrá hacerlo.
Pensemos por un momento en tres años de nuestra vida sin documentación en un país extranjero que te obliga a trabajar en condiciones precarias, al margen de la ley y donde los derechos laborales o sociales son inexistentes. Caldo de cultivo para ser sujeto de abusos en todos los ámbitos de nuestra vida, con miedo a salir a la calle por si nos piden la documentación y nos sancionan con la expulsión, o nos internan en un centro de inmigrantes privados de libertad, miedo a caer enfermos porque depende de dónde nos encontremos, tendremos o no, cobertura sanitaria…
Hoy por hoy, no podemos hablar de personas migrantes como ciudadanos de pleno derecho. Las políticas migratorias no pueden estar al margen de los Derechos Humanos, hay que asegurar su universalidad. La ciudadanía es una necesidad para los procesos de convivencia. Todas las personas que llegan a un nuevo país deben tener todos los derechos que son inherentes a la condición de ciudadano sin vincularse a la nacionalidad.
No podemos olvidar que los migrantes son sujetos activos de transformación de los espacios sociales, culturales y económicos de este país que junto con el resto de ciudadanos españoles podemos conseguir una sociedad más justa e intercultural. Hoy más que nunca, se hace necesario ponernos en la piel del otro para potenciar leyes integradoras e inclusivas.
Pilar Luque Pérez, abogada de la Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba (APIC)
Desde que, hace ya más de quince años, empecé a trabajar el derecho de extranjería, siempre he tenido la sensación de que los políticos y legisladores cerraban los ojos a una realidad indiscutible e incuestionable como es que los movimientos migratorios no piden permiso para entrar, sino que fluyen en función de la situación social y económica de cada momento.
Nuestra Ley de Extranjería, desde su nacimiento en 1985, parte de la idea de la necesidad de regular estos flujos migratorios ante el cambio social que se estaba produciendo en España. Pasamos de ser un país emisor de emigrantes a ser un país receptor de inmigración, atraída en muchos casos por la burbuja económica española que nos colocó, a lo largo de los años 90 y siguientes, a la cabeza de los países receptores de emigración en Europa.