Desde la Federación Andalucía Acoge, como entidad defensora de los derechos humanos, queremos mostrar nuestro rechazo a la reciente aprobación política del Pacto Europeo de Migración y Asilo por parte de la Unión Europea, un documento con el que estamos en total desacuerdo por suponer un claro retroceso en la garantía y protección de los derechos humanos de las personas que vienen a Europa. Este gran acuerdo supone elevar los muros, desoír el derecho internacional y, en definitiva, dar cobertura a prácticas alejadas de la legalidad.
Alertamos además sobre la falta de transparencia, participación y control de un documento que ha permitido la inclusión de propuestas que dan potestad a los estados para actuar vulnerando el derecho a la vida de miles de personas.
La traducción del documento, fruto del acuerdo del Parlamento europeo y la Comisión en Bruselas el pasado 20 de diciembre de 2023, en plena presidencia de la UE española, es clara: se refuerzan los mecanismos de control en la frontera y se empeora el procedimiento de asilo, con la introducción y consolidación de herramientas que agilizan demasiado los procesos. Una simplificación que se olvida de garantizar los derechos más básicos de las personas, preocupándonos especialmente los de los colectivos más vulnerables.
Por ejemplo, este pacto abre las puertas a que los estados miembros encuentren respaldo legal para no tener la obligación de cumplir el derecho de asilo en determinadas circunstancias, lo que supone ofrecer una cobertura a la desprotección de los derechos de las personas que soliciten entrar en Europa.
Nuevamente sin vías seguras y legales para migrar
Además, el documento resultante de este acuerdo de la vergüenza no ofrece soluciones a las carencias que ya tenía la política migratoria y de asilo, que seguirá sin ofrecer vías legales y seguras ni mecanismos que trabajen en favor del derecho a la vida. Prueba de ello es la externalización de fronteras a terceros países, que permite que éstos gestionen la migración en nombre de Europa, sin atender a que se garantice el respeto a los derechos fundamentales.
Por todo ello, desde Andalucía Acoge hacemos un llamamiento al cumplimiento del derecho internacional y comunitario. En esta nueva fase de aprobación del pacto, nos comprometemos a intensificar nuestra labor de vigilancia, control y denuncia. Tendremos en cuenta los mecanismos que desde la sociedad civil podemos utilizar para ejercer este control sobre las acciones estatales y supranacionales y exigiremos la incorporación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos.
No al #PactodelaMuerte
Durante los últimos años, a través de diversas acciones de incidencia política, hemos demandado, junto a un nutrido grupo de organizaciones sociales, un Pactoconderechos. Sin embargo, todo indica que en 2024 asistiremos a la culminación de lo que consideramos un #PactodelaMuerte.
Decimos no a un pacto que consolida prácticas ilegales, que perjudica a las personas que vienen a Europa y que vulnera sus derechos más básicos, el más importante: el derecho a la vida. Este pacto profundiza en la construcción de una Unión Europea en la que se prima el beneficio económico privado por encima de los derechos de las personas. No queremos una Europa que no respete derechos, no queremos un Pacto sin derechos, así no.
Desde la Federación Andalucía Acoge, como entidad defensora de los derechos humanos, queremos mostrar nuestro rechazo a la reciente aprobación política del Pacto Europeo de Migración y Asilo por parte de la Unión Europea, un documento con el que estamos en total desacuerdo por suponer un claro retroceso en la garantía y protección de los derechos humanos de las personas que vienen a Europa. Este gran acuerdo supone elevar los muros, desoír el derecho internacional y, en definitiva, dar cobertura a prácticas alejadas de la legalidad.
Alertamos además sobre la falta de transparencia, participación y control de un documento que ha permitido la inclusión de propuestas que dan potestad a los estados para actuar vulnerando el derecho a la vida de miles de personas.