La nueva gestión de la dependencia desespera en Andalucía: “Llevamos más de dos años a base de préstamos”

Nunca ha sido fácil el reconocimiento de la situación de dependencia. La Ley de 2006 puso amparo a las necesidades de miles y miles de familias en toda España para establecer las ayudas para el cuidado de personas que no pudieran valerse por sí mismas. El sistema de gestión para su concesión es nuevo en Andalucía desde el pasado mes de marzo, y muchas voces han levantado la voz, sin ir más lejos este pasado sábado. El “alto impacto en los plazos de tramitación” se está consiguiendo, pero, por el momento, en el sentido contrario al pretendido por la Junta, que reconoce los problemas y ha pedido paciencia mientras el nuevo modelo se asienta. Mientras, en algunas familias de Andalucía aumenta la desesperación por la demora en las valoraciones y denuncian, como ya hizo CCOO, que la administración autonómica no está respetando la antigüedad de las solicitudes de reconocimiento de la prestación. “Nos han dicho que tienen prioridad las solicitudes nuevas, pero no es justo que quien lo pida ahora pase por delante de mi tía, que pidió la ayuda hace más de dos años”, lamenta Covadonga Arillo, que presta su testimonio a elDiario.es Andalucía.

La familiar afectada relata que, en agosto de 2022, su tía de 81 años se cayó en la playa y se rompió la cadera. Ya tenía anteriormente reconocido el grado I y se ayudaba de un andador, pero podía vivir sola. Aquel mal paso hace algo más de dos años la dejó definitivamente dependiente. “Entendimos que su situación había cambiado de manera considerable y que necesitaba ayuda para todo. No podía levantarse de la cama y, por tanto, tampoco podía cocinar, asearse, cambiarse los pañales, etc.”

Sin hijos y sin patrimonio, su familia más cercana pidió la revisión de grado. Con la intuición de que tardaría un tiempo, se organizaron por turnos y, pasados unos meses, se enteraron de que el Programa de Respiro Familiar que tiene la Junta podía aliviar un poco la logística familiar. Así fue cómo la mujer estuvo en marzo de 2023 en una residencia, al que sumó otros dos meses durante el mismo año.

El tiempo fue pasando, como para tantas familias. La que protagoniza este lamento público tuvo que agarrarse al banco y pedir préstamos para poder pagar la residencia en la que ahora vive su tía, donde abona más de 2.100 euros al mes por una habitación individual. En total, han pagado más de 35.000 euros en año y medio. ¿Hasta cuándo? Tras año y medio de espera, por fin en mayo de 2024 una trabajadora social de la Junta le hizo en la residencia la valoración y el Programa de Atención Individual (PIA), de acuerdo al nuevo sistema (dos en uno), algo que valora la familiar.

Cuestión de orden

Ella vivía en Triana y la residencia está en el centro. El cambio de sistema en marzo y el cambio de distrito de la residencia parece que hicieron desaparecer su expediente. Y llegó una mala noticia: el informe de la valoración aún no estaba dado de alta en el nuevo programa. “Los datos se están migrando”, ha alegado en líneas generales la consejera de Inclusión Social, Loles López, por la convivencia temporal de distintos aplicativos informáticos.

Después sabrían que a su tía le estaban 'adelantando' otras solicitudes de dependencia aunque fueran más recientes. Esa premisa fue el motivo de los ceses de las jefas de Servicio de Valoración de la Dependencia en Córdoba y en Granada tras meses de “caos” en la gestión de la materia, según informaron a final de septiembre fuentes de la sección sindical de CCOO en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. “La ciudadanía no puede llevar casi dos años esperando una valoración de dependencia y que atendamos primero a las personas que la presentaron hace unos meses”, denunció el sindicato.

De acuerdo a CCOO, esas responsables habían pedido instrucciones por escrito ante determinadas “irregularidades” en las órdenes recibidas verbalmente, que eran las de resolver dando un recurso concreto a las personas de una edad concreta, algo que no se corresponde con el procedimiento legal. “Una funcionaria que ejecuta una resolución que está fuera de los requisitos de una norma es responsable jurídicamente de ello. Si le dan una orden para que haga resoluciones sobre un servicio, se lo tienen que dar por escrito si contradice la norma”, completó una responsable del sindicato a nivel autonómico.

Primero las primeras

La Junta argumenta sus razones para ello. La consejera explicó en el Parlamento que, debido a la actual migración de datos informáticos, “han aparecido del limbo” un total de 1.851 personas tras más de mil días esperando. López aseveró que esos 'nuevos' expedientes “se han atendido este año”, y por eso la media de días de espera ha subido, para atender a esas personas que llevan mucho tiempo en la lista. “Si siguen apareciendo personas que llevan tantos años esperando me da igual que suban los días. Son personas que no tienen ningún recurso ni revisión. Se trata de primeras solicitudes y se van a atender primero”, concluyó, que desde primeros de curso, para justificar la subida de los días de espera, viene repitiendo que la dependencia “no va de estadísticas, sino de personas”.

Volviendo a la historia de Covadonga Arillo y su tía, se fueron repitiendo visitas sin éxito a sedes de la administración para solventar el “expediente perdido” de la tía. Este pasado agosto le aconsejaron finalmente que mandara un correo electrónico, al que ya había acudido sin respuesta meses atrás. La persona encargada del asunto “estaba de vacaciones” y “no la habían sustituido”, lamenta. Atendida finalmente a primeros de septiembre, la cita en la agencia pública de la dependencia se la dieron para casi dos meses después, a finales de octubre, “porque resulta que solo atienden los miércoles”. Lo último que consta en el expediente de su tía es la cita de mayo, pero sin el informe de valoración grabado. “Esperemos que resuelvan ya y que le den la residencia”, confía. Mientras, sigue sufragando la atención “a base de préstamos”.

“Si no se resuelve favorablemente, no sé qué voy a hacer en enero cuando nos venza el tercer préstamo. Se nos acaba el dinero y ella necesita ya unas atenciones que nosotros no podemos darle”, explica. El relato de la sobrina adquiere tintes dramáticos cuando, sin querer ofrecer más detalle, una persona le llegó a sugerir que había gente que dejaba a sus familiares ingresados en el hospital mientras se terminaba de tramitar la ayuda a la dependencia. “Habrá muchísimas personas sin nadie que se pueda hacer cargo de esas personas y de las gestiones que conllevan”, comenta.