Los números trucados de Imbroda: la vuelta al cole en Andalucía revela más alumnos por aula de lo que fija la ley

El consejero de Educación del Gobierno andaluz, Javier Imbroda, compareció tras el primer Consejo de Gobierno de septiembre para adelantar los datos del inicio del curso escolar, que ha empezado este martes en las etapas de Infantil y Primaria. Es la segunda vez en ocho meses que Imbroda aparece tras la reunión semanal del Ejecutivo regional. El consejero ofreció una lluvia de datos sobre el macrosistema educativo andaluz -1,6 millones de alumnos y 102.000 profesores-, que excede en número al de muchos países de la UE. Entre todas las cifras, Imbroda destacó una muy importante: la bajada de la ratio escolar, es decir, el número de estudiantes por aula y profesor.

La ratio escolar es uno de los indicadores más objetivos para medir la calidad de un sistema educativo, reconocido por todos los expertos y organismos internacionales del ámbito académico. Los procesos de aprendizaje de un niño evolucionan más rápido y mejor cuando un profesor puede desempeñar una atención más personalizada, esto es, cuando tiene que ocuparse de 15 estudiantes en un aula, en lugar de 25.

La legislación básica en España fija el máximo de alumnos por clase en 25 niños para las etapas tempranas, ampliable hasta 28 en casos excepcionales y por razones de escolarización sobrevenida. Imbroda anunció que “la ratio escolar media” en Andalucía ha bajado este curso a 20 niños por clase en segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) y 21 en Primaria, “la más baja de la última década”. El primer día de cole ha revelado que muchos centros, sobre todo en el ámbito rural, mantienen una ratio muy superior, en algunos casos por encima de lo que permite la ley en el primer periodo de matriculaciones.

Descenso de la natalidad

La frase de Imbroda ha desatado la indignación entre los sindicatos de profesores, las asociaciones de padres y un buen puñado de expertos por dos razones principales. La primera es que el propio consejero de Educación vinculó la bajada de la ratio a un descenso acusado de la natalidad. Es decir, que la causa fundamental de que descienda el número de estudiantes por clase no es que la Junta haya propiciado un aumento neto de la plantilla docente -se han incorporado 750 profesores nuevos, pero de todas las etapas-, sino que en los últimos tres años han nacido menos niños en Andalucía, ha habido menos matriculaciones y han llegado menos alumnos extranjeros que en cursos pasados.

Imbroda fue acertado en sus palabras, pero se trata de un dato engañoso, igual que lo fue un año antes, cuando la entonces presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, se esforzó en repetir hasta la saciedad que en su comunidad había “menos alumnos y más profesores”. Dos datos objetivos que, juntos, inducían a pensar que había bajado la ratio escolar de manera generalizada, cuando no fue así.

Menos alumnos, más profesores

La población infantil andaluza lleva varios cursos disminuyendo (50.000 menos desde 2012), entran menos niños al sistema y la oferta de plazas es cuatro veces superior al censo escolar de 3 años (edad de ingreso). Cualquiera podría deducir de la sencilla ecuación de Susana Díaz -“menos alumnos, más profesores”-, que las aulas de los colegios andaluces están menos masificados, que hay menos niños y un refuerzo de la plantilla que redunda en la mejora de la calidad educativa. En muchos casos pudo ser así, pero no en todos.

Una sencilla consulta a la Consejería de Educación reveló entonces -y ahora- que el descenso de la natalidad en Andalucía no va acompañado de una decisión política clave para que la ecuación “menos alumnos, más profesores” logre el efecto que todos deducen. Esa decisión política es el mantenimiento de todas las líneas y unidades educativas en activo del curso anterior, aunque caiga la población escolar. Una unidad educativa es, por simplificar, un aula. Un aula de alumnos para el primer curso de Infantil, el segundo, el tercero... Si descienden las matriculaciones en un colegio con dos unidades, la Junta puede decidir mantener las dos y meter menos niños en cada clase, o también puede prescindir de una de ellas, y meter a todos juntos en la otra.

Ésta es la gran decisión política, que obviamente “cuesta mucho dinero”. La diferencia entre una opción y otra es sencilla: si se mantienen dos unidades, puede haber 14 alumnos en cada clase. Si se elimina una, queda un aula con 28 niños, un escenario que desborda la legislación vigente, pero que se ha dado en la realidad. Se está dando, de hecho, como demuestra el plantón y las manifestaciones que algunos colegios, profesores y padres han hecho este martes en distintas partes de Andalucía para contestar a los “datos engañosos” del consejero sobre la “media de ratio escolar”.

Imbroda, como algunos de sus predecesores en el cargo, enfoca el sistema educativo andaluz con un gran angular y proyecta una panorámica enorme en la que aparecen 1,5 millones de alumnos de enseñanzas de régimen general -voluntaria, obligatoria y postobligatoria-, matriculados en los más de 4.000 centros educativos diseminados por las ocho provincias de Andalucía. De cada etapa -Infantil, Primaria, Secundaria- se extrae la media de la ratio escolar y así, este curso, se obtiene una cifra mágica que ofrece la apariencia de un esfuerzo inversor (que sólo es relativo) y la idea de que el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos ha asumido la decisión política más valiente y más reclamada por la comunidad educativa para mejorar la enseñanza andaluza: “Menos alumnos, más profesores, el mismo número de unidades en cada escuela”.

El PSOE, antiguo gestor de este departamento, no se ha creído la ratio media de Imbroda, aunque esta cifra es fácilmente verificable. El problema, dicen los sindicatos docentes, es que el concepto “ratio escolar media” es “confuso y tramposo”, porque “mete en un mismo saco todo el proceso de escolarización”. Al haber un descenso de la natalidad, la media del reparto de niños por clase cae. Pero eso no significa que no haya aulas en Andalucía con 25, 28 y hasta 30 alumnos dentro. Las hay. Por eso las familias de muchos de estos alumnos se han manifestado este martes a las puertas de sus colegios.

Plantón de padres el primer día

Ha ocurrido, por ejemplo, con las madres de los 450 alumnos del colegio Francisco García Amo, la única escuela de Nueva Carteya, en Córdoba, que este martes decidieron no empezar las clases en protesta por tener una ratio de 27 por aula en Primaria (por segundo año consecutivo). Lo mismo, y por las mismas razones, han hecho las familias de estudiantes del colegio Sánchez Arjona, en el municipio onubense de Paterna del Campo. En este centro se ha dado un paso atrás: el año pasado había dos unidades, una con 14 niños y otra con 13, y este curso la Junta ha suprimido una, para amortizar la otra con los 27 alumnos juntos.

En Torreblascopedro (Jaén), los padres del colegio San José Artesano tampoco han llevado a sus hijos a clase en “protesta por la supresión de una unidad de Infantil”. Este año hay 31 niños de tres, cuatro y cinco años juntos en una misma aula, en lugar de contar con una clase por cada curso de Infantil. Aquí la Junta se ha ahorrado un aula y un profesor con una fórmula extravagante: “Que la mitad de alumnos de 4 años comparta maestro y aula con los niños de un curso inferior (3 años), y la otra mitad con los de un curso superior (5 años)”, explican los padres. Este recorte decidido el área de Planificación Educativa obliga a los maestros de una escuela a adoptar una decisión pedagógica muy compleja: ¿A qué alumnos de 4 años voy a educar con niños de 3 años y a cuáles voy a enviar a un curso superior?

El curso pasado, habiéndose registrado también un descenso de la natalidad, el último Gobierno socialista cerró alrededor de 500 aulas. Este año, el primer Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha eliminado en torno a 400 unidades, aunque Imbroda asegura que la caída de las matriculaciones hubiera permitido clausurar 520 unidades, y “no se ha hecho en beneficio de la calidad educativa”. Este año hay unos 13.000 estudiantes menos que el curso pasado: 1.944 menos de nuevo ingreso (en Infantil) y 10.886 menos en Primaria.

Derecho a un colegio, no a “el” colegio

La escolarización en Andalucía es irregular, la ratio escolar no es homogénea en toda la región, ni siquiera lo es en las capitales. Ni siquiera es la misma el 10 de septiembre que el 10 de octubre, porque existe el fenómeno de la “escolarización sobrevenida” (traslados de familias, hijos de temporeros, reescolarización por vía judicial...) que, el primer mes del curso, incrementa el número de alumnos por clase en muchas escuelas. También se puede decir que “sobran plazas” en municipios y zonas rurales, incluso en determinados distritos de las grandes ciudades, como Sevilla o Málaga. Pero en estas mismas ciudades, hay barrios donde la demanda de plazas excede a la oferta.

“Libre elección”

En algunos casos, la demanda de plazas de escuelas católicas concertadas excede a la oferta, y en otros casos, como en el Casco Antiguo de Sevilla, hay tres veces más plazas católicas concertadas que públicas. Estos supuestos representan apenas un 5% de todo el proceso de matriculación de Andalucía, donde nueve de cada diez niños logra entrar en el colegio elegido como primera opción. Sin embargo, son casos ruidosos, llamativos y con mucho eco en la prensa. Tanto, que PP, Ciudadanos y Vox llevan en sus programas políticos algo que llaman “el derecho a la libre elección de centro escolar de los hijos”.

Obviamente ese derecho ya existe, pero como todos los derechos, choca con la limitación de recursos y la ley de la oferta y la demanda. Las plazas escolares en centros públicos y concertados no son ilimitadas. La Administración educativa oferta un número total de plazas muy superior al de la población escolar existente, que se calcula con los índices de natalidad de años anteriores. Pero lo que no puede prever y planificar un Gobierno es que 5.000 niños -por exagerar- decidan inscribirse a la vez en un mismo colegio, que tiene 500 plazas.

Cuando se da este desfase, existe un procedimiento reglado por puntos para primar a unos niños sobre otros, según cercanía al domicilio, hermanos en el centro, renta familiar... También hay un sorteo para activar este reparto de plazas. Hay verdaderas peleas entre familias, y de padres contra la Administración educativa cada vez que un crío no entra en la escuela que han elegido sus progenitores. Para estos casos, que son excepcionales, el nuevo Gobierno de PP y Cs prevé modificar todo el modelo de escolarización el año que viene, “primando el derecho de las familias a elegir el colegio para su hijo”.

Pública vs. concertada

PP y Cs han firmado un acuerdo político con Vox que habla de “eliminar los distritos escolares”, que es el mapa administrativo en el que Educación divide las ciudades y los municipios grandes para escolarizar a los niños por barrios, principalmente atendiendo a la cercanía de los colegios a sus casas. Pero no está claro cómo se va a resolver el problema base, esto es, que la demanda supere a la oferta de plazas en un puñado de escuelas. Si se amplían unidades en estos colegios, se corre el riesgo de vaciar los centros que están al lado. Si la demanda se concentra en colegios privados concertados, como ocurre en algunos barrios de Sevilla, el riesgo de quedarse sin alumnos y sin profesores lo asume íntegramente la red pública.

El PSOE anticipa que los tiros van por ahí, e Imbroda lo niega tajantemente con los datos de este curso en la mano. El Gobierno socialista se vanagloria de haber mantenido la red concertada al 20% y la pública al 80% en Andalucía durante los 37 años que han estado en el poder. Es cierto pero, nuevamente, es un dato variable dependiendo del lugar. El reparto 80-20 es cierto a escala regional, pero en Sevilla capital, por ejemplo, la oferta de plazas concertadas roza el 50%. En el Casco Antiguo, de hecho, hay 18 colegios privados concertados por siete públicos. Esta situación lleva así años, años en los que el Ayuntamiento de Sevilla -responsable de buscar suelo para equipamientos escolares- ha estado gobernado por los socialistas.

Ahora mismo, el alcalde de la ciudad, Juan Espadas, ha impulsado una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad para recalificar un enorme edificio en pleno centro: la antigua comisaría de la Gavidia. Se han escuchado muchos proyectos: un hotel, un centro comercial, un centro cívico... El regidor sostiene que el inmueble caerá en manos “del mejor postor”. El Consistorio socialista no ha promocionado ningún proyecto para abrir allí un colegio público que compense, en parte, el déficit de escuelas públicas en el centro de la capital andaluza.