La reforma de la PAC afronta la fase final de negociación con la convergencia interna de ayudas por decidir

Los ministros de Agricultura de la UE, la Comisión y la Eurocámara tratarán de cerrar de aquí al miércoles un acuerdo político para reformar de forma drástica la Política Agraria Común (PAC) y permitir un reparto “más verde” y “más justo” de las ayudas, aunque para ello tendrán que ajustar posiciones aún muy alejadas en asuntos clave como la convergencia interna de los pagos a los agricultores.

Otras novedades que deberán decidir en las negociaciones a tres bandas son la redefinición del agricultor activo, para evitar que las ayudas lleguen a productores “de salón” o a terrenos destinados a actividades no agrícolas como aeropuertos y campos de golf; así como simplificar y establecer si serán voluntarios u obligatorios los programas específicos de apoyo a jóvenes agricultores y a pequeños productores.

Bruselas exigía reequilibrar los apoyos dentro de cada país, con el objetivo de que todos los productores perciban el mismo nivel de ayuda por hectárea, independientemente de su cultivo o región. Países como Alemania no ponen trabas a esta idea porque ya cuentan con regímenes similares, pero la medida es rechazada de plano por España y otros grandes productores como Francia e Italia.

Ante las reservas de los Estados miembros, el comisario Dacian Ciolos ha tenido que revisar a la baja sus aspiraciones iniciales y aceptaría un suelo mínimo para que cualquier productor reciba al menos un 75 % del subsidio medio que se paga en su región, según fuentes europeas.

Sin embargo, el ministro de Agricultura español, Miguel Arias Cañete, aún considera “absolutamente excesiva” y muy perjudicial para los intereses del campo español una convergencia del 75 %. Así se lo trasladó al propio Ciolos en un viaje a Bruselas una semana antes de la reunión que arranca el lunes en Luxemburgo, ocasión que aprovechó para reclamar al comisario la máxima “flexibilidad” posible para esta 'tasa plana'.

Las diferencias sobre el nivel de convergencia y la posibilidad de introducir medidas de acompañamiento con las que atenuar su impacto es uno de los principales escollos para el acuerdo, pero no el único.

Los eurodiputados han mostrado su descontento por la negativa del Consejo a debatir determinados elementos de la reforma que los jefes de Estado y de Gobierno ya pactaron en una cumbre en febrero, por ser cuestiones estrechamente vinculadas a los presupuestos generales de la UE. Y reclaman, por ejemplo, poder codecidir sobre una norma para fijar un techo máximo de 300.000 euros a las ayudas por explotación, que los 27 quieren voluntaria, pero Bruselas y la Eurocámara prefieren obligatoria.

La posibilidad de seguir dedicando un porcentaje del sobre nacional a ayudas vinculadas a la producción de determinados cultivos también enfrenta a las partes por las diferencias del porcentaje que debería permitirse, y que podría finalmente fijarse entre un 12 y un 13 %, según las fuentes consultadas.

La profunda reforma en la que trabaja la Unión Europea ha sido aprovechada por los gobiernos para reabrir la discusión sobre el futuro de determinados sectores y poner en duda la liberalización pactada para 2015 y 2016 para algunos de ellos, como la producción de azúcar o los derechos de plantación de viñedos.

En ambos casos, un grupo mayoritario de países, incluido España, han defendido prorrogar los regímenes existentes y por ello se espera que se retrase al menos hasta 2017 el fin de las cuotas de azúcar y también que se aplace la transición a un sistema de autorizaciones en el caso del vino.

El acuerdo deberá también aclarar la fórmula que determinará el número de hectáreas elegibles para recibir fondos a partir de 2014, ya que la propuesta inicial de Bruselas no gustó a España, que temía ver incrementado drásticamente la superficie subvencionable, de los 22 millones de hectáreas actuales hasta los 38 millones. El Gobierno consiguió que el Consejo incluyera entre sus exigencias un mecanismo de ajuste para limitar el máximo de esta superficie elegible.

Una de las medidas estrella de la nueva PAC será el llamado 'pago verde' o 'greening', una medida pensada por el comisario Ciolos para condicionar un 30 % de las ayudas directas al cumplimiento de determinados esfuerzos medioambientales. El objetivo es promover las prácticas que no dañan el entorno, pero también llevar a cabo un lavado de imagen del gasto agrícola ante el contribuyente europeo, ya que la PAC absorbe casi el 40 % del presupuesto de la UE.

Los Gobiernos y la Eurocámara coinciden en el objetivo de avanzar hacia una PAC más verde y equilibrada, pero difieren en los ritmos y los plazos para introducir los cambios.

Las tres prácticas que Bruselas quiere primar son la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la disposición de un área de valor ecológico, mientras que los países presionan para introducir un listado de medidas equivalentes. Además, el riesgo de que al ampliar el abanico se incurra en una doble financiación de una misma actividad agraria preocupa a la Comisión y al Parlamento.

También resulta polémico el sistema de sanciones que defiende la Comisión para quienes no cumplan con el 'greening', porque quiere que su impacto sea mayor que el 30 % reservado al 'pago verde'. Los países, por su parte, opinan que debe limitarse a ese porcentaje, pero Ciolos replica que de si el castigo no es mayor que el beneficio del pago verde, éste se convertiría en un programa voluntario y no obligatorio, como se pretende.

Aunque todo se ha preparado para que la sesión comience de manera informal el domingo, con reuniones bilaterales de la presidencia irlandesa de la UE y la Comisión con cada país, y para pactar las modificaciones con los eurodiputados el lunes, se espera que las negociaciones se alarguen hasta la madrugada del martes al miércoles. En cualquier caso, la decisión final no se conocerá hasta el miércoles, ya de vuelta a Bruselas, cuando las partes se sienten en una última reunión.

La cita de esta semana es decisiva porque si la UE no logra un acuerdo antes de que concluya la semana, la reforma podría quedar aplazada al menos hasta final de año, por el relevo de presidencia europea en julio y la carga de trabajo del próximo semestre. La Comisión, de hecho, ha preparado medidas transitorias para gran parte de las disposiciones, que en el mejor de los casos no podrán entrar en vigor antes de 2015, pese a que el calendario inicialmente comprometido era 2014.

Preguntado por el riesgo de que fracasen las negociaciones --que la Eurocámara amenazó con bloquear si no había importantes concesiones de parte de los 27 antes de ir a Luxemburgo--, el portavoz del comisario Ciolos, Roger Waite, ha opinado que si no hay acuerdo “la negociación no estará muerta, pero la hará más difícil y menos eficiente”. Y ha alertado de que los cambios serán “más abruptos, brutales”, porque los tiempos de transición serán menores.